Redacción El Coahuilense
Por Jaime Martínez Veloz
Las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblos indígenas.
El 16 de febrero de 1996, después de más de un año de encuentros y desencuentros se concretó el primer acuerdo de paz entre el EZLN y el gobierno federal en materia de derechos y cultura indígenas. Este tema era el primero de la agenda acordada por las partes; faltaban por discutir otros cinco: Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, el tema de la Mujer, la reconciliación en Chiapas y el Acuerdo Final de Paz.
Llegar a ese día no había sido fácil, el camino de la negociación había estado empedrado de obstáculos.
Los acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas fueron pactados en el marco de una negociación amparada por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión el 11 de marzo de 1995, son el resultado de un proceso de negociación que contó con el respaldo, la autoridad y el compromiso de todas las fuerzas políticas del país y todas las instituciones de la República.
Vale la pena recordar que la construcción de estos acuerdos se realizó durante varios meses de trabajo y consulta de las comunidades indígenas, asesores, investigadores, delegaciones del gobierno federal y del EZLN, con la participación de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y la coadyuvancia de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), con una cobertura de los medios nacionales que dieron fe y fueron testigos de un proceso serio y responsable. Por ello resulta deleznable la posterior campaña de calumnias alimentadas desde las oficinas del poder político y económico en contra de un proceso ejemplar de construcción de acuerdo.
Esto, que se dice fácil, se construyó en medio de una realidad compleja, donde las tensiones, provocaciones y confrontaciones casi siempre aparecían cuando se avanzaba en las posibilidades de diálogo entre las partes.
La vieja pretensión de reducir el conflicto indígena a cuatro municipios de la geografía chiapaneca, que responde a la lógica reduccionista de aquellos que pretenden minimizar el impacto del levantamiento armado de enero de 1994, ha demostrado su falsedad, cuando los conflictos que enfrentan las comunidades, en todos los rincones del país, tienen como común denominador el despojo, la exclusión y la violación constante de sus derechos por parte de instituciones, funcionarios y sobre todo voraces compañías trasnacionales, que sin recato explotan –o están en vías de hacerlo– los recursos naturales de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y ejidales de nuestro país.
Por ello el escenario de incertidumbre constante en el que se ha desarrollado la negociación en Chiapas debe ser analizado en el contexto de una reflexión positiva sobre el futuro de la concertación y sus posibilidades reales de allanar el camino hacia la paz.
Diversos sucesos han entorpecido el diálogo para concertar una paz definitiva y avanzar hacia la solución de fondo a los problemas políticos, económicos y sociales que tuvieron en el alzamiento de Chiapas una expresión extrema.
Desalojos, presencia de grupos paramilitares, enfrentamientos por motivos políticos o religiosos con saldo de heridos y muertos, acciones judiciales inoportunas, violencia rural, son sólo algunos de los hechos que gravitaron durante el proceso de negociación en Chiapas.
En paralelo, el ambiente de enrarecimiento se acrecentó con campañas de desprestigio contra las instancias de intermediación, descalificaciones a priori a propuestas de las partes, amenazas anónimas contra personalidades y organizaciones que han apoyado el proceso de paz. La suma de acontecimientos impide aceptarlos como naturales o fortuitos. Hay bases para pensar en la existencia de importantes niveles de influencia y acción por parte de sectores que con una visión estrecha desearon una salida sin futuro: el aplastamiento del movimiento armado.
Los planteamientos de los poderes Ejecutivo y Legislativo que llevaron a aprobar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas partieron de la base de que al EZLN lo integra un grupo de mexicanos con intereses legítimos, que plantea demandas sobre una realidad de incontrovertible injusticia.
Ese, por lo demás, ha sido el punto de partida que desde el inicio del conflicto en Chiapas motivó la persistente posición de la mayoría de la opinión pública nacional, que ha exigido una y otra vez el logro de la paz en Chiapas por la vía del diálogo y a partir de resolver las justas demandas de los sectores indígenas, zapatistas o no.
La exigencia nacional es encontrar el marco legal y operativo que garantice en forma fehaciente la resolución de las justas demandas sociales, económicas y políticas esgrimidas por el EZLN como base de su alzamiento y que han sido reiteradamente aceptadas por las autoridades como reflejo de una problemática real.
No obstante este consenso social sobre la forma de resolver el conflicto, desde enero de 1994 se han manifestado dos formas de comprender el fenómeno chiapaneco y de cada una de ellas se desprenden estilos distintos de abordar la negociación.
