Monclova, Coahuila.- La Fiscalía General de Justicia ejecutó la captura de Cristian Moreno, identificado como gerente de la empresa Alianza Nacional Multimarca, junto con varios de sus colaboradores comerciales, tras múltiples denuncias por fraude.
Alma Patricia Sánchez, una de las afectadas, confirmó la intervención legal contra la operación que prometía vehículos con facilidades de pago irreales.
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La empresa dirigida por Moreno diseñó un esquema dirigido específicamente a compradores de escasos recursos, ofreciendo enganches aparentemente accesibles y cuotas mensuales reducidas, sin requerir revisiones de historial crediticio.
“La promesa era tan buena que no parecía real, y al final no lo era, desafortunadamente nos engañaron, por ello los denunciamos”, relató Sánchez.
El modus operandi de la estafa
Las víctimas, en su mayoría trabajadores que buscaban adquirir un vehículo para transporte, desembolsaron entre 15 mil y 18 mil pesos como enganche, más una o dos mensualidades que oscilaban entre 4 mil y 8 mil pesos.
Pese a cumplir con los pagos iniciales, nunca recibieron las unidades prometidas, lo que las llevó a unificar sus denuncias.
El grupo de doce afectados se presentó en las instalaciones de la Fiscalía para consolidar sus acusaciones, aunque se enfrentan a un proceso judicial que avanza con lentitud, generando desgaste e inconformidad.
La situación se agravó cuando Moreno recuperó su libertad poco después de su detención, incrementando la frustración de las víctimas.
“Nos dijeron que esperáramos a ser llamados individualmente por la Fiscalía para ratificar nuestras denuncias, pero el tiempo pasa y la empresa sigue operando”, indicó otra afectada que resguardó su identidad.
Los denunciantes también expresaron preocupación por la falta de acompañamiento legal especializado y porque solo algunos vendedores permanecen bajo investigación, mientras el señalado líder habría sido liberado.
El colectivo de afectados hace un llamado a otras posibles víctimas de Alianza Nacional Multimarca a sumarse a la denuncia colectiva.
Su principal demanda es la restitución total de los recursos entregados, que representan pérdidas significativas para la economía familiar de los estafados.
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Con información de Zocalo | QT





