Rodrigo Paredes y la embestida contra El Coahuilense

Por Arturo Rodríguez García

El Coahuilense es objeto de una embestida que por la vía jurisdiccional ha emprendido el presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Germán Paredes Lozano.

No puede calificarse de otra manera la demanda que interpuso por un supuesto incumplimiento del derecho de réplica en relación con los contenidos de la edición número 29 correspondiente al 15 de diciembre de 2023.

Dicha edición dio a conocer una serie de situaciones anómalas, irregularidades y conductas impropias registradas en el órgano electoral que han sido negadas una a una por el mencionado Paredes Lozano, cuya carta de réplica se publicó íntegra el pasado 31 de enero.

En concreto, la edición en comento en cuya portada se lee “El IEC de Rodrigo Paredes. La cloaca”, llevó como reportaje de apertura un texto en el que se exponen las malas decisiones, los contratos injustificados y el despilfarro en un órgano autónomo que debió solicitar una ampliación presupuestal de 6 millones de pesos al erario coahuilense.

El mencionado trabajo da cuenta del cambio de versiones de Rodrigo Paredes, en su calidad de presidente del IEC, para justificar gastos extraordinarios y solicitar una ampliación presupuestal.

Por entonces los comités municipales electorales no habían sido instalados, lo que motivó un segundo reportaje.

Además, El Coahuilense informó sobre el contrato de un particular para que realizara el PREP en la elección de gobernador y, finalmente, sobre la forma en que consejeros como Rodrigo Paredes y otros realizaron un copioso turismo de trabajo.

La réplica remitida por el consejero presidente en su carácter de ciudadano, insiste en no tener responsabilidad en cada uno de los temas o haber heredado condiciones e imprevistos que lo llevaron a tomar dichas decisiones argumentando siempre haberse conducido conforme a la ley. 

Historia de una réplica

Las informaciones publicadas por El Coahuilense en su edición número 29 fueron soportadas sobre documentos oficiales obtenidos vía la Plataforma de Transparencia, declaraciones dadas en entrevistas, seguimiento de sesiones del IEC y versiones ofrecidas por fuentes discretas del propio instituto.

La información contenida en los reportajes mencionados evitó la adjetivación porque, ante todo, se abordan aspectos sobre asuntos de una función pública como lo es la electoral y que, por ende, implican recursos públicos y están sujetas al escrutinio.

A mayor abundamiento, la definición editorial de El Coahuilense no aborda aspectos relacionados con vida privada, relaciones personales, salud, padecimientos, adicciones ni, en general, aquello que competa al ámbito privado al que toda persona tiene derecho.

Aun así, el consejero presidente del IEC decidió reaccionar a la edición mencionada en su calidad de persona física, como si fuera un ciudadano común ejerciendo un derecho. Y es en esa calidad que pide la publicación de su réplica y una rectificación porque se duele de sentirse impactado “en mi decoro, honor y reputación, así como en la consideración que de mí mismo tienen los demás, con los señalamientos que realiza”.

A continuación, como si fuera parte de un plan calculado, expone:

“Esto, previniendo llegar a la materia jurisdiccional, ni a los dispuestos en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica concerniente a las sanciones para quienes incumplan con lo dispuesto en los diversos numerales 12 y 14 de la referida ley”.

Luego, con una insistencia en la vía judicial, solicita:

“Tenerme presentando mi solicitud de réplica, para que se precisen los hechos en su verdad y acontecer cierto, y se publiquen las aclaraciones vertidas en este escrito, en los mismos medios en donde la nota que le da origen fue publicada, evitando así ir a una controversia jurisdiccional para la rectificación de los hechos”.

El escrito de réplica fue el día que según Rodrigo Paredes asegura haber acudido a las oficinas del domicilio legal de esta casa editora, pero no pudo notificar porque afirma, no había nadie en las instalaciones ubicadas en la Zona Centro de Saltillo.

El correo electrónico de contacto de El Coahuilense Noticias recibió la carta de réplica acompañada de un escrito, así como de una selfie de Paredes Lozano en el exterior de las instalaciones. Dicho correo fue enviado desde una cuenta de Hotmail –no institucional del IEC– y quedó alojado como spam. 