Una, que entiende el levantamiento indígena como parte del agotamiento de las formas políticas, sociales y económicas con las que hemos vivido, para de aquí desprender la solución al conflicto dentro de los grandes cambios exigidos por la mayoría nacional.
Otra, que toma al conflicto como algo aislado, sin connotaciones nacionales, que hay que desactivar puntualmente. Esta vía les permitió llevar la negociación al límite y apuesta al desgaste de su contraparte, más que a la celebración de acuerdos.
La elaboración de la iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígena derivada de dichos acuerdos fue redactada en San Cristóbal de las Casas por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), en noviembre de 1996, por acuerdo de las partes: gobierno federal y EZLN.
La iniciativa de ley es una transcripción puntual de los acuerdos de paz firmados. El contenido de la iniciativa de ley indígena de la COCOPA es el contenido de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
¿Cómo se construyó la Iniciativa de Ley indígena por parte de la COCOPA?
Don Luis H. Alvarez, senador en ese tiempo (noviembre de 1996) y presidente de la COCOPA, nos convocó a los miembros de la comisión legislativa a reunirnos en San Cristóbal de las Casas. Llegamos todos: Heberto Castillo, Pablo Salazar, Juan Guerra, César Chávez, Pepe Narro, Rodolfo Elizondo, Juan Roque, Óscar López Velarde, Marco Michel, Oscar González, Benigno Aladro, excepto Fernando Pérez Noriega, quien andaba fuera del país, y nos encontramos en el hotel Flamboyant.
La COCOPA tenía casi dos años de existencia y enfrentaba toda clase de situaciones y provocaciones contrarias al espíritu de la paz en Chiapas.
La discusión fue intensa, pero fructífera. Las conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal se efectuaban al amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que contaba con el respaldo de las instituciones de la república, cámaras legislativas, poder ejecutivo, partidos políticos, organizaciones sociales, sociedad civil y ciudadanos.
El proceso de paz y negociación no era un acto de buena voluntad ni una ocurrencia, sino una acción ciento por ciento republicana.
La agenda de diálogo acordada entre el gobierno federal y el EZLN se organizó por temas de interés común a través de un procedimiento de consultas mutuas, así como un método de trabajo que permitiera que cada acuerdo tuviera la legitimidad que reclamaban los actores involucrados en el conflicto.
El primer tema a discutir fue Derechos y Cultura Indígenas, después seguirían: Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Los derechos de la Mujer, La Reconciliación en Chiapas y El acuerdo final de Paz.
El tema Derechos y Cultura Indígenas se discutió de octubre de 1995 a febrero de 1996, mes en el que el gobierno federal y el EZLN firmaron lo acordado. Contrariamente a la buena disposición mostrada durante la negociación del primer tema, en la discusión sobre Democracia y Justicia la delegación gubernamental enmudeció, se mostró insolente y arrogante, revelando una actitud impropia, por lo que el diálogo se convirtió en monólogo; en la mesa de negociación había dos partes, pero el gobierno no hablaba.
Mientras esto sucedía, los partidos negociaban con el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, una reforma electoral que no incluía el tema indígena.
Por la vía de los hechos, el diálogo entró en crisis, producto de la actitud del gobierno y las dirigencias partidarias. Al término formal de las sesiones de trabajo sobre ese tema, con justa razón el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto el gobierno federal no modificara su actitud y cumpliera lo pactado en el tema Derechos y Cultura Indígenas.
En este contexto, los miembros de la COCOPA nos reunimos, y después de una intensa valoración de argumentos a favor y en contra, por unanimidad decidimos elaborar una iniciativa de modificaciones constitucionales sobre la base del respeto puntual y escrupuloso del texto pactado entre gobierno y EZLN en materia de Derechos y Culturas Indígenas. El acuerdo logrado en la COCOPA condicionaba la elaboración de la iniciativa de ley a que gobierno y EZLN asumieran el compromiso de que la misma sería el documento que se enviaría al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.
Desde el salón de trabajo del Flamboyant, don Luis H. Alvarez y Heberto Castillo, ante todos los miembros de la COCOPA, llamaron al subcomandante Marcos y a Chuayfett para darles a conocer nuestra propuesta y su aprobación o no al acuerdo de la comisión legislativa.
Ambos representantes de las partes en conflicto dieron su consentimiento y nos dimos a la tarea de elaborar la denominada ley COCOPA, cuyo contenido es una traducción literal de lo que se conoce como acuerdos de San Andrés en materia de Derechos y Cultura Indígenas.
Concluida la iniciativa de ley, enviamos simultáneamente una copia del texto a la comandancia zapatista y otra, vía fax, al gobierno federal.
