Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Durante la tercera mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y Madres Buscadoras de Personas Desaparecidas, los colectivos reclamaron la inacción del Estado para resolver la crisis de personas desaparecidas.
En su oportunidad, Romana Rivera, del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo pidió que se le entregue una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum a nombre de las víctimas de esa entidad, en la que el Gobierno federal reconozca la participación del Estado en desapariciones forzadas y denuncie la situación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Solicitamos a la presidenta de la República que considere y reconozca la grave situación que vive el estado de Quintana Roo sobre el incremento de desapariciones forzadas cometidas por grupos criminales con anuencia y participación de agentes del Estado”, señaló la activista.
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En este sentido, otros colectivos de madres buscadoras coincidieron con esta exigencia en la reunión y denunciaron negligencias institucionales y la falta de investigaciones eficaces por parte de la fiscalía estatal.
Rivera ejemplificó dichas negligencias con su caso: “Llevo cinco años buscando a mi hija sin ningún resultado. El Estado intervino en esta privación ilegal, y mi hija fue entregada al crimen organizado. Por falta de exhaustividad en las investigaciones no se ha concretado que fue el crimen organizado, juntamente con elementos activos de la fiscalía, quienes participaron”.
En la epístola, Rivera exigió que el Estado mexicano informe al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y que se declare una crisis nacional de derechos humanos.
“El paraíso huele a sangre, impunidad y personas desaparecidas”, advirtió Rivera, haciendo referencia al turismo que encubre la violencia en Quintana Roo.
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También se solicitó atención al deterioro físico y mental de las madres buscadoras:
“Pese a la fatiga y una salud menoscabada, es el amor el que nos levanta para seguir caminando. Pero necesitamos personal capacitado, sensible y con acreditación humana en las instituciones especializadas en búsqueda”.
Las madres propusieron incluir a la sociedad civil en los procesos de designación de funcionarios y demandaron coordinación con instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías especializadas para generar diagnósticos regionales sobre desapariciones.
Además, exigieron que los casos relacionados con crimen organizado sean federalizados, ya que las fiscalías estatales “minimizan o niegan la participación del crimen organizado, lo cual impide investigaciones serias y agrava la impunidad”.
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Sobre los restos encontrados en crematorios clandestinos, Rivera denunció que, “el 13 de septiembre acudimos a un punto de búsqueda donde encontramos un crematorio con dos cuerpos: un adulto y un niño. El fiscal dice que el caso está cerrado. Eso nos deja vulnerables, porque no se han identificado los restos ni se ha hecho justicia”.
También criticaron el uso de la CURP para el registro de personas, al considerar que “vulnera la identidad de los ciudadanos”, dijo.
Los colectivos solicitaron impulsar desde la Presidencia una Ley Estatal de Víctimas en Quintana Roo, y que se garantice la notificación con anticipación a las víctimas indirectas para poder participar en audiencias y procesos.
“Por avisarnos con un día de anticipación no podemos costear vuelos ni traslados. Esta exclusión nos relega”, señalaron las madres buscadoras.
Finalmente, sentenciaron: “Este país no soporta una fosa más. Ni una madre, ni un padre, ni un familiar debe morir por buscar a su ser amado. Estos son delitos de lesa humanidad y deben ser tratados como tales. Urgimos su compromiso real, sin evasiones ni pretextos”.
Exigen la destitución de la titular de la CEAV por negligencia
La exigencia fue planteada de manera contundente por Yoltzi Martínez Corrales, del Colectivo de Búsqueda “Raúl Trujillo Herrera”, quien acusó a la funcionaria de impedir búsquedas, negar medidas de protección urgentes y discriminar a las víctimas. “No la queremos, no ha trabajado para nosotras. Sus medidas son restringidas y discriminatorias. Nos atienden en la calle, no en oficinas dignas. Estamos hartas de la simulación”, dijo ante la funcionaria federal.
Martínez Corrales denunció que los lineamientos publicados por la CEAV fueron simulados y elaborados sin considerar las verdaderas necesidades de las familias, como la atención integral en salud mental y física, y la protección para quienes arriesgan su vida al buscar a sus seres queridos. “No somos víctimas de pobreza, somos víctimas de delitos. No necesitamos becas, necesitamos justicia”, reclamó.
Además, la activista reveló que su colectivo ha sido víctima de ataques durante diligencias ministeriales y responsabilizó a las autoridades de filtrar información sensible al crimen organizado. “Ustedes dieron los datos para que se llevaran a nuestros familiares. No pueden seguir cuestionando ni obstaculizando los oficios para las búsquedas. No más simulación”, sentenció.
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“Sufrí una agresión hoy por parte de las autoridades para salir del Senado. No fue el crimen organizado, fue el Estado quien me violentó”, sostuvo Yoltzi Martínez Corrales.
Por último, Martínez Corrales propuso mirar ejemplos internacionales como la legislación colombiana, que protege de manera integral a las personas buscadoras, y reiteró que la actual comisionada de la CEAV “no tiene perfil, ni experiencia, ni voluntad para atender a las víctimas”.
La reunión se realizó en un centro de convenciones de la Ciudad de México y forma parte del diálogo que Segob sostiene con colectivos de búsqueda, quienes continúan denunciando omisiones graves por parte de las instituciones encargadas de atender la crisis de desapariciones en el país.
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