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Saltillo, Coahuila.- Un grupo de trabajadores de la Secretaría del Bienestar en Saltillo denunció despidos injustificados tras intentar ingresar a las instalaciones este lunes.
De acuerdo con los afectados, el delegado Américo Villarreal estaría incorporando nuevos empleados como «pago de favores políticos», mientras que la delegación sostiene que las bajas derivaron de una evaluación de desempeño.
Los exempleados señalaron que fueron notificados de manera informal y sin documentos que respaldaran su salida.
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Una de las denunciantes relató que el pasado viernes, al llegar a laborar, fue instruida por personal de Recursos Humanos para que descansara durante el fin de semana, solo para recibir posteriormente la orden verbal de no regresar.
«Quieren decir que abandonamos el trabajo, porque a mí nada más me dijeron que me fuera a descansar, que ya no viniera y sin ningún documento de por medio. Yo digo que nos corrieron por temas políticos, porque Américo quiere meter a su gente», declaró la afectada.
Al intentar reintegrarse este lunes, se les negó la entrada, lo que reforzó las sospechas de que los despidos tienen un trasfondo político.
En un comunicado, la delegación en Coahuila explicó que desde octubre de 2024, bajo la dirección de Américo Villarreal, se implementó un programa de evaluación de desempeño para detectar irregularidades en la plantilla laboral.
De acuerdo con el documento, se hallaron presuntos aviadores y casos de bajo rendimiento, problemas atribuidos a administraciones anteriores lideradas por Claudia del Toro y Aida Mata.
El comunicado resalta el uso de nuevas herramientas para medir el desempeño del personal en coordinación con las oficinas centrales.
Los despedidos insisten en que estas medidas buscan justificar una renovación laboral con fines políticos, mientras que la dependencia defiende las acciones como necesarias para mejorar el desempeño de la institución.
La situación generó cuestionamientos sobre los métodos utilizados para la reestructuración y la posible vinculación con compromisos políticos.
Por ahora, los afectados no descartan buscar apoyo legal para exigir una resolución.
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Con información de El Siglo de Torreón
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