Redacción El Coahuilense
Por Christian Luna
Cuando cumplió 13 años, Sarahí fue víctima de grooming cometido por un pedófilo. A los 14 años tuvo su primer hijo y vivió con su agresor padeciendo un sinfín de abusos. En cuanto pudo, la adolescente huyó.
Pero los abusos contra ella no pararon: tiempo después un estudiante de fotografía la extorsionó luego de que la propia Sarahí le contó su historia y sobre la existencia de unas imágenes íntimas de ella que estaban circulando en internet.
Luego de padecer agresiones, abusos y extorsiones Sarahí pidió ayuda y tuvo su primera valoración médica.
Acudió a las oficinas del Centro de Justicia de Empoderamiento a la Mujer, donde la canalizaron al Centro Estatal de Salud Mental (Cesame). Le diagnosticaron trastorno ansioso depresivo.
Sarahí ha tenido dos intentos de suicidio.
“La primera ocasión fui sola y colapsé, pues iba después de mi primer intento de suicidio. No le dije a nadie. Me canalizaron con tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero no me fue muy bien porque yo padezco de síndrome de ovario poliquístico. Tengo un desorden hormonal y me causa depresión. Yo ya me estaba tratando el síndrome con hormonas, pero la combinación con los ansiolíticos fue horrible. Me sentía sumamente mal”, cuenta.
El psicólogo del Cesame le recomendó que, a diferencia de otros pacientes, debería verla más seguido. Pero las consultas –que primero eran una vez cada 15 días– pasaron a una vez al mes y después cada dos meses debido a la saturación del centro de salud…
“El último intento de suicidio que tuve fue con pastillas, pero me arrepentí y fui a la Cruz Roja. Me lavaron el estómago y estuve en observación unas horas. Me dieron de alta con una receta y una hoja de valoración donde decía que era bajo el riesgo de suicidio”, agrega la joven.
Sarahí ahora tiene 24 años, es madre de dos hijos y estudia ciencias de la comunicación. Su presupuesto –que esencialmente lo ocupa para sus pequeños y la escuela– no le alcanza para solventar en una institución particular la atención médica que necesita; depende del servicio público, pero cada vez son más extensos los lapsos que debe esperar para recibir terapia especializada.
El caso de Sarahí refleja la precaria situación del sistema de salud estatal en materia psiquiátrica. Saltillo, por ejemplo, padece una crisis de suicidios. Los centros de atención sectorizados a la Secretaría de Salud cuentan tan sólo con 13 psiquiatras, tres paidopsiquiatras y 28 psicólogos clínicos para atender a más tres millones de habitantes, de acuerdo con el portal de transparencia gubernamental.
La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, pero Coahuila apenas tiene 0.03 por cada 100 mil.
De acuerdo con el documento publicado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, “Análisis del Suicidio en Saltillo 2018-2021”, Coahuila ocupó el quinto lugar como la entidad federativa con mayor tasa de casos en México.
La cifra más alarmante se encuentra en la región sureste del estado, donde se ubica la capital estatal. De acuerdo con los datos del sexenio anterior, otorgados por la Fiscalía local, esta ciudad tiene una tasa de 10.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, mayor a la media mundial (9.3) y muy por encima de la media nacional (6.2).
Ante ese reto, el gobierno del estado anunció el 22 de enero último la integración del Consejo Estatal de Salud Mental, que coadyuvará con la iniciativa privada en busca de hacer eficiente la atención de los casos de trastornos mentales de la población, así como la reducción de la mortalidad por dichos padecimientos y por el consumo de sustancias prohibidas.
Estrategia para la atención
Al frente de la nueva Dirección de Salud Mental y Adicciones, el doctor Ángel Alarcón expone en entrevista con El Coahuilense algunos de los lineamientos que la administración estatal pretende para enfrentar las carencias en materia de atención psicológica.
–¿Habrá mayor presupuesto y constataciones de especialistas?
–Sería muy arriesgado en este momento lanzar un número exacto; estamos con un seguimiento muy estricto en este proceso de reingeniería, ya que lo ideal sería poder tratar a Coahuila por regiones.
“Lo primero que tenemos que hacer es revisar todas las áreas que hay en la Secretaría de Salud, toda la nómina, para saber qué personas tienen el perfil adecuado para ser parte de esta dirección”.
Alarcón detalla que se enfocarán en revisar los temas de salud mental relacionados con el consumo de sustancias y conductas suicidas, tratando de incidir en el primer nivel de atención de los hospitales generales que hay en el estado. Se trata, agregó, de una estrategia de atención recomendada por psiquiatras especialistas, como el doctor Alberto José de los Santos, exdirector del Centro de Salud Mental.
Y es que, como en el caso de Sarahí, la atención psiquiátrica, al ser considerada una especialidad, se encuentra en el segundo nivel de atención, por lo que conseguir una cita médica en el sector público implica meses para los pacientes.
