Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Con apenas dos meses en el cargo, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Yolanda Guadalupe Montes Martínez, ya integró acciones que pondrá en marcha durante 2025 para impulsar en Coahuila los mecanismos anticorrupción.
Sin embargo, pese al riesgo de desaparición del Sistema Anticorrupción, en entrevista con El Coahuilense Noticias, Montes Martínez aseguró que mientras el sistema siga vivo continuará con su labor.
El 9 de diciembre último, y en el contexto de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, Montes presentó el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, que busca retomar durante 2025 diversos proyectos que desde la creación de dicho sistema no se consolidaron.
“Es un programa muy nutrido porque traemos proyectos coyunturales para el sistema. Encargos que se hicieron desde 2017, que nació el sistema, y que por cuestiones técnicas, legales o sencillamente falta de voluntad política pues no se habían consolidado”, dice.
Pese a los retrasos del sistema a escala estatal en años anteriores, para este 2025 la presidenta del CPC dice que logró “armonizar” el proyecto con los titulares e instancias que forman parte del sistema anticorrupción.
El Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción se basa en tres planos: la integración de Coahuila a la Plataforma Nacional Digital, la elaboración del Anexo Transversal Anticorrupción y la incorporación activa de los municipios al Sistema Anticorrupción.
Integración
La Plataforma Nacional Digital del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una herramienta tecnológica que integra información de diversas fuentes que opera la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas de los entes públicos.
Con el fin de detectar riesgos de corrupción para 2025, el Sistema Estatal Anticorrupción busca que Coahuila se incorpore a tres de los seis módulos con los que cuenta dicha plataforma: el Sistema de Declaraciones, el Sistema de Servidores Públicos en Contrataciones y el Sistema de Sancionados.
“Hoy por hoy ya estamos listos para conectarnos al uno y el dos, y estamos buscando en el transcurso del año conectarnos también al tercer módulo, siempre y cuando la secretaría a escala nacional ofrezca todas las garantías para el uso de datos personales”, explica la presidenta.
Aunque para el estado es posible incorporarse a los Sistemas de Declaraciones y de Servidores Públicos en Contrataciones desde diciembre de 2023, fue hasta este año que el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción comenzó a trabajar con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para asegurar que los datos publicados estén correctos y sean seguros.
Proyecto progresivo
En palabras de Yolanda Montes, el Anexo Transversal es “otro de los encargos del Sistema que estaban pendientes y que no se habían podido lograr”.
El Sistema Anticorrupción logró que en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 (que aún está por aprobarse) esté integrado el Anexo Transversal Anticorrupción, en el cual se establece el monto que invierte Coahuila en la lucha contra la corrupción.
Montes expone que este proyecto es progresivo, pues para este primer año solamente se eligieron a las entidades que conforman el sistema, y para el presupuesto 2026 buscarán integrar a todos los municipios dentro de esta dinámica.
“El año que entra esperamos poder meter en esta misma dinámica a todos los municipios, y para el presupuesto 2027 que en esa hoja se pueda contestar cuánto invierte Coahuila en la administración centralizada, en todo su presupuesto y en la lucha contra la corrupción, para poderlo ver y monitorear, medir y eficientizar”, adelanta Montes.
Aunque por ley los municipios del estado también pertenecen al Sistema Anticorrupción, su participación es mínima, pues no hay ninguna instancia encargada de fungir como un enlace permanente entre los ayuntamientos y el sistema.
Además, el cambio de administración dificulta el proceso, pues cada que hay cambio de poder en los ayuntamientos se les tiene que recordar que pertenecen al sistema y explicar cuál es su papel dentro de él, menciona Yolanda Montes.
Por ello, para 2025 el Sistema Anticorrupción buscará automatizar el proceso mediante cambios y reformas a escala legislativa.
La implementación de esas acciones no sólo permiten que a escala local se dé cumplimiento a lo que pide el Sistema Anticorrupción Nacional, sino también coloca a Coahuila en tercer lugar después de Quintana Roo y el Estado de México como uno de los sistemas más eficientes.
Además de los tres proyectos presentados, el Sistema Anticorrupción local implementa la Política Estatal Anticorrupción, que consiste en una serie de acciones que actores públicos y privados realizarán en el Estado para combatir la corrupción.
“Esto implica que, como sistema anticorrupción, ya empezamos con las más importantes y que estamos dentro de los primeros lugares a escala nacional, no solamente en la parte de solidez del sistema y en la parte metodológica, sino ya implementando acciones concretas contra la corrupción”, explica Montes.
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana descarta que haya alguna resistencia en la implementación de estas acciones. Sin embargo, destaca la necesidad que tiene el sistema por informar estos cambios a los ciudadanos, entes públicos y a los tres órdenes de gobierno.
Dice que para implementar con eficacia este Proyecto es importante la voluntad política y la colaboración a escala local, pues si no se suman esfuerzos, “no se va a lograr nada” en la lucha contra la corrupción.
“Es comunicarles que es importante este proyecto, y a partir de ahí lo que esperamos es voluntad política y no solamente de los entes públicos, sino también de los privados de colaborar a partir de participación ciudadana y obviamente de sumarse activamente los proyectos del sistema”.
Descarta riesgos
El Sistema Anticorrupción corre otra suerte diferente a la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), asegura Yolanda Montes.
Explica que, si bien se ha hablado del fin de los órganos autónomos a partir de las tendencias a escala federal, se iniciaron pláticas con el Ejecutivo desde la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se discutió la importancia del sistema y su papel indispensable en el combate la corrupción.
Además, advierte que las actividades del Sistema Anticorrupción no las puede asumir la Secretaría Anticorrupción Federal como en el caso del INAI, pues dentro de dicho Sistema están representados el Poder Judicial y el Legislativo a través de la Auditoría, y el Poder Ejecutivo Estatal vía la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lo que generaría incongruencias en el equilibrio del poder.
“¿Cómo podría una secretaría que pertenece al Ejecutivo asumir labores de coordinación con otras entidades como Legislativo o como el Poder Judicial? Ahí habría ciertas incongruencias en el término del equilibrio del poder”, considera.
Sostuvo que hasta ahora no hay un riesgo latente para el sistema y aseguró que mientras no exista continuarán trabajando “hasta el último día”.
“Está vivo el sistema y está trabajando. Está tratando de lograr sus encargos principalmente porque encargos como la homologación y la coordinación al final son frutos que, si el sistema no estuviera, van a seguir sirviendo para la lucha contra la corrupción, y esa, la causa va a sobrevivir por mucho”, finalizó.
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