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Por Ethel Arredondo
El 20 de julio último la muerte de Jesús Alejandro García Arellano al interior de la marmolera Rivera Stone dio a los ejidatarios de San Agustín, en Torreón, además de dolor y luto, un motivo más para luchar.
Las personas de este ejido actualmente pelean en dos frentes: el primero, por mantener un plantón próximo a cumplir un año en las afueras de los centros educativos CECATI 85 y CETIS 83, construidos sobre sus tierras con la promesa de pagos y ayudas que nunca llegaron.
El segundo, contra una serie de irregularidades causadas por la operación de la marmolera, que les ha dañado sus casas, y que el polvo resultado de esas actividades representa una amenaza para la salud de los habitantes.
Los engaños
María Concepción Mendoza Camacho es la comisariada ejidal de San Agustín, cuyo acceso se ubica sobre la Antigua Carretera Torreón–San Pedro. Ella tiene 70 años, pero mantiene una voz fuerte y la disposición para apoyar las causas de la comunidad.
San Agustín ha sido golpeado; nos entró el huracán, pero la guerra la estamos dando”.
María Concepción Mendoza, comisariada ejidal de San Agustín
Explica el problema de las escuelas: “Los ejidatarios anteriores, que ya fallecieron, supuestamente donaron esa tierra para hacer las preparatorias, pero pidieron una gratificación para el ejido, y solicitaron que los hijos y nietos de los ejidatarios que quisieran estudiar en esos planteles, lo hicieran sin costo”. Además les prometieron que si había oportunidad laboral, el trabajo sería para los originarios de San Agustín.
Pero pasaron 30 años y la gratificación no llegó; a los estudiantes sólo les dieron un descuento y tampoco hubo oportunidades de empleo para los habitantes del ejido. Fue entonces que la comunidad decidió actuar.
“Se empezó a pelear en 2017; nosotros mostramos las pruebas de que no nos cumplieron nada de lo prometido…. Y se metió un juicio”, detalla María Concepción.
Fue en 2022 cuando se determinó que la tierra era ejidal, pero que a las escuelas no las podían despojar de las instalaciones y que tendrían que hacer un convenio las partes involucradas.
Tuvieron tres acercamientos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue durante la pandemia y por medio de la plataforma Zoom. Una de las funcionarias federales de la SEP simplemente dijo que no habría pago.
“Yo no puedo pagar algo que ya gané; además, con ese dinero que ustedes piden yo puedo hacer otra escuela”, fue el mensaje que recibieron vía remota de la funcionaria.
Amparados
Se han hecho varios avalúos de los terrenos, que van desde los 35 hasta los 56 millones de pesos, y son 95 hijos de ejidatarios los involucrados, quienes desde octubre de 2022 tomaron las instalaciones de los planteles educativos: el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 85 y el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 83.
El campamento ubicado en la explanada del CECATI está revestido de hules de plástico negro y acondicionado con una pequeña parrilla eléctrica, sillas, comedor y algunas cobijas, así como un ventilador que resulta insuficiente con las extremas temperaturas de las últimas semanas.
“Sí nos pueden mucho los alumnos, pero no dejamos entrar a nadie a las escuelas. Estamos en las carpas de hule, adentro sólo hay veladores de parte de la escuela. Estamos amparados para que no nos vayan a sacar”, es la más reciente actualización del caso, a decir de los manifestantes.
Sólo esperan un acuerdo, algo de disposición del gobierno federal que les brinde una certeza, pero ni siquiera hay comunicación de su parte, lamentan.
“El monstruo”
La otra lucha de los ejidatarios de San Agustín es la que desde hace años mantienen contra una marmolera, el “monstruo” que los tiene sin agua y con decenas de viviendas cuarteadas.
“Sé que la escasez es mundial, pero con ese monstruo de marmolera que tenemos menos nos llega el agua; ellos trabajan con miles y miles de litros. Además hay viviendas dañadas; pasa nuestra carretera por ahí y agarraron un pedazo, nos la comieron, no hay paso para el peatón, bicicleta o moto”, explica una habitante de San Agustín e hija de ejidataria que pide se reserve su identidad.
La tragedia más reciente en esta comunidad fue la muerte de un empleado de Rivera Stone que murió aplastado con un placa de mármol.
“Pasan con las piedras enormes y sin amarrar. Se hace un cuello de botella, peor en las horas pico. Los tráileres no pueden dar vuelta, y paran el tráfico. Hace un mes un señor del ejido falleció, dio vuelta en su bicicleta, pero el conductor del tráiler no lo vio, y los dos dieron vuelta en el semáforo”, recuerda.
Son entonces dos muertes –dice esta mujer– las que están involucradas con la marmolera, cuyas operaciones también afectan a vecinos del fraccionamiento Viñedos.
“Por donde quiera nos están fregando las empresas, aquí es ejido, no es ciudad industrial. La muerte que hubo en la marmolera fue adentro, según esto la hermana del muchacho nos compartió que a su hermano lo querían desaparecer para deslindarse, porque a la familia no le había avisado de la tragedia”.
Rivera Minerales o Rivera Stone está ubicada al interior de la comunidad ejidal y su acceso está sobre la antigua carretera Torreón–San Pedro, opera las 24 horas. Además de las afectaciones a las viviendas, por los fuertes movimientos que les causan cuarteaduras, denuncian los habitantes de la zona, está la constante presencia de polvo en el ambiente.
“Es un polvo muy fino, y como a unos 50 o 60 metros está el jardín de niños y la escuela porque está dentro del ejido. Los dejamos entrar (a Rivera Stone) porque ellos registraron el negocio como bloquera, pero es diferente lo que hacen”, denuncia.
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