“(La estrategia) se va a enfocar en crear estos servicios de salud mental y adicciones en los hospitales generales, de tal manera que podamos contar con una corta estancia en estos espacios sin necesitar llegar directamente al Cesame”, da a conocer Ángel Alarcón.
También comenta que están analizando el uso de las consultas a distancia para paliar la falta de especialistas.
“Hay que recordar que muchos de los trastornos mentales no requieren hospitalización y menos en un centro tan especializado como el Cesame; es el equivalente a que si a una persona le detectan diabetes en una campaña de detección en la calle y lo quieran mandar a un hospital general e internarlo.
“Tenemos que poner en perspectiva estas equivalencias y que los trastornos en salud mental se tratan, en teoría, igual que los trastornos físicos”, explica.
Mediante dicho plan el gobierno estatal pretende que 70% de los pacientes de este tipo logren una atención en los hospitales generales, para reducir la estancia de las internaciones a menos de siete días, sin necesidad de acudir al Centro Estatal de Salud Mental.
Dentro del presupuesto de egresos de Coahuila, en relación con el recurso destinado al tratamiento de la salud mental se encuentra la partida presupuestaria del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral (ISSREEI). Éste tiene la responsabilidad de gestionar cuatro centros de especialización geriátrica, pediátrica y psiquiátrica de Coahuila: el Hospital Materno Infantil, el Centro Estatal del Adulto Mayor, el Cesame y el Hospital Psiquiátrico de Parras.
Para su gestión, durante el pasado sexenio el instituto recibió cerca de 32 millones de pesos anuales para los cuatro hospitales; el resto de los ingresos lo reciben de las cuotas cobradas a los pacientes y representan más de 70% del dinero anual que reportan en su cuenta pública.
Otro pendiente que debe atender el sistema estatal de salud son los centros irregulares de atención para las adicciones, conocidos como anexos.
La dirección a cargo de Ángel Alarcón realizará un registro y certificará mediante la Secretaría de Salud federal a quienes laboran en estos centros.
Asimismo también buscarán abrir espacios en los hospitales generales del estado para atender a los pacientes con problemas de consumo.
“Podremos tener algún número sobre el tema de los centros de rehabilitación. Mantenerlos ordenados y vigilados. Sería algo, quizás imposible decir que todos los centros residenciales sean estrictamente profesionales, por eso nuestra tarea como Secretaría de Salud es profesionalizar los servicios y evitar que ocurran lamentables hechos –como casos de tortura que terminan con la muerte del paciente– en cada una de los residenciales”.
Ajustes en los juzgados
A la instalación del Consejo Estatal de Salud también fue convocado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Miguel Mery Ayup, quien expuso que el narcomenudeo es el principal delito atendido en Coahuila.
Ese delito, detalló, representan 76% de las causas ingresadas, con ocho mil 500 casos; de esos, 49% son por posesión simple de narcóticos y 21% es de reincidentes.
De los imputados, 89% son hombres; 6% son mujeres de 19 años; 44% oscila entre los 20 y 29 años, y 32% tiene entre 30 y 39 años. El 30% de las causas por este delito ocurre en Saltillo y 30% en la Región Laguna.
“No sólo con una acción punitiva debemos tratarlos. Queremos especializar la justicia en esta materia, tenemos las condiciones dadas”, aseguró.
El magistrado explicó el camino legal para realizar el proyecto: en el nuevo juzgado especializado se necesita dictar al imputado un auto de vinculación al proceso y que se reúnan los requisitos legales de suspensión del mismo; “para que esa falta a la ley desemboque en una rehabilitación debe de existir una relación directa de causalidad entre el delito con el problema de adicción. Y el ciudadano, de manera voluntaria, tendrá que manifestar su deseo de adherirse a los programas de tratamiento”.
Estos juzgados se instalarán en Acuña, Piedras, Sabinas, Monclova, Saltillo, Torreón y San Pedro de las Colonias. Y el proceso estará integrado en cinco etapas: tamizaje para detectar la adicción, si resulta positivo, será canalizado al sector salud para la confirmación del resultado, y el siguiente paso es la suspensión del proceso.
De cumplirse las condiciones se celebra una audiencia en la que el participante se gradúa del programa con efectos de sentencia absolutoria. Es decir, se da por rehabilitado para que ya no exista una acusación en su contra. Y los participantes graduados celebrarán reuniones de autoayuda, agregó el funcionario.
“Tenemos ante nosotros el problema más grave de nuestro tiempo: el de la salud mental como son las adicciones. Es importante invertir en infraestructura y en servicios públicos, pero más importante es atender a las personas que sufren de adicciones y otros problemas de salud mental.
“Se requiere regular el funcionamiento de los anexos de manera efectiva, tener acompañamiento y prevención dentro de las escuelas, impulsar el deporte y la cultura, y, a la vez, continuar con el combate a los puntos de venta de droga. Con la llegada de elementos de la Marina se reforzará la investigación sobre este tipo de delitos en el estado”, agregó el magistrado.
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