AgenciaSaltillo, Coahuila.- La eventual elección por voto popular de jueces y magistrados en 2027 abre interrogantes sobre su ejecución y sus efectos en la integración del Poder Judicial. El planteamiento contempla la participación directa de la ciudadanía en la designación de perfiles especializados, tanto en el ámbito federal como local.
En ese contexto, el presidente magistrado del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, expuso que el diseño del proceso implicaría la revisión de un amplio número de candidaturas. Señaló que el esquema podría incluir más de 300 aspirantes distribuidos en diversas boletas, lo que representaría un desafío para el análisis individual de cada perfil.
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El funcionario indicó que este tipo de ejercicio podría propiciar el uso de herramientas como listas orientativas o “acordeones”, ante la dificultad de evaluar a todos los contendientes. Esta situación, explicó, tendría incidencia en la forma en que se emite el voto.
Además, advirtió que el modelo asignaría a la ciudadanía una tarea de carácter técnico en la selección de juzgadores. “No se le puede cargar al ciudadano una decisión tan técnica”, puntualizó, al referirse a la especialización que requieren estos cargos.
En materia presupuestal, señaló que la organización de procesos electorales de gran escala ha requerido recursos por miles de millones de pesos, cifra que podría aumentar al incorporar la renovación del Poder Judicial dentro de una misma jornada.
También mencionó que la apertura de estos cargos a elección directa podría permitir el acceso de personas sin la preparación, experiencia o trayectoria necesarias, lo que tendría implicaciones en el desempeño de las funciones jurisdiccionales.
Frente a este escenario, propuso considerar esquemas como el vigente en Coahuila, donde comités especializados realizan evaluaciones con base en criterios de experiencia, formación académica, ética profesional e idoneidad, lo que ha permitido integrar listas con perfiles previamente revisados.
Añadió que el ejercicio de la función judicial requiere formación constante, así como conocimientos técnicos y experiencia acumulada, por lo que planteó fortalecer los mecanismos de capacitación a través de instancias como la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, planteó la necesidad de revisar el modelo antes de su implementación, con el fin de asegurar que los procesos de selección garanticen perfiles con los elementos requeridos para la impartición de justicia.
Con información de Vanguardia
