Doña Carlota. La impunidad que nos devora

Por Gabriela María De León Farías

El 1 de abril, Doña Carlota N., una mujer de 74 años, acudió junto con sus dos hijos a un domicilio de su propiedad en la colonia Plan de Guadalupe, Chalco, Estado de México. Allí, discutieron con los ocupantes del inmueble, quienes se negaron a abandonar el lugar argumentando que ya habían sido asesorados por un abogado y no debían desalojarlo. En un acto insólito que dejó a todos con la boca cerrada, Doña Carlota regresó a su vehículo, extrajo un arma de fuego y mató a un hombre y a un adolescente. Doña Carlota argumentó que, pese a haber acudido en repetidas ocasiones a la Fiscalía del Estado de México para interponer una denuncia, las autoridades no tomaron medidas, lo que la llevó a hacer justicia por su propia mano.

En México, la justicia parece ser un lujo inalcanzable para muchos. Es un concepto efímero que pocos entienden y al que nadie accede. El caso de Doña Carlota refleja la desesperación que se vive en un país donde la impunidad es la norma. Según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2024, México se encuentra entre los 15 países con mayor impunidad en el mundo. No exagero al decir que la justicia es inaccesible. En México, solo el 1% de los delitos es sancionado, lo que deja al 99% sin resolución ni castigo. En 2021, el índice de impunidad criminal fue del 91.4%, con estados como Oaxaca y Tlaxcala que alcanzaron el 100%. En la Ciudad de México, el 99.1% de los delitos denunciados en 2022 quedaron sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades. En Coahuila, la impunidad sigue siendo un problema significativo, ya que en 2022, el 96.3% de los delitos investigados quedó impune, lo que representa un aumento respecto a 2021.

México no garantiza el derecho humano fundamental de acceso a la justicia. La desconfianza en las instituciones es alta y la percepción de que el sistema es ineficaz o inaccesible para la mayoría de la población se refleja en la «cifra negra» de delitos no denunciados que supera el 90%. En Coahuila, el 91.6% de los delitos no son reportados a las autoridades. ¿Para qué reportarlos si los ciudadanos tienen la certeza de que los responsables no serán castigados? Solo unos cuantos amigos cercanos de la élite política obtienen resoluciones favorables. La ciudadanía que no es favorecida con esos contactos y amistades ni se molesta en presentar sus denuncias, ya que tienen la certeza de que no prosperarán. Esta situación perpetúa la violencia y la injusticia, convirtiendo al estado en un territorio donde la justicia por propia mano se vuelve una opción desesperada para muchos.

Otro fenómeno que debería preocupar a las autoridades es el apoyo que Doña Carlota recibió en redes sociales. Aunque es comprensible, también refleja cómo la sociedad, harta de la falta de respuestas del sistema judicial, justifica la violencia como una forma legítima de resolver conflictos. Este fenómeno no solo es preocupante por la glorificación de la violencia, sino también porque revela una profunda desilusión con el Estado y sus instituciones.

El caso de Doña Carlota es un llamado de atención no solo para las autoridades, sino también para la sociedad en general. Es hora de reconocer que la justicia no puede ser un lujo para unos pocos, sino un derecho fundamental para todos. Deben tomarse medidas efectivas para combatir la impunidad, fortalecer las instituciones judiciales y garantizar que el acceso a la justicia sea un derecho real al que todos podamos acceder. Esto incluye reformas estructurales, capacitación de personal judicial, mayor transparencia en los procesos legales y, por supuesto, un mayor presupuesto para construir una infraestructura adecuada y garantizar que las personas juzgadoras sean suficientes y estén capacitadas. La reconstrucción de la confianza en el sistema judicial es un desafío urgente que requiere la atención inmediata de los líderes políticos y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, si no se abordan las causas profundas de la impunidad y se continúa justificando la violencia como solución, México seguirá siendo un territorio donde la justicia por propia mano se vuelve cada vez más común, y la violencia se convertirá en la norma.

La sociedad debe reflexionar sobre el peligro de glorificar la violencia y exigir que las autoridades asuman su responsabilidad para evitar que más personas se sientan obligadas a tomar la justicia por su propia mano. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas de un sistema judicial quebrado y a reconstruir la confianza en la justicia.

GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARÍAS

Maestra en Derechos Humanos

Especialista en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas

Ciudadana.