Torreón, Coahuila.- El diputado Antonio Attolini Murra, secretario de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado de Coahuila, responsabilizó directamente al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, por el asesinato de Rolando Medina, de 28 años, durante un operativo realizado por el Grupo de Reacción Torreón (GRT) en el ejido Nuevo Mieleras, dentro del municipio de Torreón.
“El alcalde Román Cepeda decidió retirar al Grupo de Reacción Torreón del Mando Único, para operar bajo su mando exclusivo, sin coordinación, sin controles y sin supervisión de ninguna otra instancia. Ahí están los resultados: un joven asesinado en un operativo policial desproporcionado, sin garantías, sin protocolos y sin respeto a los derechos humanos”, denunció el legislador de Morena.
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Aunque el operativo se realizó con una orden judicial de cateo, el procedimiento derivó en el uso de armas largas contra una familia desarmada. “Tener una orden judicial no significa tener licencia para matar. Si la policía municipal de Torreón no es capaz de ejecutar una diligencia judicial sin asesinar a un civil, entonces no está capacitada para portar un uniforme ni un arma”, subrayó Attolini Murra.
El diputado recalcó que el GRT actúa como un grupo fuera de control, sin mecanismos civiles de vigilancia ni coordinación con el estado ni con la federación, lo que ha convertido a esta corporación en una amenaza para los propios ciudadanos de Torreón. “Román Cepeda eligió mandar solo. Eligió no dejarse ayudar. Y hoy, por esa soberbia, hay una familia que está de luto. No hay pretexto que valga”, enfatizó.
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De acuerdo con investigaciones y testimonios recabados por medios de comunicación, el operativo estaría relacionado con un presunto fraude notarial que derivó en intentos de despojo contra varias familias. “En lugar de investigar el fondo del conflicto y proteger a los habitantes, Román Cepeda mandó al GRT como si fueran su brazo armado personal. Eso no es seguridad pública, eso es abuso de poder”, declaró.
El legislador exigió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila que procese penalmente al elemento que disparó contra Rolando Medina y que se investigue la cadena de mando que permitió esta operación. “La impunidad no puede proteger a los responsables políticos. Si alguien dio la orden, si alguien autorizó el uso de la fuerza, debe enfrentar la ley”, sostuvo.
Finalmente, exigió una reparación integral del daño para la familia Medina, así como garantías de no repetición. “Torreón no puede vivir bajo el miedo de un grupo policial que opera como si no tuviera ley. Es momento de ponerle un alto a Román Cepeda y a sus excesos. Si no puede gobernar con responsabilidad, que dé un paso al costado”, concluyó
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