Redacción El CoahuilenseEn medio de una creciente ola de denuncias por presuntos actos de extorsión, cobros indebidos y presión administrativa contra funcionarios y dependencias del Gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que, en distintas entidades del país, autoridades o personas que se hacen pasar por funcionarios públicos se han convertido en una de las principales fuentes de extorsión contra empresas.
Según el organismo empresarial, este fenómeno afecta especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas, además de inhibir inversiones y generar incertidumbre jurídica. Durante una conferencia realizada este 11 de mayo, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, afirmó que el delito de extorsión “está desbordado” y sostuvo que, en algunos casos, “la autoridad se convierte en un extorsionador”.
De acuerdo con el dirigente, este delito representa un impacto económico estimado en 15 mil millones de pesos anuales, equivalente a 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB). “Es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”, afirmó Sierra al presentar cifras correspondientes al primer trimestre de 2026.
Datos expuestos por Coparmex, revelan que entre enero y marzo de este año se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en el país, con un promedio de 32.4 casos diarios. Aunque la cifra representa una reducción marginal de 3.73% respecto al mismo periodo de 2025, el organismo señaló que se mantiene como el segundo nivel más alto de los últimos 11 años.
La confederación añadió que el 97% de los casos no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación. Además, detalló que 68% de las extorsiones corresponden a llamadas telefónicas, mientras que 31.2% involucran otras modalidades, incluidos cobros de piso. En el caso de empresas afiliadas que reportaron haber sido víctimas, 37% señaló que el cobro fue realizado por autoridades o personas que aparentaban serlo.
Los señalamientos ocurren en medio de una creciente discusión en Nuevo León sobre inspecciones, auditorías y presuntas presiones administrativas por parte del gobierno de Samuel García contra empresas. Apenas la semana pasada, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), presidida por Jorge Santos Reyna, informó que tres de cada 10 empresas afiliadas reportan inspecciones ilegales por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
Caintra señaló que dependencias estatales como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud realizan revisiones similares sobre un mismo establecimiento, lo que genera duplicidad de procesos, discrecionalidad y riesgos de clausura o extorsión. El organismo adelantó que impulsará una Ley de Procedimientos Administrativos para homologar criterios de inspección y reducir espacios de interpretación discrecional entre empresas y funcionarios.
Asimismo, durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, celebrada los días 20 y 21 de marzo de 2026, empresarios del sector comercial denunciaron retención de permisos, multas y cierres administrativos en distintos municipios y dependencias estatales.
En ese encuentro, el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, afirmó
que existe una “creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno” que utilizan trámites, permisos y pagos como mecanismos de presión sobre negocios y empresas.
“Imponen multas e incluso llegan al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”, declaró el dirigente frente a representantes del sector privado y autoridades estatales.
Las denuncias empresariales coinciden además con el conflicto entre el Gobierno estatal encabezado por Samuel García y la empresa extractiva Materiales Triturados Martínez (Matrimar), ubicada en el municipio de Cerralvo. Desde 2025, la compañía ha denunciado presuntos actos de “extorsión institucional” relacionados con auditorías, clausuras y cobros derivados del impuesto ambiental estatal implementado en 2022.
El caso escaló tras la difusión de audios en los que presuntamente se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa. Posteriormente, legisladores locales solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la investigación ante la presunta participación de funcionarios estatales. El Gobierno de Nuevo León ha rechazado las acusaciones y sostiene que las acciones emprendidas corresponden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales.
