Redacción El CoahuilensePor Andrés Flores // CEDIL
Durante los últimos años, el precio de las viviendas en la capital del estado ha mantenido una tendencia ascendente. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), el valor de la vivienda en Saltillo y la zona metropolitana ha aumentado cerca de 24 por ciento en los últimos 3 años. A nivel nacional, la Sociedad Hipotecaria Federal reportó un incremento anual de 8.2 por ciento durante el primer trimestre de 2025.
Sin embargo, el problema de fondo no es únicamente el precio. Desde una perspectiva de justicia espacial, la pregunta central no es cuánto cuesta una vivienda, sino dónde puede permitirse vivir la población.
Cuando las viviendas ubicadas cerca de los centros de empleo, servicios, escuelas y equipamientos urbanos se vuelven inaccesibles, muchas familias terminan desplazándose hacia zonas cada vez más alejadas de la ciudad. En apariencia consiguen una vivienda más económica, pero el costo real no desaparece: se transforma en horas de traslado, gasto en transporte, dependencia del automóvil y menor acceso a oportunidades.
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La consecuencia es una ciudad cada vez más fragmentada. Mientras algunos sectores concentran empleo, servicios y espacios públicos de calidad, otros quedan relegados a la periferia, donde la distancia se convierte en una barrera cotidiana. No todas las personas recorren la ciudad en las mismas condiciones ni tienen el mismo acceso a los beneficios urbanos.
Por ello, el debate sobre vivienda no debería limitarse a cuántas casas se construyen o cuánto cuestan. También implica discutir dónde se construyen, quién puede acceder a ellas y qué tan cerca se encuentran de las oportunidades que ofrece la ciudad. Al final, una vivienda digna no sólo es un techo, también es la posibilidad de habitar plenamente la ciudad.
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