La respuesta del EZLN fue de aceptación, a pesar de «que tiene algunas lagunas consideramos que hay un avance importante»; incluso Marcos fue mas allá y dijo: «si siguen las señales por buen camino, lo más seguro es que la paz se firme en el primer trimestre de 1997» (La Jornada, 3/12/96). ¡Te imaginas vos, la paz a la vuelta de la esquina!
Sin embargo, la paz que tanto anhelábamos los mexicanos tenía enemigos: Ernesto Zedillo, su empleado Chuayfett, las dirigencias partidarias y quién sabe cuántos más. Al llegar a la reunión en Gobernación, Chuayfett nos recibió tratando de mostrarse como un constitucionalista, cuestionando la iniciativa de ley y señalando que tenía algunas observaciones de «técnica jurídica».
Poco después, en una reunión que sostuvimos con el presidente Zedillo, éste le enmendó la plana y le aclaró: «Emilio, no es un asunto de técnica jurídica. Tú porque eres del altiplano no eres tan claro como nosotros los del norte. No estoy de acuerdo con la iniciativa y punto». Delante de una subcomisión de la COCOPA, en un ambiente tenso, lo enfrenté: «Usted será el presidente, pero es el responsable de lo acordado en San Andrés». Me respondió con la mirada fija y la quijada rígida: «Si hubiera sabido lo que iba a firmar Bernal, hubiera preferido haberme esperado dos o tres meses para que no firmara lo que firmó».
Todavía socarrón le contesté: «Pero el hubiera no existe. La iniciativa contiene literalmente lo que su gobierno firmó con el EZLN». Apretó más la quijada y casi nos corrió de Los Pinos.
Heberto, don Luis, Pepe Narro y Juan Roque, uno a uno expusieron sus argumentos y defendieron con firmeza la iniciativa de ley, pero salimos con rabia, impotencia y el corazón destrozado ante la actitud presidencial. Fue la última vez que la COCOPA se reunió con Zedillo.
Un año después, cuando sobrevino la masacre de Acteal, el presidente se decía condolido. La hipocresía no tiene límites en la salas del poder: tuvo la paz a su alcance y la mandó al carajo. ¿De qué chingaos lloraba?
Al mismo tiempo, la ofensiva propagandística contra la iniciativa de la COCOPA fue tan brutal como mentirosa.
Al terminar esta última reunión de la COCOPA, el presidente Ernesto Zedillo, (diciembre de 1996) se comprometió a responder a las zapatistas con un documento de observaciones a la Iniciativa de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígenas.
Pero al estilo de Zedillo, el documento de observaciones no era tal, sino una nueva Iniciativa de Ley que desconocía lo pactado en San Andrés Larráinzar.
Con la estrategia presidencial nos echó montón el mundo, articulistas cercanos a la Presidencia de la República, empresarios y “constitucionalistas” oficiales acusaron a la COCOPA, de pretender “Balcanizar” el País, atentar contra la soberanía nacional; a Pablo Salazar y a mí nos acusaron de haber “traicionado” a Zedillo, dado que en nuestro carácter de priístas deberíamos de haber obedecido ciegamente la línea presidencial.
En plena etapa de presidencial de descalificación de la Iniciativa de Ley Indígena, incluso el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, fue parcial al afirmar que “la COCOPA era una comisión que representaba sólo a un grupo de indígenas de Chiapas (sic) y calificó de ignorantes a los que pretendían reformas constitucionales para la Autonomía de los pueblos indios, en virtud de que una reforma que diera autonomía a los pueblos indígena pondría en riesgo la soberanía nacional ya que se convertirían en pequeños estaditos independientes y soberanos”.
La boruca sustituyó la sustancia, pero nadie pudo demostrar ni lo ha podido hacer, que el contenido de la Iniciativa de Ley COCOPA, sea distinto al contenido de lo pactado en San Andrés. Este elemento nunca fue tratado por los articulistas o constitucionalistas aduladores de la Presidencia de la República. Es decir, si existía inconformidad con la Iniciativa de Ley, deberían haber cuestionado al Ejecutivo por haber pactado en los términos que lo hizo. Pero nunca lo hicieron, porque sus posturas eran parte de la estrategia presidencial del desconocimiento en los hechos de los Acuerdos de San Andrés.
Por otro lado, y con justa razón, el EZLN nos planteó la necesidad de definir nuestra postura ante la posición presidencial y la propia Iniciativa de Ley.
