Ana Castañuela
Por Ana Castañuela y Katya González
“Ya no hay corrupción, aunque les de coraje”, ha asegurado en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con su mandato. Sin embargo, en el estado de Coahuila, servidores de la Nación han denunciado corrupción y nepotismo dentro de la Secretaría de Bienestar, una de las dependencias más emblemáticas para el presidente por el apoyo que brinda a los ciudadanos.
El ex delegado federal, Reyes Flores Hurtado; Carlos González, ex subdelegado de la Secretaría del Bienestar; el excoordinador del Adulto Mayor en Coahuila, Luis Zavala, y la superdelegada de Programas del Bienestar en Coahuila, Claudia Garza del Toro, son algunos de los servidores públicos señalados por maltrato, despido injustificado, corrupción, desvío de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento del deber dentro de la dependencia.
A pesar de las acusaciones y pruebas en su contra, los señalados no han enfrentado ningún tipo de correctivo por parte del gobierno federal. Por el contrario, éste los ha protegido, pues no ha tomado en cuenta las denuncias presentadas desde el 2019 sobre casos que oscurecen el cometido de la Secretaría del Bienestar.
Amenazas e insultos
Arturo Rivera fue destituido en 2022 de su cargo como servidor de la Nación de la delegación sur de la Secretaría del Bienestar. En entrevista, expuso el argumento que sus superiores utilizaron para justificar su despido: que se negó a realizar propaganda electoral a favor de Reyes Flores Hurtado, quien entonces era aspirante a la precandidatura de Morena para las elecciones de este año.
“Nos pedían apoyar a Reyes y quienes no querían los iban corriendo”, aseveró.
Expresó que les era prohibido asistir a los mítines organizados por otros aspirantes de Morena (Ricardo Mejía Berdeja, Armando Guadiana Tijerina y Luis Fernando Salazar), así como mostrar su apoyo públicamente.
Afirmó que recibía amenazas e insultos de manera personal por negarse a realizar dichos actos de propaganda electoral por parte de Carlos González, Luis Zavala y el propio Reyes Flores Hurtado, por lo que finalmente fue despedido en diciembre de 2022.
“Me decían palabras altisonantes, groserías y maldiciones hacia mi persona y mi trabajo, y que si no apoyaba a Reyes Flores me iban a despedir acusándome de acoso laboral”, explicó.
Posteriormente, en julio de 2022, denunció públicamente la situación a través de un medio de comunicación, agregando casos de nepotismo dentro de la dependencia, como el del subdelegado Carlos González, quien beneficiaba laboralmente a su hijo Mario González Herrera, cuyo nombre figuraba en la nómina de Servidores de la Nación hasta el 16 de enero.
Explicó que Flores Hurtado y Carlos González, aprovechando su poder e influencia, interpusieron una demanda en su contra por daños a la propiedad privada, lo cual niega haber cometido. El caso culminó a favor de los demandantes, por lo que se vio obligado a pagar la reparación del daño correspondiente.
Actualmente Rivera exige que la Secretaría del Bienestar atienda las oscuras situaciones que existen en la dependencia, además del pago de finiquito y aguinaldo que le fue negado y por ley le corresponde.
Comité Nacional de despedidos
Jorge Armando Rodríguez, ex servidor de la Nación, dijo que fue despedido a finales de 2020 por Flores Hurtado, Luis Zavala y Carlos González debido a que denunció nepotismo y desvío de fondos dentro de la Secretaría del Bienestar en Coahuila.
Rodríguez, afirmó que el nepotismo gobernaba en la dependencia, pues señaló haber identificado que funcionarios utilizaban sus influencias para acomodar a familiares en la institución, hecho que reportó a personal de las oficinas centrales de la Ciudad de México que venía a Saltillo.
Señaló que Deyanira de La Cruz García, excoordinadora de programas rurales, laboró en la Secretaría junto con sus dos hijos: Esmeralda Torres de La Cruz, quien ocupaba el cargo como servidora de la Nación y Víctor Torres de la Cruz que se desempeñaba en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como en el programa dedicado a apoyar a personas con discapacidad; también señaló a Salvador Herrera, quien era el coordinador del programa de adultos mayores, quien tenía a su hermana Nora Herrera como su secretaria. Esos y otros casos figuraban en la nómina pública de los servidores de la Nación hasta antes del 16 de enero, fecha en que fue actualizada.
