Redacción El Coahuilense
Por Daniel Cortinas
El proceso para elegir a tres consejeros del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) concluyó entre señalamientos de tropiezos, conflictos de intereses y un resultado que, lejos de satisfacer las demandas de la sociedad civil organizada, llevó a exfuncionarios gubernamentales a ocupar asientos del organismo.
La denuncia surgió principalmente desde Participación Ciudadana 29 Laguna, AC (PC29), asociación civil con sede en Torreón, especializada en transparencia, rendición de cuentas y agenda anticorrupción.
Aún más: Carlos Alberto Arredondo Sibaja, integrante decano de la Comisión de Selección, encargada de revisar los perfiles postulados y elegir a los idóneos, hizo una severa crítica al funcionamiento total del SEA desde su nacimiento en 2017 y, entre otras cosas, llamó a los nuevos integrantes a no dejarse presionar por los poderes ajenos al sistema.
Con la designación de la exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) Karla Samperio Flores, como titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Coahuila, el CPC del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se quedó con sólo dos integrantes la primera semana de octubre, pues dos más concluyeron su periodo. Así que, de cinco consejeros sólo quedaban la presidenta, Yolanda Guadalupe Montes, y Juan Carlos Guzmán Escobedo.
Así, se abrían tres vacantes para que la Comisión de Selección del SEA iniciara un procedimiento que tardó meses en realizarse. El 29 de noviembre del año pasado la Comisión de Selección del SEA, en rueda de prensa, anunció la apertura del proceso de selección de los tres nuevos integrantes del CPC.
Las tres designaciones deberían ser ocupadas por dos mujeres y un hombre; una mujer por el periodo que le restaba a la exconsejera Karla Samperio (dos años), un hombre para el periodo de cuatro años y una mujer para cinco años.
Un día después, el 30 de noviembre, la convocatoria ya estaba vigente y abierta durante un mes para la recepción de postulaciones, y después seguir con la etapa de análisis de perfiles y entrevistas de todos los aspirantes. No lo lograron. La cantidad de registros fue tan baja que debieron aplazar un mes más la recepción de solicitudes.
El escaso interés mostrado en los registros se asociaba con la idea de que el SEA podría desaparecer en el contexto de las reformas federales para eliminar organismos autónomos, de acuerdo con varios de los miembros de la Comisión de Selección consultados; pero también, con la desconfianza en el procedimiento ante la idea de que no se trataba de una competencia cabal, sino de un proceso de simulación en el que los nombres eran previamente seleccionados.
Para enero último el registro llegó a 28 aspirantes; uno de ellos fue eliminado para quedar en 27 solicitudes que pasaron el registro documental.
Denuncias
En la segunda etapa del proceso de selección se establecieron tres grupos de trabajo, cuyos integrantes fueron elegidos por insaculación para la valoración de expedientes y realizar las entrevistas sobre sus capacidades y conocimientos.
Fue en esta segunda etapa que la Comisión de Selección recibió fuertes críticas sobre su opacidad e imparcialidad por parte de la mencionada organización PC29. En un documento al que El Coahuilense Noticias tuvo acceso, se exponen las preocupaciones que se tenían en torno de la metodología de la selección.
Respecto de los tres grupos de trabajo, el PC29 expone que la integración de esos equipos no venía señalada en la convocatoria emitida por la Comisión de Selección del SEA, lo que daría paso a la subjetividad en los procesos de evaluación al no hacerla bajo los mismos parámetros, pues cada grupo podría aplicar criterios distintos y apreciaciones individuales.
Ese mismo cuestionamiento se realizó sobre la etapa de las entrevistas, pues la convocatoria tampoco especificaba que se repartirían a los aspirantes en estos grupos.
Sin embargo, la crítica central estuvo enfocada sobre el CPC, pues una instancia que tiene como visión reflejar la perspectiva ciudadana respecto del combate a la corrupción, no debería estar conformada por perfiles cercanos al gobierno estatal o municipal que, en esencia, reflejan un conflicto de interés.
Para el final de la primera etapa, aquellos mejor evaluados son principalmente funcionarios o exfuncionarios públicos, e inclusive, se presentó el caso de una relación familiar entre una postulante y una integrante de la Comisión de Selección.