Al interior de la COCOPA, la presión se hizo presente; a los del PAN se les colocó marcaje personal para que no insistieran en seguir apoyando la Iniciativa de ley; en el PRI, a Pablo Salazar y a mí se nos mandaban recomendaciones de la Presidencia y Gobernación para retirarnos del proceso de negociación. Sin ningún argumento, sino sólo porque había “razones de Estado”, el presidente Zedillo y el Subsecretario de Gobernación Arturo Núñez, le pedían ayuda a mis amigos Mario Luis Fuentes (Director del DIF) y Carlos Rojas (Secretario de Desarrollo Social) para que me convencieran de desistir de apoyar la Iniciativa de Ley. Ambos entendieron mis razones y fueron respetuosos de las mismas.
Dionisio Pérez Jácome, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno Federal, con un doble discurso presidencial reiteraba la disposición de las autoridades para sumar a los indígenas al desarrollo y reconocer sus derechos, pero eso sí “sin vulnerar el marco jurídico hecho para todos los mexicanos”.
No obstante las presiones y dado que las posturas de la COCOPA se definían por consenso, en nuestra respuesta al EZLN no logramos el acuerdo para continuar adelante con el proceso legislativo de la Iniciativa de Ley, pero sí sostuvimos la Iniciativa de Ley como parte sustancial del proceso de negociación, desde el momento en que en el punto número tres del pronunciamiento público de la COCOPA del 4 de Marzo de 1997 precisamos: “La COCOPA con las consideraciones que a continuación se mencionan, sostiene la propuesta de reformas constitucionales en materia indígena de fecha 29 de noviembre de 1996, que es el resultado de un esfuerzo honesto y serio de todos sus miembros para conciliar las diferencias de las partes”.
Después de casi dos meses de toma y daca, quienes sosteníamos una postura en defensa de la Iniciativa, en medio de presiones intensas, habíamos logrado el consenso para impedir sacar del proceso de negociación a la Iniciativa de Ley COCOPA, cuyo referente es y ha sido obligado en la búsqueda de cualquier escenario que permita un desenlace positivo para el proceso de paz.
Aunque nuestra respuesta no fue la que esperaría el EZLN de la COCOPA, y su contestación fue muy severa a la misma, la Iniciativa de Ley, seguía como una de las partes sustantivas de la negociación, ante el desencanto presidencial.
Posteriormente en el año de 1998, el Presidente Zedillo, turnó una Iniciativa de Ley Indígena al Congreso de la Unión, la cuál no tenía nada que ver con los Acuerdos de San Andrés; dicho acto sólo buscó crear un clima de distracción pública, porque detrás de la misma turnó la Iniciativa de Ley del Rescate Bancario, que ha hipotecado el futuro de varias generaciones de mexicanos.
De esta manera, de nueva cuenta por “razones de Estado” el gobierno utilizaba y manipulaba el tema indígena como bola de humo, para imponer una de las leyes (IPAB) más leoninas y draconianas que recuerde el país.
En la campaña presidencial del año 2000, “los Acuerdos de San Andrés” se convirtieron en uno de los temas principales. El candidato Vicente Fox, se comprometió a cumplirlos.
Ya como presidente de la República, en un acto propagandístico, sin trabajo de operación política ni construcción de acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, el mandatario turnó la Iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena elaborada por la COCOPA, al Senado de la República, acompañándola de una intensa campaña publicitaria.
El ex Secretario de Gobernación Santiago Creel, nunca reunió a los coordinadores de los grupos parlamentarios y mucho menos a la COCOPA, para diseñar una ruta de trabajo con el propósito de desahogar tan importante tema. Sólo conferencias de prensa con la voz impostada y haciendo alardes de muchacho chicho, deslindándose siempre del resultado legislativo.En su “brillante estrategia de dar atole con el dedo”, el “bueno de la película” sería el gobierno federal y los “malos”, los muchachos del Congreso, para lo cual Diego Fernández se prestó con mucho gusto y se llevó al baile incluso a los senadores del PRD.
Casi en paralelo a la presentación de la Iniciativa de Ley Indígena por parte del ejecutivo federal, el EZLN realizó una exitosa caravana del sur al centro del país. Las movilizaciones en torno al zapatismo y a la causa indígena fueron enormes y vibrantes. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Puebla y Tabasco vieron pasar la caravana zapatista, en medio de grandes muestras de apoyo y solidaridad.
La movilización social generó grandes expectativas en torno al gran pendiente indígena. Por la calidad y cantidad de apoyos hacia los zapatistas, parecería que el Congreso de la Unión sabría leer lo que de él esperaban los pueblos indígenas del país.
