Redacción El Coahuilense
CDMX.- Durante la primera sesión de la Comisión Especial para revisar el proceso de quiebra de AHMSA, se contó de manera virtual con la presencia del síndico en funciones, Víctor Manuel Aguilera Gómez, responsable de la administración y liquidación de la empresa en el proceso de quiebra, quien comentó a los senadores que, a más tardar en marzo de este año, se concluirán los procesos de avalúo e inventario de los activos de AHMSA, mismos que serán sujetos a subasta.
El síndico informó que la empresa tiene pasivos por más de 61,000 millones de pesos, de los cuales 22,000 millones son con acreedores financieros; 17,000 millones, con instancias gubernamentales; y 22,000 millones, con trabajadores y proveedores.
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Las y los senadores presentes expusieron sus inquietudes respecto al impacto social y económico de la quiebra de AHMSA, subrayando la importancia de una supervisión estricta para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y acreedores.
El presidente de la Comisión reiteró el compromiso de este órgano legislativo para garantizar la transparencia y legalidad en el proceso de quiebra de AHMSA: «Desde esta comisión reiteramos nuestro compromiso de dar seguimiento puntual a este proceso, con el propósito de vigilar que se lleve a cabo de manera transparente y en apego a la legalidad. Reconocemos la importancia de que las liquidaciones y los pagos a los trabajadores y acreedores se realicen conforme a derecho, priorizando siempre el pago de todos los derechos de los trabajadores.
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Por ello, vamos a continuar atentos a los avances y decisiones que se tomen en el marco de este procedimiento”, señaló el senador Luis Fernando Salazar.
El senador Luis Fernando Salazar concluyó la sesión de la Comisión dirigiéndose al síndico Aguilera Gómez, asegurando que se le otorgará el tiempo necesario para terminar el inventario y el avalúo: «Le vamos a pedir que, cuando usted concluya, nos informe qué fue lo que se vendió y se desincorporó del 2021 a la fecha, porque le vamos a dar cuenta a la Fiscalía General de la República. Nos interesa salvaguardar los derechos de los y las trabajadoras de Altos Hornos. No vamos a permitir que se cometan delitos al amparo de una industria en contra de los trabajadores. Entendemos su labor como síndico de hacer un inventario y evaluar, pero avísenos qué objetos, qué propiedades, qué bienes muebles e inmuebles se desincorporaron y vendieron. Queremos darle seguimiento puntual a lo que está ocurriendo, porque nosotros tendríamos que responsabilizar a los accionistas que hubieran actuado en contra de los trabajadores, y eso, por supuesto, no lo vamos a permitir”, concluyó.
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