Redacción El CoahuilensePor Kristel Reyes
Saltillo, Coahuila. – Después de ocho años de proceso judicial, la mañana de este martes, el Tribunal de Justicia Penal de Coahuila, a cargo de la jueza Elisa Salinas López, dictó una sentencia de 50 años de prisión contra Josafat “N”, declarado penalmente culpable del feminicidio de Evangelina Alcalá Valero ocurrido en 2017 en el ejido El Parral en Saltillo.
De acuerdo con la resolución, el tribunal impuso la pena máxima prevista en el artículo 336 BIS 1 del Código Penal de Coahuila, que sanciona con 20 a 50 años de prisión a quien prive de la vida a una mujer por razones de generó. Además se fijó una multa de un millón 269 mil 370 pesos a favor de las víctimas indirectas como parte de la reparación del daño.
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Durante la audiencia se señaló que el tribunal no evaluó de manera separada el delito de ocultamiento del cuerpo, pues se consideró que dicha acción ya se encontraba comprendida dentro de la pena máxima impuesta.
Para la familia de Evangelina, la resolución representa un cierre parcial pero no una verdadera reparación. Su hija mayor, Alondra, quien ha acompañado el proceso desde el inicio, describió la sentencia como “una victoria amarga”.
“Para mí la sentencia no es justa, pero en ese momento así se regía la ley y ya no pudimos apelar para una pena más alta. Nunca voy a decir que voy a estar conforme. Queríamos una explicación de dónde estaba ella, y ahora, después de ocho años, se dice justicia, pero justicia lenta no es justicia”, contó Alondra.
La joven relató que, desde el momento del crimen, el camino hacia la verdad ha sido devastador para su familia.
“Con esto no solamente la mató a ella, mató a la familia completa. Ver a mis hermanos así me mataba en vida, más que nada porque queríamos una explicación de dónde estaba ella, pero nunca la tuvimos hasta que lamentablemente se encontró el cuerpo. El proceso fue muy largo”, dijo.
Con esta resolución, el caso de Evangelina se suma a los feminicidios de Coahuila que han alcanzado una sentencia condenatoria, aunque la deuda con la justicia plena y con las familias de las víctimas sigue marcada por la lentitud y el desgaste institucional.
“Se detuvo mucho, mucho tiempo. No estuvo acorde con lo que debió haber sido desde un inicio”, agregó Alondra.
