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Por Renata Guzmán Collignon y Kristel Reyes Amaya
A inicios de este año la promoción en Saltillo de una clínica que ofrece servicios para interrumpir el embarazo detonó la movilización de grupos evangélicos para evitar que obtuviera los permisos sanitarios para operar.
Incluso, la Alianza Ministerial Evangélica convocó para el 15 de febrero último a una protesta contra el lugar, pero la manifestación resultó exigua.
El establecimiento pertenece a la Fundación Mujeres Sin Imposibles (MSI). De acuerdo con su sitio oficial mariestopes.org.mx, se trata de una organización civil de origen británico que hace 21 años inició operaciones en México, primeramente en Chiapas “para promover los derechos sexuales y reproductivos” de la mujer.
En 2008, explica su sitio web, la organización instaló una clínica en la Ciudad de México, una vez que el aborto fue despenalizado. Actualmente, asegura la ONG, tienen ocho clínicas en la capital del país, además de la que opera en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Sin embargo, en Saltillo, Coahuila, la polémica que rodea a la clínica de la Fundación MSI va más allá de las protestas de grupos conservadores. El 11 de febrero pasado, tres días después de que se diera a conocer la apertura de la clínica de interrupción de embarazos –a un año de la despenalización del aborto en el estado–, la agencia de noticias Infonor dio cuenta que el lugar carecía de condiciones sanitarias óptimas para realizar procedimientos especializados y que operaba de manera irregular.
En una visita a la clínica de la Fundación MSI, El Coahuilense pudo confirmar que el sitio permanece en operación atendiendo a mujeres que buscan la interrupción segura del embarazo.
El establecimiento ofrece “servicios de aspiración”, una práctica que requiere infraestructura, equipo y personal especializados avalados por la Secretaría de Salud. Sin embargo, la dependencia estatal, a consulta directa de este rotativo, respondió que no encontró registros que permitan la operación de la clínica de la Fundación MSI.
Aséptica opacidad
La clínica de la organización británica está ubicada en el centro de Saltillo, sobre la calle Ramón Corona, dentro de un inmueble que hace años albergó una emisora de radio. En su exterior no cuenta con ninguna señalética, no hay nada que indique que es una clínica ni que se encuentra funcionando.
Además de la falta de anuncios o información en la fachada que indique su giro, la entrada principal y ventanales están bloqueados con tablaroca de color gris; a simple vista parece un establecimiento cerrado, en desuso.
Pero el acceso se ubica a un costado del inmueble, en la parte que conduce al estacionamiento. Una vez en el interior del establecimiento se pueden observar estampas en puerta y pared que dicen: “Bienvenida, tu salud está en las mejores manos”. “No estás sola, nosotras te acompañamos”. “Fundación MSI, hijos por elección, no por azar”.
La puerta de entrada a la clínica cuenta con un seguro automático controlado desde la recepción; a diferencia de la fachada, los espacios interiores lucen limpios, asépticos.
La recepcionista es quien da informes sobre los servicios que brindaban ahí, un “procedimiento con medicamentos y la aspiración, que está avalado por la OMS”. Lo suelta así, como si el aval de la Organización Mundial de la Salud fuera específicamente para este lugar en Coahuila.
La explicación de la mujer continúa sobre que la doctora, encargada de los procedimientos, cuenta con la capacitación para realizarlos de manera correcta. Agrega que se necesita hacer una revisión mediante un “eco” para valorar cuántas semanas tiene (de embarazo), y se abrirá un registro donde se ingresarán datos de la paciente.
En la clínica de la Fundación MSI no se observa ningún permiso de operación de parte de las dependencias sanitarias, tampoco la cédula profesional del personal médico que ahí labora, ni siquiera avisos de la Secretaría de Salud estatal.
La recepcionista también explica que 15 días después de la “intervención” se le da seguimiento a la persona y se le ofrece la colocación del Dispositivo Intrauterino, de manera gratuita.
Sin embargo, hay costos que la paciente debe cubrir: el servicio de la interrupción de embarazo va desde los dos mil 500 pesos a los cuatro mil 600 pesos; y ofrecen que las citas se agenden por llamada telefónica o vía WhatsApp.
Irregularidades
La Secretaría de Salud de Coahuila es clara: debe contar con autorización oficial cualquier establecimiento, ya sea un restaurante, un spa o una estética, sobre todo si se trata de una clínica de interrupción del embarazo. La autoridad debe realizar un par de visitas al año a ese tipo de lugares y de no contar con los permisos, la dependencia debe intervenir, explica su coordinador de Comunicación Social, Jorge Luna.
