AgenciaSaltillo, Coahuila.- La imputación contra la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, forma parte de una lista de exfuncionarios municipales que en los últimos años han enfrentado procesos penales derivados de investigaciones por presuntos actos de corrupción en Coahuila.
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Mientras un juez define si la exedil será vinculada a proceso por el delito de peculado, expedientes similares han alcanzado a exalcaldes de Parras de la Fuente, Monclova y Ramos Arizpe, en investigaciones encabezadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Entre los casos figura el de Ramiro Pérez Arciniega, quien gobernó Parras de la Fuente entre 2019 y 2021. El exalcalde fue detenido en enero y nuevamente en noviembre de 2023 por dos causas penales relacionadas con el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones. Las carpetas de investigación establecen un posible daño patrimonial calculado en 200 millones de pesos.
Otro expediente corresponde a Gerardo García Castillo, alcalde de Monclova durante el periodo 2014-2017. Su detención ocurrió en enero de 2023 por presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio ilegal de atribuciones y facultades en operaciones de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y administración de recursos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción también ejerció acción penal contra Evaristo Madero Marcos, exalcalde de Parras de la Fuente. El exfuncionario fue detenido en marzo de 2021 por una investigación que lo señala por la presunta venta ilegal de bienes municipales y el uso indebido de recursos públicos, con un daño patrimonial estimado en cuatro millones de pesos.
Uno de los expedientes con mayor antigüedad involucra a Ramón Oceguera, quien encabezó el Ayuntamiento de Ramos Arizpe entre 2010 y 2013. De acuerdo con las investigaciones oficiales, las irregularidades atribuidas a su administración habrían ocasionado un perjuicio económico cercano a los 70 millones de pesos.
En todos estos asuntos, los jueces de control impusieron inicialmente prisión preventiva como medida cautelar. Con el paso de los meses, los exfuncionarios obtuvieron su libertad luego de acreditar problemas de salud durante el desarrollo de los procesos.
La Fiscalía Anticorrupción informó que esos procedimientos concluyeron mediante mecanismos alternativos, una vez que los imputados aceptaron acuerdos de reparación del daño que permitieron extinguir las causas penales.
Paralelamente, la dependencia reportó desde 2023 que mantenía investigaciones relacionadas con administraciones de los 38 municipios de Coahuila. En ese mismo periodo contabilizó al menos 185 juicios de amparo promovidos por funcionarios públicos.
Según la información oficial, dichos recursos fueron presentados por 42 servidores públicos, seis particulares y una empresa. Los amparos se interpusieron contra actos como citatorios, órdenes de comparecencia, vinculaciones a proceso y modificaciones de medidas cautelares, principalmente en casos donde el Ministerio Público solicitó nuevamente la prisión preventiva.
Con información de Vanguardia
