Agencia
Miguel Morales de la Rosa, especialista en Género y Derechos Humanos, informó que, en los talleres y cursos impartidos este año en Saltillo y Torreón, al menos 20 personas han sido sometidas a terapias de conversión por parte de grupos religiosos.
Ante esta situación, la especialista resaltó la importancia de reformar el Código Penal para sancionar con multa y cárcel a quienes obliguen a las personas a someterse a tratamientos tendientes que busquen modificar la orientación sexual.
Precisó que, como esta conducta no está tipificada como delito, las víctimas no denuncian, pues no habría consecuencias legales.
“Con una reforma penal la pensarían dos veces quienes impartan estas terapias. Ahora no es algo que prohíba la ley, entonces no pueden existir denuncias, no hay una figura legal que prohíba esas acciones. Una reforma va a ayudar a las personas a que denuncien y a entender que las personas LGBTI+ no estamos enfermas”, expresó.
Asimismo, la diputada priista Martha Loera presentó este miércoles ante el Congreso, una iniciativa para adicionar al Código Penal el Artículo 246 Bis, donde se castigaría con 4 a 12 años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
No obstante, Miguel Morales también presentó en julio una iniciativa ciudadana que buscaba sancionar con cárcel y multa a quien intente realizar estas modificaciones de género de una persona sin su consentimiento.
Desde 2004 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación declaró que la homosexualidad no es susceptible de tratamiento alguno de sanación o cambio.
TE RECOMENDAMOS LEER:
