Por Ana Castañuela
Durante el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos de Coahuila (FAETA) 2024 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño a la Hacienda Pública federal por más de 16 millones de pesos.
La ASF detectó diversas irregularidades en transferencias de recursos, servicios personales, pagos por honorarios y en la contratación de servicios durante la ejecución del fondo operado por el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y el Colegio de Educación Profesional Técnica de Coahuila (CONALEP).
Cuentas bancarias extras
A inicios del periodo auditado Mario Cepeda Villarreal, ahora subsecretario de Desarrollo e Inclusión en La Laguna, era el titular del IEEA de Coahuila, y en octubre de ese año Jaime Bueno Zertuche, exdiputado del Congreso local, tomó el cargo.
En cuanto a la dirección estatal del CONALEP, desde 2019 está a cargo del exdiputado federal priista Alfio Vega de la Peña.
De acuerdo con el informe de la ASF, el CONALEP y el IEEA abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del FAETA 2024 por 216 mil 424 pesos y 169 mil 797 pesos, respectivamente; ambas fueron notificadas en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Sin embargo, se detectó que ambas instituciones abrieron diversas cuentas bancarias adicionales con el fin de administrar y manejar los recursos del Fondo, y se identificó una mezcla de dinero de diferentes fuentes de financiamiento.
Según los resultados de la ASF, el CONALEP utilizó nueve cuentas bancarias extra para el pago de nómina, gastos de operación y para el pago de terceros institucionales, mientras que el IEEA utilizó más de 30 cuentas bancarias distintas para el pago de gastos de operación y el pago de figuras solidarias.
Pagos improcedentes
Durante la auditoría, la autoridad fiscalizadora observó diversos pagos improcedentes con recursos del Fondo de más de cuatro millones de pesos.
Mediante una muestra de 100 y 50 trabajadores adscritos al CONALEP y al IEEA respectivamente, que cobraron percepciones con recursos del FAETA 2024, la ASF constató que un trabajador del CONALEP y siete del IEEA no cumplían con los requisitos académicos que señalan las Valuaciones de Puestos, lo que, de acuerdo con la Auditoría, representa pagos improcedentes por un total de cuatro millones 778 mil pesos.
Además, el IEEA realizó pagos por 11 millones 675 mil pesos al personal de honorarios asimilados registrados en la partida 33104 bajo el concepto “otras asesorías para la operación de programas”, cantidad que rebasa el monto autorizado por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
Responsabilidades administrativas
La ASF inspeccionó diversos contratos financiados con recursos del FAETA 2024, y detectó diversas irregularidades durante los procedimientos de adjudicación.
La ASF hizo revisión del contrato número LA-64-078-905002984-N-28-2024/01, relativo a un procedimiento de adjudicación por licitación pública nacional para la contratación del servicio de “suministro y canje de vales de despensa 2024” para el CONALEP, financiado con recursos del FAETA 2024 por tres millones 617 mil pesos.
Aunque se constató que el proveedor adjudicado cumplió con los requisitos solicitados, la Auditoría determinó que no se realizaron las investigaciones de mercado correspondientes con el fin de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento para el Estado.
Durante la inspección de dos procedimientos de adjudicación –una por invitación a tres personas y otra por adjudicación directa–, financiados con recursos del FAETA 2024 por dos millones 886 mil pesos bajo el contrato IEEA-ICMTP-03-2024 relativo a la adquisición de libros de texto y el contrato de arrendamiento de un inmueble, la ASF señaló que la entidad fiscalizada no realizó las investigaciones de mercado correspondientes, y el proveedor adjudicado no se encontraba en el padrón del Estado.
Las irregularidades no terminan ahí, pues durante la revisión del contrato 001-2024 referente al arrendamiento de nueve vehículos terrestres contratados por cinco millones 729 mil pesos y financiados con recursos del FAETA por dos millones 291 mil pesos la autoridad detectó diversas anomalías.
La ASF señaló que el IEEA no realizó estudios de factibilidad, considerando la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a compra, de acuerdo con lo establecido en la norma, y se presentaron tres cotizaciones distintas que difieren de lo establecido en las bases de licitación.
La entidad fiscalizada limitó la libre participación para la contratación del servicio, no presentó documentación que acredite que los precios ofertados fueran congruentes con los precios en vigor en el mercado, y no hubo igualdad de condiciones para los proveedores participantes.
Además, el IEEA no presentó la documentación que justifique las erogaciones por más de dos millones de pesos relativas al contrato por concepto del “pago de anticipo”.
Derivado de las faltas y la opacidad del proceso, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2024-1-01101-19-0722-16-001, para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF realice las investigaciones correspondientes para aclarar los hechos, y califique la presunta responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que durante su gestión no realizaron los estudios de factibilidad correspondientes del contrato.
Destino de los recursos
De acuerdo con la ASF, la federación transfirió al gobierno de Coahuila 386 millones 222 mil 100 pesos correspondientes al FAETA 2024, de los cuales devengó 380 millones 380 mil pesos; el gobierno de la entidad reintegró los cinco millones 842 mil 100 pesos restantes a la Tesorería de la Federación después del plazo que establece la norma.
La autoridad señaló que el estado debió de haber destinado los recursos no comprometidos ni devengados a los fines del Fondo y no reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
En atención a las observaciones y faltas administrativas señaladas por la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila inició el expediente SEFIRC/CIAOIC/INV/SEDU/82/2025 para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Esta no es la primera vez que el CONALEP, el IEEA y el gobierno de Coahuila son observados por la mala ejecución de los recursos del FAETA, pues en diciembre de 2024 El Coahuilense Noticias compartió los resultados de la ASF durante el ejercicio fiscal 2021, en el que se observó opacidad en el ejercicio de recursos públicos, carencia de comprobantes de egresos e incumplimiento en las obligaciones de transparencia.
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