Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- Ante el panorama de vulnerabilidad que enfrenta el magisterio, la diputada Magaly Hernández presentó una iniciativa para crear la Ley para la Protección de la Dignidad, Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en Coahuila.
La propuesta es la evolución de una iniciativa presentada durante el año pasado por la misma legisladora, motivada por cifras alarmantes.
Según Magaly Hernández, se estima que el 90% de los trabajadores de la educación han sido víctimas de insultos, burlas o humillaciones, mientras que el 50% de los estudiantes ha presenciado agresiones físicas o verbales hacia sus maestros.
La legisladora subrayó que, además de la violencia directa, los docentes se enfrentan a un fenómeno creciente de extorsión.
“A esto se suman las acusaciones falsas o sin sustento. Tan solo el año pasado se identificaron decenas de casos en los que este tipo de señalamientos fueron utilizados para amedrentar o extorsionar a docentes”, señaló la diputada.
El objetivo central, señaló la diputada, es crear un marco normativo equilibrado que proteja a las y los docentes frente a acusaciones sin sustento y la vulneración a sus derechos humanos sin descuidar el interés superior de las infancias.
La Ley establece que, frente a quejas infundadas o maliciosa, el docente deberá ser reincorporado de manera inmediata en caso de haber sido separado de su cargo, garantizando el pago de su salario y que sus derechos laborales no se vean afectados durante el proceso hasta que exista una resolución definitiva.
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Además, la Secretaría de Educación deberá ofrecer acompañamiento psicológico, jurídico y administrativo a los docentes que se enfrenten a esta situación, y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Coahuila, deberán emitir el Protocolo Estatal para la Atención y Evaluación Preliminar de Quejas Administrativas o Escolares contra Personal Docente.
La Ley también reconoce que el personal docente tiene derecho a desempeñar su función en ambientes laborales respetuosos y en condiciones que respeten su dignidad y protejan su salud mental.
Aunque se busca proteger al docente de malas prácticas, la iniciativa señala que ninguna queja proveniente de un menor de edad será considerada dolosa o infundada de inicio, con el fin de asegurar que siempre se investigue bajo los estándares de protección infantil.
En caso de detectarse que se cometió un posible delito, las autoridades educativas estarán obligadas a dar vista inmediata al Ministerio Público.
“El personal docente no puede seguir trabajando en condiciones que comprometen su integridad y su salud, afectan a sus familias, ponen en riesgo su estabilidad económica y limitan su capacidad para enseñar, sin que existan medidas orientadas a restituir su estabilidad, su bienestar y su calidad de vida”, señaló la legisladora.
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