La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una carpeta de investigación contra el empresario Adolfo del Cueto Aramburu, luego de revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal que lo beneficiaba, según documentos judiciales citados por la revista Proceso, que dio a conocer el caso.
La revocación dejó sin efectos la determinación emitida el 17 de febrero y restableció la indagatoria a partir del 26 de septiembre, lo que llevó al empresario a promover un juicio de amparo para impugnar la decisión de la autoridad ministerial.
De acuerdo con el expediente del amparo 1033/2025, la FGR ordenó agregar a los autos un oficio de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación C-6, adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros. El contenido de la indagatoria no fue hecho público.
El litigio continuó en curso. Un aviso judicial confirmó la admisión del recurso de revisión interpuesto por Del Cueto Aramburu, por lo que el asunto será analizado por un tribunal colegiado en segunda instancia.
La admisión del recurso no resolvió el fondo del conflicto legal, pero mantuvo abierta la discusión sobre la legalidad de la revocación del no ejercicio de la acción penal dictado por la FGR.
El nombre del empresario aparece en declaraciones ministeriales rendidas por Samuel y Alexis Weinberg y su socio Natan Wancier Taub, quienes obtuvieron un criterio de oportunidad con la Fiscalía.
En esos testimonios se señaló a Del Cueto Aramburu como operador desde Miami a través de la casa de bolsa Bulltick, con vínculos con el empresario Jorge Fernández Moreno, ambos identificados como intermediarios en la canalización de presuntos pagos ilícitos a funcionarios federales para asegurar contratos de la empresa Nunvav Technologies.
Bulltick dejó de operar en México tras el error operativo del 13 de abril de 2012 que provocó una caída abrupta del mercado accionario, mientras que la firma continuó en Miami y, en septiembre de 2024, Bulltick Wealth Management, LLC fue sancionada por la Securities and Exchange Commission con 175 mil dólares por incumplimientos regulatorios.