En entrevista, Rodríguez afirmó que entre febrero y septiembre de 2020 Luis Zavala desvió recursos económicos destinados para el beneficio de los adultos mayores. Sostuvo que falsificaba las firmas de los beneficiarios y cobraba en su lugar.
Explicó que los hechos se vieron expuestos cuando los adultos mayores acudían a buscar una respuesta sobre el apoyo económico que se les había retirado. Señaló que Carlos González y Luis Zavala argumentaron que se trataban de situaciones técnicas.
Tras presentar las denuncias, Armando Rodríguez fue despedido durante el periodo vacacional de diciembre en 2020.
Posteriormente, en enero de 2021, denunció públicamente las situaciones que se vivían dentro de la Secretaría del Bienestar con un plantón a las afueras de la dependencia, donde expuso lo acontecido a través de los medios de comunicación.
Señaló que presentó una denuncia ante control interno de la Secretaría en Ciudad de México, en febrero de 2021. Agregó que ésta la ignoró y, por el contrario, protegió al coordinador.
“Nos recibió después de algún tiempo Daniel García Hernández, coordinador nacional de los delegados. De manera personal, nos pidió guardar silencio a cambio de ponernos de nuevo en el trabajo, pero nunca cumplió”, declaró.
En su viaje a la Ciudad de México se encontró con personas en la misma situación buscando ser atendidos. Al igual que él, nueve servidores de la Nación de distintos estados, que también denunciaron anomalías dentro de la dependencia, fueron despedidos con la excusa de que no estaban trabajando y eran ineficientes, por lo que conformaron un Comité Nacional con el fin de dar solución a los problemas y buscar su reintegración en sus respectivas dependencias.
El Comité tuvo como resultado 200 servidores reingresados a nivel nacional. Sin embargo, Coahuila fue la excepción.
Delitos electorales
En diciembre de 2022, la superdelegada de Programas de Bienestar en Coahuila, Claudia Garza del Toro, fue denunciada por el excoordinador de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, Luis Zavala, por presuntos delitos electorales que, señaló, se suscitaron cuando Del Toro era delegada regional en Monclova.
De acuerdo con Zavala, Garza del Toro utilizó los recursos de la delegación para beneficiar y posicionar al entonces subsecretario de Seguridad Federal, y hoy precandidato del PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja.
Explicó que en la región centro la superdelegada repartía volantes y llevaba a la gente para que recibiera información sobre Mejía Berdeja. Además, señaló que Garza del Toro utilizaba los vehículos de la delegación y a servidores de la Nación con fines proselitistas.
La denuncia fue interpuesta el 15 de diciembre de 2022 ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila en Sabinas, y fue turnada a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Al cuestionarlo sobre los casos de corrupción presentados dentro de la dependencia, aseguró que durante cuatro años en los que se desempeñó en la delegación, los casos de corrupción fueron menores y que se les dio solución despidiendo a servidores de la Nación que no realizaban su trabajo y “que en lugar de ponerse a trabajar hacían grilla”.
Los casos de corrupción dentro de la Secretaría en cuestión dieron inicio en 2019 cuando la diputada federal Melba Farías, junto con militantes de Morena, denunciaron públicamente a Claudia Garza del Toro, quien fungía como delegada de los Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal en la región centro de Coahuila, por el desvío de 153 mil pesos hacia Morena, partido que los había destinado para para la movilización de personas que fungieron como representantes de casilla, pero que finalmente nunca fueron entregados a los coordinadores. Simplemente, ese dinero desapareció.
La denuncia dejó al descubierto al menos 17 quejas por desvíos de recursos.
Además, la legisladora confrontó a Garza del Toro por incumplimiento de responsabilidades, ya que se registraron alrededor de 300 casos documentados de ciudadanos que no recibieron los apoyos económicos de los programas sociales.
Ante ello, Garza de Toro sostuvo que la diputada desconocía la situación de los programas de la Secretaría.
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