Por Gonzalo Villanueva Ibarra // CEDIL
La violencia contra la mujer se mantiene como un asunto alarmante en México. A escala nacional, entre enero y septiembre de 2024, los casos desnudan que ciertos factores socioeconómicos y culturales siguen contribuyendo de manera crítica a que las víctimas busquen ayuda o tomen la decisión de separarse de sus parejas.
Estudios recientes destacan que, pese a los avances en sensibilización y derechos humanos, sigue habiendo barreras significativas, ya sean económicas, sociales o culturales que impactan las decisiones de las mujeres en situaciones de violencia conyugal.
Un análisis detalla que las mexicanas enfrentan una red de obstáculos que determinan su acceso al apoyo formal o su disposición a abandonar relaciones violentas.
Por ejemplo, la escala educativa juega un papel importante: en 2006, cada año adicional de educación incrementaba en un 5% la probabilidad de que una mujer buscara ayuda institucional; mientras que el empleo extra hogar fue fundamental en 2011, aumentando esta probabilidad en un 31 por ciento.
También se evidenció que tener recursos económicos propios incrementaba la decisión de separarse, mientras que la presencia de hijos parecía motivar esta decisión en ambos años analizados.
En el ámbito cultural, el alto valor que la sociedad mexicana otorga al matrimonio y a la familia puede dificultar la decisión de dejar una relación, incluso en casos de violencia.
A ello se suma el estigma social que enfrentan las mujeres separadas o divorciadas, el cual limita sus opciones, especialmente en contextos tradicionales.
Por otro lado, el rechazo a la violencia se mantiene como el factor clave para buscar ayuda o separarse, mientras que el empoderamiento y la autonomía han demostrado ser esenciales para que las mujeres se sientan en control de su situación y capaces de tomar decisiones por su bienestar.
¿Qué dicen las cifras de Coahuila?
En el contexto de Coahuila, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan cifras alarmantes que ilustran el grado de violencia doméstica y de género en el estado.
Coahuila es el tercer estado con mayor tasa de violencia familiar, con 10 mil 199 incidentes, lo que implica una tasa de 303.6 casos por cada 100 mil habitantes, frente a la media nacional de 162.2.
En términos de violencia de pareja, la entidad ocupa el noveno lugar a escala nacional, con una tasa de 274.5, significativamente superior a la tasa nacional de 159.1.
La violencia sexual también es un problema grave en el estado: Coahuila ocupa la séptima posición en llamadas de emergencia por abuso sexual, con una tasa de 8.99 (comparado con la tasa nacional de 4.77) y el lugar 11 en casos de acoso y hostigamiento sexual.
Ciudades como Torreón y Acuña, en particular, presentan tasas de feminicidios entre las más elevadas a nivel nacional. Torreón es el noveno lugar, con una tasa de 1.79 casos por cada 100 mil víctimas, frente a la media nacional de 0.89.
Esos datos evidencian la urgencia de estrategias de intervención y prevención, especialmente en áreas con cifras críticas como la trata de personas, en la que Coahuila ha reportado a ocho menores como víctimas en lo que va del año.
La violencia familiar sigue siendo uno de los desafíos más profundos para la entidad: Coahuila es el quinto estado con mayor tasa de llamadas de emergencia relacionadas con este tipo de violencia, alcanzando una tasa de 841.2 casos, muy por encima de la media nacional de 331.1.
Este panorama es una llamada de atención para las autoridades y a la sociedad para impulsar políticas de prevención efectivas y para mejorar los sistemas de apoyo y protección a las mujeres y sus familias.
México enfrenta una encrucijada donde la violencia de género requiere soluciones integrales y urgentes que aborden las raíces socioeconómicas y culturales.
La decisión de una mujer de buscar ayuda o de dejar una relación violenta es un proceso complejo y personal, influido por factores que muchas veces la sociedad no percibe.
Para que las mexicanas tengan verdaderas alternativas, es fundamental reforzar la educación, su empoderamiento e igualdad de género, además de garantizar el acceso a redes de apoyo seguras y efectivas.
Esta lucha no sólo es tarea de las instituciones, la sociedad en su conjunto debe contribuir a crear un entorno seguro y equitativo donde las mujeres puedan ejercer sus derechos sin temor ni violencia.
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