Cuando la política (y el poder) queda en familia

Por Renata Guzmán

En las dos últimas décadas al menos seis municipios del estado han sido gobernados por grupos familiares. En algunas ocasiones, en abierta disputa interna; en otras, en franca convivencia por consanguinidad o parentesco político. Se trata de familias que se han erigido dinásticas y detentan sus presidencias municipales como auténticos principados. 

En síntesis, son grupos que comparten apellido, lugar de residencia… y poder municipal.

El caso de Saltillo es un ejemplo de relaciones familiares asociadas a un apellido de prosapia económica: los López, del Grupo Industrial Saltillo.

Desde que en 1989 Rosendo Villarreal Dávila ganó la Presidencia Municipal, la presencia familiar ha sido una constante. El veterano panista era cuñado del industrial Isidro López del Bosque. 

Los López como los Arizpe han sido las dos familias industriales cuya presencia en la ciudad se remonta a un siglo. A Rosendo Villarreal lo sucedió Miguel Arizpe, quien, por su parte, entregó el ayuntamiento a un sobrino de Rosendo, el panista Manuel López Villarreal para el periodo 1996-1999.

Primo de Manuel, el priista Jorge Torres López fue alcalde de Saltillo de julio de 2008 a diciembre de 2009. Aunque no se supone que hubiera una relación cercana con los López Villarreal, pues sus padres rompieron su relación accionaria en los tempranos noventa, el apellido volvió al ayuntamiento.

El PAN regresó a la alcaldía de Saltillo en 2014 y hasta 2017, cuando fue presidente municipal Isidro López Villarreal, hermano de Manuel.

El actual candidato a alcalde, el priista Javier Díaz, es yerno de Isidro López Villarreal, por lo que, en total, en 35 años, han gobernado un tercio y podrían extenderse hasta por seis años más de ganar la elección en puerta.

Legados directos

Si bien es cierto que los munícipes llegan al cargo sometiéndose a las elecciones, el que un pariente ocupe el poder facilita las victorias electorales, emulando el proceso de relevo entre los hermanos Humberto y Rubén Moreira por la gubernatura en 2011.

Aunque llegando a su aparente fin, el caso paradigmático es el de la familia Durán en Arteaga, donde actualmente es presidente municipal Ramiro Durán García.

Los Durán lograron establecer un cacicazgo político que en esa localidad de apenas 30 mil habitantes ha visto una cierta bonanza en la especulación inmobiliaria en torno a la cabecera municipal, así como en el acaparamiento de tierra para fraccionamientos y desarrollos turísticos.

El clan Durán, originario de San Antonio de las Alazanas, se inició con José de Jesús Durán Flores, quien arribó a la Presidencia Municipal en 2006 asimilado al moreirismo. 

En 2009 un veterano que la década precedente ocupó el cargo, Ernesto Valdez Cepeda, ganó las elecciones; pero cuatro años después regresaría la estafeta a Chuy Durán, quien volvió a la alcaldía de 2014 a 2017.

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Al concluir su periodo, Chuy Durán legó el cargo a su hermano Everardo, quien ocupó el Palacio Municipal arteaguense de 2018 a 2021. Para ese periodo la jefatura política del primero era indiscutible en la localidad, y no dejaría lugar a dudas cuando Ramiro Durán García, el hijo de Chuy y sobrino de Everardo, consiguió el ayuntamiento para relevar a su tío en la administración 2022-2024.

Aunque la ley permite la reelección, Ramiro Durán no se presentará a las elecciones de junio próximo, por lo que Los Durán dejarán de detentar el poder –por ahora– tras una década de ejercerlo. 

Lo dejarán al menos de manera directa: a Ana Karen Sánchez, la candidata del PRI, que era la directora de Catastro en la actual administración y, por lo tanto, parte del grupo político de Los Durán.

El caso de Arteaga no es el único del sureste. En General Cepeda los hermanos Salas Aguirre han mantenido el poder municipal desde 2018, cuando Juan Gilberto llegó a la alcaldía para ser sucedido en 2022 por su hermano Pablo.

De extracción panista, los Salas buscan mantener el poder en ese municipio por la vía de la reelección que se facilitó tras la ruptura de la coalición PRI-PAN-PRD en el ámbito municipal.

Clanes del desierto

El fenómeno de transmisión de poder entre parientes tampoco es nuevo en esta región. Candela, un pequeño municipio de apenas mil 500 habitantes, ha pasado el siglo XXI prácticamente gobernado por el apellido Tijerina, pues de los 24 años transcurridos 13 llevaron ese apellido: Mauricio Tijerina Ramírez (2000-2002), Javier Tijerina Menchaca (2003-2005) y Roberto Ariel Tijerina Menchaca (2006-2009 y 2014-2017). 

Javier Tijerina intentó ser candidato para relevar a su hermano Roberto en 2010, pero fracasó en el intento y el clan retomó el poder hasta 2014, con el mismo Roberto, quien para 2018 dejó a su incondicional Marcos Amador Garza González. 

Sin embargo, ya no pudieron convencer al electorado, que en 2021 prefirió votar por el PAN a Aracelia Jasso Vaquera, quien pretende su reelección.

En el centro del estado está Sacramento, municipio de apenas dos mil 500 habitantes, que es gobernado en medio de un conflicto intrafamiliar.

La actual presidenta municipal es Andrea Wendolin Ovalle Reyna, quien sucedió en el cargo a su hermana Silvia Berenice (2018-2021).

Las damas de Sacramento han tenido una mala relación desde 2018, cuando Silvia Berenice, siendo tesorera municipal en la administración de su suegro, José Antonio Velasco, enfrentó electoralmente a su cuñado, el esposo de Andrea Wendolin, Flavio San Miguel.

En 2023 el conflicto escaló de un intercambio de palabras a la detención de Silvia Berenice, presuntamente ordenado por su hermana la alcaldesa, quien la acusó de vender bebidas alcohólicas a menores de edad.

Aspirantes dinásticos

En el actual proceso electoral al menos dos familias se encuentran en posición de heredarse o preservar el cargo: se trata de los priistas Quintanilla, de Progreso, y de los Flores, de Múzquiz.

Progreso, municipio de la Región Carbonífera con unos tres mil 500 habitantes, es gobernado hoy por Federico Quintanilla Rojas, quien está por terminar su segundo periodo.

Para el relevo el PRI ha anunciado como candidato a su hijo homónimo. Pero quizá el caso más llamativo de la región sea el de Tania y Tony Flores, en Múzquiz, ambos identificados con la autonombrada “Cuarta Transformación”.

En dicho municipio Tania es alcaldesa y se plantea la reelección por Morena, mientras que Tony –diputado local con licencia– le disputa la postulación por el PT en tanto que es cercano a Ricardo Mejía Berdeja.

Ambos han sido ampliamente conocidos a escala nacional, pues se trata de una de las familias más beneficiadas por la 4T, pues en su función privada han sido favorecidos con más de tres mil millones de pesos en contratos de carbón mineral para la Comisión Federal de Electricidad.

Y también porque, en el caso de Tania como el de los clanes de Arteaga, Sacramento y Candela, los excesos, arbitrariedades e indagatorias por mal manejo de recursos marcan sus periodos en sus respectivas presidencias municipales.

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