Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- A 15 años de la incursión del grupo criminal “Los Zetas” en el municipio de Allende, Coahuila, ocurrida el 18 de marzo de 2011, el Estado aún mantiene una deuda pendiente con las víctimas de la masacre, pues hasta ahora no han recibido una compensación subsidiaria.
Pese a que la emisión de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2018, una disculpa pública en 2019 y la admisión de una demanda de amparo en 2023, el proceso de compensación para las víctimas directas e indirectas se encuentra detenido.
El obstáculo jurídico: La “Opinión Consultiva”
Silvia Garza Villarreal, víctima de la masacre que perdió más de 15 familiares y cuyo patrimonio fue destruido por este episodio, señala que, desde el 2023, cuando se admitió una demanda de amparo en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de Coahuila, el acceso a los recursos de reparación del daño se ha visto obstaculizado por la implementación de una “opinión consultiva” impulsada por el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega.
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De acuerdo con Silvia Garza, esta figura no se ha aplicado en ningún otro Estado de la República, y se ha utilizado para postergar la entrega de los montos de reparación del daño que establece la ley.
“Se la sacaron de la manga para dilatar el proceso. La ley es clara y dice el monto de lo que debe ser la compensación, pero ellos siempre tratan de cambiar las unidades a perjuicio de las víctimas”, denuncia Silvia.
Entre la simulación
Silvia Garza señala que se trata de una simulación de respeto y garantía a los derechos, y critica que durante las reuniones plenarias “ya está todo arreglado”, por lo que la justicia no llega a quienes realmente la exigen.
“Quieren simular que son justos y que nos tratan muy bien, que los derechos humanos se cumplen en Coahuila y no es cierto, es pura mentira, es pura simulación”, asevera.
“La CEAV ha sido nuestro principal verdugo, la que más nos ha estado atormentando estos últimos años, y es quien se supone que tiene que atendernos”, señala.
Incluso, señala que los recursos de amparo y la “opinión consultiva” pueden tratarse de una práctica mala práctica coordinada entre colectivos y gobierno.
“Cada cierto tiempo pasa en plenarias, en donde se juntan los mismos colectivos y ya está todo arreglado y dicen que ellos sí cumplen y son puras porras para el gobierno, pero la realidad es otra. Nosotros batallamos con ellos para que nos den los recursos que son destinados para las víctimas y no lo quieren hacer”, sentencia.
“Nos hace mucho ruido que, cuando ya nos iban a dar algo, una abogada de ciertos colectivos mete un amparo que frena el avance para el resto. Llegamos a pensar que es el mismo gobierno el que mete esas trabas para no soltar el recurso”, expone.
Salud y patrimonio, las secuelas que no esperan
La falta de reparación no se trata solo de una cuestión económica, sino también ha afectado gravemente la salud de las víctimas.
Silvia relata que muchas víctimas se enfrentan a enfermedades graves derivadas del estrés postraumático, y aunque la CEAV ofrece rembolsarles los gastos médicos y de salud mental, para algunas de las víctimas estos servicios son impagables.
“Hay una víctima con una enfermedad autoinmune que no puede hacerse los estudios porque cuestan mucho. El Estado dice que nos reembolsa, pero tardan una eternidad y nosotros no tenemos el dinero para invertirle primero”, expone.
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Señaló también que la compensación subsidiaria representa para las víctimas un “respiro” que les permitirá iniciar proyectos de vida tras haber perdido todo su patrimonio material hace 15 años.
“No vamos a desistir hasta lograr la reparación”
Aunque, en palabras de Silvia Garza las víctimas “ya están cansadas y fastidiadas” por el incumplimiento del Estado, asegura que no desistirán hasta lograr la compensación subsidiaria.
“No vamos a quitar el dedo del renglón hasta lograrlo porque es un derecho y lo marca la ley, así que ni las mismas instituciones pueden pasarla por encima”, subrayó.
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Ante la falta de respuesta las víctimas buscarán establecer comunicación directa con el gobernador Manolo Jiménez para exigir la eliminación de trabas y el cumplimiento inmediato de la reparación del daño.
“Tenemos fe en que en que algún día lo vamos a lograr, vamos a lograr la justicia”, reiteró.
