El Coahuilense NoticiasCDMX.- Al menos 37 empresas de Estados Unidos con filiales instaladas en México, dedicadas a sectores como la minería, telecomunicaciones o energético, mantienen litigios a nivel federal para evitar que les sean aplicadas reformas a leyes, concesiones y hasta declaraciones de áreas protegidas que impactan en sus ramos.
Compañías como Vulcan Materials, Windstar Energy Resources, BlackBerry Ventures y Mary Kay mantienen litigios en nuestro país porque acusan violaciones a acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La mayoría de los asuntos se mantienen paralizados en tribunales especializados y se perfila que sean resueltos en los próximos meses tras los primeros criterios establecidos desde la Suprema Corte de Justicia sobre estos temas.
Uno de los juicios que más ha demorado en su resolución es el de la empresa Mary Kay, la cual buscó, desde 2021, un amparo contra la Ley General del Trabajo que prohíbe la subcontratación laboral u outsourcing.
🗞 | Suscríbete aquí al newsletter de El Coahuilense Noticias y recibe las claves informativas del estado.
Apenas el pasado 2 de enero se notificó que un Tribunal Colegiado en materia del trabajo aceptó analizar la demanda de la compañía estadounidense luego de que una jueza rechazara concederle la protección de la justicia.
“Las disposiciones reclamadas no impiden a la parte quejosa a que se dedique a sus actividades y practique el comercio, por el contrario, establecieron una especial regulación para efectos de que, las empresas con las mismas características de la aquí quejosa, puedan desarrollar su actividad de servicios especializados, sólo que al hacerlo, como ya se dijo, tendrán que cumplir con un mínimo de condiciones que permitan que su actividad preponderante sea realizada con la debida protección de los derechos laborales de los trabajadores”, expuso la juzgadora Rosaura Rivera Salcedo.
💬 | Únete a nuestro canal de WhatsApp para que recibas las noticias y trabajos destacados de El Coahuilense Noticias.
En otro juzgado de Quintana Roo, el Noveno de Distrito, la empresa Vulcan Materials Company mantiene un juicio contra la determinación del Gobierno de México para expropiar los terrenos donde la compañía explotaba en la mina a cielo abierto Calica.
Se trata de combatir la emisión del decreto por el que se pretende declarar área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, el predio ubicado en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, Quintana Roo, acto que deriva del procedimiento administrativo denominado “Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto”. En este predio se ubica la mina Calica.
Hasta el pasado 17 de enero un tribunal federal analizaba la petición de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas contra la admisión del amparo, tras considerar incorrecta la decisión del juez Ciro Carrera Santiago para dar entrada al recurso.
En el caso de Newmont Corporation, cuya filial en México es la Minera Peñasquito, espera una respuesta desde la SCJN, luego de promover un amparo impugnando la constitucionalidad del derecho especial sobre minería al considerarlo violatorio de los principios de proporcionalidad tributaria y de rectoría económica del Estado.
Se argumentó ante tribunales que el derecho especial sobre minería es inconstitucional al no existir una relación entre la cuota establecida y el grado de aprovechamiento del bien, lo que resulta indispensable en el caso de los derechos establecidos por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación.
En octubre del año pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte abrió una ventana que podría beneficiar a empresas del sector minero pues se concedió un amparo a una persona que solicitó una concesión minera antes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley Minera de 2023, para que se le dé trámite a su solicitud de que se le apliquen los derechos conforme a la legislación vigente al momento en que presentó su solicitud de concesión.
La reforma establece que las solicitudes en trámite para el otorgamiento de nuevas concesiones de exploración y explotación minera deben desecharse, violando el principio de no retroactividad de quien había iniciado su solicitud antes de la reforma.
TE PUEDE INTERESAR:
Síguenos en