Días después, Paredes Lozano acudió a las oficinas antes mencionadas, donde un equipo de académicos y becarios realizaban trabajos de minería de datos y big data. 

Al arribar al lugar, el investigador a cargo se encontraba realizando diversas gestiones de información en dependencias oficiales por lo que una de las jóvenes lo recibió. La joven se sintió objeto de un intento de intimidación. 

Ese mismo día, la revisión del correo de contacto permitió a nuestro equipo advertir que había una petición de derecho de réplica, esta vez por la edición número 30, donde se volvieron a abordar diversos aspectos relacionados con la función pública del IEC. 

De inmediato, los dos escritos de réplica se sometieron a la revisión de nuestro Consejo Editorial, el cual encontró diversas condiciones que lo hacían impublicable. 

Por ejemplo, el primer escrito que consta de 14 páginas en PDF se traduce en 32 cuartillas, lo que corresponde a unos cinco o seis reportajes, superando así el espacio equivalente de publicación y réplica.

Además, no había notificación formalizada y, lo más grave, incumple una condición expuesta en el artículo 19, fracción VII de dicha ley reglamentaria, que establece que un medio de comunicación no está obligado a publicar una réplica cuando la información que se replica esté basada en documentos oficiales, como es el caso de los trabajos publicados.

Aun así, la definición editorial de El Coahuilense Noticias es que toda réplica debe ser publicada y, omitiendo las excepciones, se comunicó a Rodrigo Germán Paredes Lozano que la réplica sería publicada en la edición número 32 correspondiente al 31 de enero, así como en las diferentes redes sociales por las que se distribuye nuestra publicación.

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Como se dijo, la resolución del Consejo Editorial fue emitida y comunicada al consejero presidente del IEC a través de su cuenta de Hotmail que autorizó para oír y recibir notificaciones, informándole el sentido y la decisión editorial, pero Paredes Lozano cumplió la amenaza de recurrir a la vía jurisdiccional.

El 14 de febrero último, el “Medio Informativo El Coahuilense” fue notificado de un procedimiento judicial en materia de derecho de réplica 5/2024 promovido el 26 de enero de 2024, esto es, días después de haberle comunicado la resolución y que la réplica se publicaría en la siguiente edición y, asegurando una falsedad en su escrito, como lo es que no había recibido comunicación ni resolución de esta casa editora.

El costo de la crítica

En sus últimas tres ediciones, El Coahuilense Noticias ha abordado diversos temas relativos al IEC, donde Rodrigo Paredes es consejero presidente y, hasta diciembre pasado, gozaba de atribuciones en materia de administración.

En cada oportunidad Paredes Lozano ha procurado ejercer su derecho de réplica, siempre negando ser responsable de acciones u omisiones.

La forma en la que consiguió que su primer escrito de réplica fuera admitido a trámite en el Juzgado Quinto de Distrito en Saltillo, se refiere a los plazos, por cuyo incumplimiento, la ley en la materia establece sanciones de entre 500 y 5 mil salarios mínimos vigentes.

El litigio no versa sobre la búsqueda de dar a conocer su posición, allegar elementos informativos o, inclusive, buscar una rectificación, pues sus réplicas han sido publicadas por este medio en su edición impresa, la digital y en cada una de las redes sociales de distribución. 

Es en sentido estricto, la procura de sanciones que para esta casa editora serían exorbitantes, pues van de los 124 mil 465 pesos a un millón 244 mil 650 pesos, en caso de que la juez no considere nuestros argumentos.

Previsiblemente se intenta sepultar bajo una maraña de demandas y sanciones económicas una voz crítica que ha mantenido dentro de sus criterios editoriales el profesionalismo, la distancia del poder, la pluralidad y, por encima de todo, el interés público. Y esa intentona por acallar un medio con esas características la realiza –nada más y nada menos– que el titular de un órgano que tiene en sus manos garantizar la democracia para la cual es condición indispensable la libertad de expresión. 

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