AgenciaPiedras Negras, Coahuila.- La Procuraduría del Medio Ambiente de Coahuila sancionó al Ayuntamiento de Piedras Negras con más de un millón de pesos tras determinar irregularidades en el procedimiento de disposición de cadáveres de animales bajo resguardo municipal.
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar Muñoz, confirmó que la resolución deriva de una denuncia presentada después de que se difundiera un video en redes sociales que exhibía presunto maltrato en el área de Bienestar Animal.
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El funcionario municipal explicó que la multa corresponde a la sanción máxima prevista en el artículo 89 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales, pero aclaró que el fallo no es definitivo.
“El video que se presentó muestra solo una parte del procedimiento de inhumación. No justifica lo ocurrido, pero tampoco acredita de forma plena lo que se señala”, puntualizó Aguilar Muñoz sobre el material visual que documentó las presuntas irregularidades.
Municipio impugnará sanción por considerar incompletos los elementos
El Ayuntamiento ya solicitó copia íntegra del expediente para preparar la impugnación de la resolución, argumentando que la autoridad ambiental resolvió con base en elementos incompletos.
Aguilar señaló que la Procuraduría argumentó deficiencias en algunas bitácoras de sacrificios que no fueron entregadas en tiempo o no cumplieron con los requisitos legales, observaciones que el municipio buscará desvirtuar durante la revisión del caso.
“Tenemos diferencias con la apreciación técnica que hizo la autoridad estatal, por eso utilizaremos los medios de defensa disponibles”, afirmó el secretario municipal.
El funcionario aseguró que el Ayuntamiento ha implementado medidas correctivas internas desde que surgió el caso, incluido un procedimiento administrativo en el área de Bienestar Animal, el cual ya fue anexado al expediente estatal para demostrar que se tomaron acciones al interior de la administración.
Aguilar también consideró “extraño” que personal de la dependencia estatal anunciara a medios la inminencia de la resolución antes de que el municipio fuera notificado formalmente, lo que según él podría constituir una vulneración al debido proceso.
El municipio defenderá jurídicamente su postura y, de ser necesario, llevará el asunto hasta el Tribunal de Justicia Administrativa, señalando que “un millón cien mil pesos es una multa elevada y no está firme“.
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Con información de Capital Coahuila |
