Alito, el incalumniable

Por Arturo Rodríguez García

Hace un par de décadas escuché por primera vez una expresión, en voz de un conocido al que le llegaron con un chisme: “soy incalumniable, todo lo que digan de mí, es cierto”. 

La escucharía en muchas ocasiones más, chascarrillo este de autoafirmación en el cinismo que tuvo su mayor popularidad cuando fue pronunciado por Félix Salgado Macedonio, el senador y gobernador de facto en Guerrero, al calor de las acusaciones por abuso sexual que se le hacían en 2021.

Hoy, al que ya se le puede aplicar sin lugar a dudas el fraseo es al dirigente nacional del PRI y aspirante a serlo hasta su extinción, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido por el juvenil y cariñoso apodo que debió dejar atrás hace algunos ayeres, “Alito”.

Las revelaciones vienen de lejos, inclusive antes de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hubiera difundido los famosos audios, ese testimonio ineluctable de imbecilidad, vulgaridad, patanería, perversión y vicio. Porque desde la gobernatura, la proclividad al boato y lujo era bullicio generalizado en un Campeche donde el riesgo de señalarlo era recibir una “verguiza. Verguiza salvaje”.

Una mansión de 300 millones de pesos y ¡una playa! Una playa personal con terreno de 300 hectáreas deberían ser motivo de la más exhaustiva investigación, el ostracismo político y el rechazo de la militancia de un partido que ha tocado fondo electoral y políticamente, pero con una cúpula que –al avalar la reforma estatutaria y la reelección– toca el más profundo fondo de la inmoralidad.

A estas alturas, lo que se diga de Alejandro Moreno ha dejado de sorprender, en especial por la protección que desde algún espacio de poder se le ha brindado para que cumpla quién sabe con qué cometidos.

Edomex en alerta por placas vehiculares

No ha caído nada bien en el gobierno de Delfina Gómez que a escasas tres semanas de iniciado el proceso de reemplacamiento en la entidad –trámite obligatorio a todo poseedor de vehículo con 5 años de antigüedad–, decenas de usuarios han manifestado su descontento.

El problema, como ya lo exhibíamos en este espacio en entrega precedente, es por la calidad de las láminas, por su rápido deterioro y el desvanecimiento de la pintura. 

La actualización de placas vehiculares en la entidad corre a cargo de la empresa Placas y Señalamientos Mexicanos S.A. de C.V., firma que ya tuvo este tipo de problemas en otras entidades como Querétaro y Veracruz, sin mencionar que sus competidores se quejaron porque, alegaban, en las licitaciones se incluían requisitos que esta empresa tenía patentados, es decir, licitaciones a modo. 

Paulina Moreno García, actual Secretaria de Finanzas está muy atenta al tema, pero la situación podría ser más que compleja, toda vez que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes que lleva Jorge Nuño es la responsable de vigilar el cumplimiento de la norma que establece especificaciones técnicas como la durabilidad de la pintura y material, sin embargo, ésta no cuenta con laboratorios autorizados, por lo que la vigilancia corre, por un decreto en el año 2000, a cargo del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del IPN (CIITEC), dirigido por Ricardo Rafael Ambriz Rojas.

Y es aquí donde podría radicar el problema, ya que ni la propia Entidad Mexicana de Acreditación, organismo que acredita y evalúa la competencia técnica de laboratorios, organismos de certificación y unidades de verificación en México, tiene vela en este entierro. 

La administración de Delfina Gómez ha sido muy enfática en que estará atenta a que las empresas que brinden productos y servicios al gobierno cumplan con estándares nacionales e internacionales de calidad. 

Se espera que en los próximos días el gobierno del estado realice una revisión exhaustiva del proceso de licitación, así como una auditoría a las empresas participantes y a los criterios de selección que llevaron a elegir a Placas y Señalamientos Mexicanos S.A. de C.V., de José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista, y sancione a la empresa responsable, para evitar que sean los ciudadanos quienes tengan que pagar por un error que no cometieron y, por supuesto, los problemas de seguridad que una placa en deterioro provoca.

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