Arturo Rodríguez GarcíaArturo Rodríguez García
Notas Sin Pauta
Twitter: @Arturo_Rdgz
Miguel Ángel Flores, Secretario General de Gobierno, asegura que en el Nuevo León de Samuel García, los proyectos estatales avanzan con transparencia y revisión constante. Afirma que la movilidad, la seguridad y las megaobras están bajo control y que cada centavo se destina donde debe.
Sin embargo, la realidad que describen empresarios, especialistas y ciudadanos es muy distinta: obras estratégicas canceladas o detenidas, transporte público colapsado, inseguridad en aumento y un ambiente de incertidumbre que mina la confianza en el propio gobierno. El contraste entre el discurso y el día a día es tan amplio que sus declaraciones parecen más un recurso retórico que un diagnóstico objetivo.
La falta de aliados en la iniciativa privada es evidente. Empresarios y organismos del sector han alertado sobre un clima hostil para invertir, agravado por extorsiones, trámites opacos y decisiones unilaterales del gobierno estatal.
A las quejas por el cobro de piso del crimen organizado, se suman las hechas en contra de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Tesorería (SATNL) de Carlos Contreras Segovia, que, según empresarios, presiona con cobros mensuales a cambio de no iniciar auditorías o procedimientos fiscales. Este mecanismo, señalado como una forma de extorsión administrativa, intensifica el malestar del sector privado.
De hecho, la Coparmex ha reportado que la extorsión crece de manera preocupante en el estado, mientras que la iniciativa privada ha advertido que las cancelaciones de permisos y concesiones desde dependencias se han multiplicado en el último año. Nuevo León cerró 2024 con un valor de inversión extranjera directa de 5 mil 353 millones de dólares, pero concentrada en pocos sectores, mientras proyectos de infraestructura y desarrollo urbano permanecen detenidos.
La lista de megaproyectos caídos es extensa. El caso más emblemático es el viaducto elevado de Morones Prieto, un plan de 17 kilómetros de carriles de cuota que buscaba aliviar el tráfico desde el Puente Atirantado hasta la Caseta de Guadalupe. Su cancelación oficial en junio de 2025, derivada de la decisión del gobierno de no avanzar con la Manifestación de Impacto Ambiental, dejó a la zona metropolitana sin una alternativa de infraestructura mayor para atender el creciente colapso vial, justo en la antesala del Mundial 2026.
Otros proyectos siguen en el limbo: la Línea 5 del Metro, anunciada en 2023 y sin construcción visible; la tercera pista del Aeropuerto de Monterrey, suspendida por falta de inversión; el hospital infantil en el penal del Topo Chico, detenido antes de iniciar; la Gigafactory de Tesla, que nunca pasó de la promoción; y la ampliación de carriles en el Puente Colombia, sin fecha de arranque. Incluso la compra de camiones eléctricos para el transporte público sigue sin concretarse.
En tanto, la Línea 6 operará solo con cinco estaciones para el Mundial y el resto se concluirá en 2027, mientras que la Línea 4 fue reducida en extensión y plazos, con apertura parcial prevista para junio de 2026. La compra de nuevos camiones eléctricos para el transporte público también avanza con lentitud, lo que agrava un problema que ya es crítico: el tráfico en la zona metropolitana de Monterrey provoca, según el (Instituto Mexicano para la Competitividad) IMCO, pérdidas superiores a 100,000 horas-hombre diarias, un golpe directo a la competitividad.
En materia ambiental, la iniciativa privada ha invertido en equipos y procesos para cumplir con estándares internacionales de calidad del aire, pero el avance se frena por un gobierno que prioriza medidas punitivas antes que consensos técnicos. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, de Jorge Humberto Santos Reyna, ha insistido en que la solución requiere mediciones rigurosas, espacios técnicos y colaboración real entre autoridades y empresas, algo que no se observa.
La seguridad es otro flanco abierto. Además del repunte de delitos de alto impacto en municipios como Apodaca, Escobedo y Juárez, la extorsión se ha convertido en un costo fijo para negocios, tanto por el crimen organizado como desde instancias gubernamentales que condicionan trámites o contratos. Esta situación ha deteriorado el piso parejo que debería existir para la operación de las empresas y ha incrementado los costos de producción y operación.
Con miras a las elecciones de 2027, la narrativa oficial busca blindar la imagen del gobierno y de sus operadores políticos, pero la confianza está desgastada. El sector productivo paga más por seguridad, enfrenta transporte deficiente y sufre trámites inciertos, mientras el Estado prioriza el control político sobre la solución de problemas estructurales. El resultado es una economía que podría crecer más, pero se frena por la falta de visión y la distancia entre el gobierno y quienes generan empleo.
El negocio perdido de Capufe
¿Le suena este nombre? Manuel Rodríguez Arregui, pues fue subsecretario de la SCT cuando la encabezaba Luis Téllez en el sexenio de Felipe Calderón, y todo indica estaría de vuelta, si es que alguna ves se fue, de la vida y los negocios públicos.
En semanas previas habría estado moviendo piezas en los medios de comunicación para denunciar una licitación que perdieron las empresas que durante años controlaron la operación y mantenimiento de equipos de peaje y telepeaje en las principales autopistas del país, estas parte de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Este personaje, ligado a Roberto Hernández, exdueño de Banamex y crítico férreo del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador, acusa que la propuesta ganadora fue más cara, pero omite que las compañías que defiende no presentaron ofertas completas, dejando partidas en blanco o con cifras simbólicas. La pregunta es inevitable, ¿por qué tanto interés en un contrato perdido?
Ante esto, en Palacio Nacional ya tomaron nota y, según fuentes de esta columna, tanto al interior de Capufe, al mando de Rubén Arturo Hernández Bermúdez, como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Omar Reyes Colmenares, junto con instancias judiciales tendrían en la lupa posibles maniobras para sabotear los servicios en las casetas mediante escritorios remotos.
El caso, que podría revelar vínculos de negocios y presiones políticas entre exfuncionarios y operadores privados, se perfila para escalar hasta las últimas consecuencias legales. Al final, más allá de las declaraciones mediáticas, lo que está en juego es quién realmente controla (y a qué costo) el flujo millonario del peaje en las carreteras del país. No pierda de vista el nombre de las empresas Controles electromecánicos y Kapsch; así como Controles Electromecánicos y Kapsch TrafficCom.
Cuéllar, liderazgo
Pendientes este fin de semana con el Primer Informe de Gobierno del Vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien recorre entidades como Hidalgo, Nuevo León y el Estado de México. Aquí, se sabe que dará hoja de ruta dentro del obradorismo, lastimado por los recientes autogoles de figuras clave, ejerciendo valores contrarios a los impulsados desde Palacio Nacional.
Recordemos que el fundador del Barzón se ha vuelto el alfil favorito de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y es en quien ha depositado su confianza para operar temas clave como la Reforma Electoral y la eliminación del fuero constitucional. Mientras morenistas de estirpe suman escándalos de corrupción, opulencia y vínculos con grupos delincuenciales, el diputado afianza su liderazgo para darle viabilidad legislativa al proyecto de la 4T en un partido que pareciera haber perdido la brújula. Al tiempo
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