Respecto del lugar que El Coahuilense visitó, la directora de Regulación de Servicios de Salud del estado, Xiomara Hernández, detalla que el establecimiento debe tener un documento de aviso de funcionamiento, que informa a la autoridad sanitaria de su existencia, así como las actividades y productos que ofrece.
Además debe contar con permisos y licencias. Los documentos se generan mediante una plataforma de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), indica en entrevista.
“Si el caso es una clínica abortiva, se debe contar con un equipo multidisciplinario, incluyendo médicos generales, ginecólogos y psicólogos especialistas para su supervisión”, agrega.
La funcionaria estatal indica que estas clínicas deben tener una señalética o anuncio en la fachada, con el cual confirma que es un consultorio legal y aprobado por la Secretaría de Salud, incluyendo el horario de atención y del representante o el responsable que está al frente del establecimiento.
“El que no exhiban esos elementos nos da mucho qué pensar sobre esta clínica. Se tendría que dar inmediatamente un aviso a las autoridades sanitarias para que se revise este establecimiento, con una visita de verificación autorizada por la Jurisdicción Sanitaria Número Ocho”, detalla Hernández.
Luna, vocero de la dependencia, advierte que, si el establecimiento no cuenta con un registro, o la información que brinda no corresponde con lo que están haciendo, quiere decir que “se encuentran operando clandestinamente” y deberá ser clausurado.
En la Secretaría de Salud de Coahuila hubo un antecedente de la clínica abortiva por parte de la MSI. En febrero de este año, recuerda Luna, cuando se informó de la existencia de esa unidad en Saltillo, encontraron que el establecimiento está registrado como un consultorio que sólo ofrece servicios de salud sexual diversos, así como la orientación para métodos anticonceptivos, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y acerca del embarazo… “Esta clínica no es de abortos, es un consultorio”, detalla.
Hasta entonces, la Secretaría de Salud sólo pudo determinar que no contaban con quirófanos y que no tienen permiso para realizar procedimientos quirúrgicos, como el legrado y la succión. Hasta donde sabe la Secretaría de Salud, no los realizan.
“El método de succión –llamado en la oferta de servicios como “aspiración”– no lo tienen registrado ni dado de alta. Al momento que se realiza un procedimiento de succión se requiere un área de tococirugía y tal parece que ellos no la tienen”, dice Luna.
De acuerdo con la Ley General de Salud existen tres tipos de abortos legales que se puedan realizar en México. Uso de medicamentos: si la paciente se encuentra en un periodo no máximo de 12 semanas de gestación, el médico le brinda una receta y en cualquier farmacia se ofrece el medicamento legalmente.
Procedimiento combinado: es una serie de varios medicamentos para ir causando el aborto. Y el legrado o procedimiento quirúrgico: operación en la que se inserta un instrumento dentro del útero para extraer los restos del producto.
Para este último tipo de procedimiento (“aspiración”), ofrecido en la Fundación MSI a las reporteras de esta investigación, se necesita un equipo profesional conformado por especialistas en la salud, medicamentos e instalaciones adecuadas, ya que en esta intervención se pone en riesgo la vida del paciente. El permiso quirúrgico lo otorga el gobierno federal y es la licencia sanitaria.
“Nosotros no tenemos conocimiento de que se hagan procedimientos quirúrgicos de ese tipo. Sin embargo, sí cuentan con el aviso de funcionamiento como consultorio de servicios de salud sexual, los médicos que están ahí sí tienen su cédula y los procedimientos son únicamente de consulta”, asegura Jorge Luna en entrevista.
De acuerdo con la información otorgada en la clínica, solamente hay una doctora encargada de hacer los procedimientos de interrupción del embarazo, cuyo nombre reservó el establecimiento.
Para Jorge Luna, la sugerencia es que, por tratarse de un procedimiento invasivo, el aborto debe realizarse en unidades de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En estas instituciones gubernamentales, destaca, el servicio es gratuito y realizado por profesionales de la salud.
“Es muy importante que denuncien los casos irregulares, ya sea por medio de las redes sociales de la secretaría o bien a los teléfonos de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente, según en la entidad en la que se encuentren, todo esto se hace de manera anónima”, agrega Luna.