A su llegada al Distrito Federal, se concretó una reunión entre la COCOPA y el EZLN en la Escuela de Antropología. Los nuevos miembros de la Comisión Legislativa, acostumbrados a “recibir línea” de sus líderes parlamentarios, aceptaron llevar una propuesta “cuentachiles” para el establecimiento de un formato de diálogo entre el Congreso de la Unión y el EZLN; casi se le proponía a los zapatistas, “verse en lo oscurito” y no de frente a la Nación.
La respuesta del EZLN fue enérgica y demandó hacer uso de la tribuna del Congreso de la Unión para aportar sus argumentos en relación con la propuesta de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígena. Ante dicha petición, la derecha mexicana se mostró horrorizada y se preguntaba en voz alta, “¿Cómo es posible que indios desarrapados quieran hablar en la más alta tribuna de la Nación?”.
El debate en el Congreso de la Unión fue intenso, las derechas del PAN y del PRI, mandaron sus “expertos juristas” para impedirle a los indígenas su pretensión. Pero lo que estaba discutiéndose no era un hecho cuya interpretación fuera de carácter jurídico, lo esencial y el fondo de este debate era si el actual sistema político incluía o no a todos los mexicanos.
Esta cuestión, que taladra a los más conspicuos personajes de la política mexicana, intentó ser detenida infructuosamente por la derecha parlamentaria. Por 10 votos, ganamos en la Cámara de Diputados la votación para que los indígenas hicieran uso de la tribuna del Congreso de la Unión.
La maniobra del ejecutivo federal estaba clara, él mandaba la iniciativa de Ley Indígena, pero los legisladores de su partido se oponían a cualquier acción en favor de ella, y aunque perdieron esta votación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se fraguó el Dictamen sobre la Ley Indígena, el cual tiró al cesto de la basura todo el esfuerzo y trabajo de años de funcionarios del propio gobierno, del propio Congreso de la Unión, del EZLN y de grandes núcleos de la Sociedad Civil
La ley aprobada no tiene nada que ver con el proceso de negociación, ni con el contenido de lo esencial de los Acuerdos de San Andrés.
No fue aceptada ni por los zapatistas, ni por ningún pueblo indígena. Como aportación para la paz, no sólo es una traición, sino un fracaso.
Los Acuerdos de San Andrés Larrainzar en materia de Derechos y Cultura Indigena, es el proceso de construcción de acuerdos más amplio y horizontal que se ha producido en México en las últimas décadas. Ahí están expresados los pensamientos no sólo del EZLN, sino de la mayoría de los pueblos indígenas del país.
Sin embargo, la reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001, excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, que habían sido acordados en San Andrés
El no cumplimiento de estos acuerdos, ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos.
La apuesta de las cúpulas políticas y económicas de reducir la compleja problemática indígena a un asunto solo de programas sociales, ha fracasado. Los datos del CONEVAL no mienten.
Durante los últimos años, los movimientos indígenas nacionales han planteado de manera recurrente el reconocimiento de sus derechos colectivos; estas exigencias buscan que los derechos sean parte del orden normativo del país en atención a la diversidad y particularidad de los pueblos, y representan su plataforma étnico- nacional, sustentada en los avances internacionales en la materia.
• El reconocimiento y protección de los derechos indígenas se configuran a partir de los siguientes elementos:
• Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos;
• Establecimiento de los derechos de los pueblos a disponer de los medios para su reproducción y sobrevivencia;
• Derecho de los pueblos al desarrollo;
• Derecho al ejercicio de su cultura y su conservación;
• Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que aseguren el ejercicio de estos derechos.
A través del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y de la armonización del marco legislativo y constitucional nacional con el internacional, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo que permita a las comunidades indígenas, salir del atraso, la pobreza y conflictividad en que subsisten.
Estos cambios permitirán resolver las tensiones históricas, que de no ser atendidas por la vía institucional generarán más conflictos y un posible choque cultural, que puede generar violencia y vulnerar la gobernabilidad del Estado Nacional.
No hay lugar para regateos; las instituciones del Estado estamos obligadas a construir soluciones que reviertan esta situación injusta y desigual.
Las salidas deben ser estructurales, sólo de ese modo se logrará que los cambios sean endógenos y permanezcan en las comunidades; se trata de generar una dinámica indígena de prosperidad que contribuya a la construcción de un país moderno y pluricultural, donde lo indígena deberá ser parte una profunda reforma democrática del Estado Mexicano, es decir de un nuevo contrato o un nuevo pacto nacional.
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