Conflictos de interés
Con la llegada a la etapa de entrevistas el 3 de marzo último, surgió el asunto de la aspirante con ligas dentro de la Comisión de Selección. La información fue publicada ese día por la columna Círculo Rojo que emite diariamente El Coahuilense Noticias en su edición digital.
La primera entrevistada fue Larissa Estefanía Esparza Fuentes, quien es cuñada de Luz María Diez de Urdanivia, una de las integrantes del segundo grupo, al ser cónyuge de Javier Diez, además de ser amiga cercana de Rebeca Boone Villarreal, otra integrante del grupo dos.
En ese contexto, la evaluación a la aspirante resultó en un segundo lugar en puntuación.
Otro de los candidatos que obtuvo una buena puntuación –y que también se relaciona con los Diez de Urdanivia– es Carlos Antonio Franco Flores.
Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Franco Flores era hasta ese día el director general del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).
Su nombramiento, en el que Francisco Javier Diez de Urdanivia estuvo involucrado, fue recibido con escepticismo, pues algunos sectores consideraban que su perfil era “progobierno”, lo que podría comprometer la transparencia del instituto; además, cometió omisiones en la documentación que se debía presentar durante el transcurso de la convocatoria, aun así quedó en la lista de finalistas.
En su currículum, Franco Flores omitió señalar el puesto de subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado entre 2006-2008, tampoco mencionó su puesto dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal de Saltillo.
Respecto de las tres cartas de recomendación que presentó, se hizo una revisión a la página de la convocatoria con fecha del 28 de febrero de 2025 y, al intentar abrir alguna, ninguna daba acceso; sólo se volvía a cargar la página principal.
Su tiempo en cargos gubernamentales, como asesor en la Cámara de Diputados y en el Senado por el PRI ha sido asociado a un entorno marcado por denuncias de corrupción y falta de rendición de cuentas.
Además de los casos expuestos, están los personajes que ocupan cargos cercanos al gobierno, como José Ignacio Carrillo Aguirre, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, quien desarrolló su carrera en el organismo homónimo estatal.
Además, Carrillo Aguirre se desempeñó como director general de Evaluación y Seguimiento en la Secretaría de Finanzas de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, sexenio en el que se dio el escándalo por la contratación de deuda falsificando documentos bajo la titularidad de Javier Villarreal.
La permanencia de estos perfiles contemplados en la selección fue lo que llevó al PC29, en nombre de la ciudadanía, a externar las preocupaciones que podrían poner en duda su función dentro del SEA Coahuila, al no asegurar la ausencia de conflictos de interés.
“Sin resultados”
Pese a los antecedentes de los aspirantes, la Comisión de Selección cerró el proceso el 8 de marzo último con la votación de quienes serán los seleccionados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Para ser consejera por cinco años quedó Diana Marisol Flores Rivera, exfuncionaria de amplia trayectoria, quien inclusive fue diputada local suplente.
En la terna para cuatro años de consejería quedó precisamente el mencionado Carlos Antonio Franco Flores, mientras que el puesto que concluirá con el periodo que dejó Karla Samperio será para Karla Ivonne Natividad González, la única sin ligas gubernamentales.
Tras la toma de protesta por parte de los nuevos integrantes del CPC, Carlos Arredondo Sibaja, miembro decano de la Comisión de Selección del SEA, expuso una serie de consideraciones sobre el sistema… “La parte complicada viene ahora: este sistema está entrando en su octavo año de existencia y sigue sin dar resultados”.
Arredondo Sibaja continuó: “La ciudadanía que empujó la creación de este modelo sigue esperando respuestas, sigue esperando que haya una decisión de parte de las instituciones públicas para combatir la corrupción en serio”.
Además, mencionó que uno de los problemas más grandes que hay en el país es el despotismo por parte de quienes están en el poder hacia las instituciones públicas.
“El despotismo es un problema muy serio en el gobierno… y eso hay que combatirlo. Es lo que la ciudadanía espera de ustedes, eso es lo que tiene más de siete años esperando; es tiempo de dar resultados, resultados que no hemos visto hasta ahora”, dijo.
“Les conmino a que no acepten las presiones que vendrán de fuera y que pretenden someterlos al capricho de los gobernantes… a que se decidan, de verdad, a responderle a los ciudadanos que les van a pagar sus salarios”, agregó.
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