Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
Resguardar los mercados internos es una de las premisas del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump. En contraste al proteccionismo exacerbado, un vistazo a las compras que se realizan en territorio mexicano permite advertir que las autoridades mexicanas harían bien en pensar tres o hasta 10 veces si se da continuidad o no a la apuesta por compañías asiáticas.
Uno de los ejemplos más claros se ubica en los vehículos pesados, porque más de un gobierno estatal o municipal han optado por importar unidades desde el lejano oriente, lo cual no solo es un reto brutal en materia de autopartes y mantenimiento, también representa un freno para la industria automotriz instalada en México, a pesar de su liderazgo y la calidad probada de sus tecnologías a nivel nacional e internacional.
Por ejemplo, en 2021, Enrique Alfaro anunció con ‘bombo y platillo’ que estaba por llegar a Guadalajara una flota proveniente desde China para atender el transporte público de la Zona Metropolitana.
No es el único cargamento del mismo tipo que ha cruzado el océano, en el listado está el caso de Monterrey que, en 2023, padeció los estragos de haber recurrido a arrendadoras que pretendieron traer desde Shangai por lo menos 400 unidades. Error garrafal pues además de los severos retrasos, posteriormente se documentó que al poco tiempo cientos de unidades se encontraban detenidas.
Lamentablemente, no son las únicas entidades que se han olvidado de impulsar el trabajo realizado en suelo mexicano, también figura Querétaro, en donde han salido de circulación más de 300 autobuses chinos que había comprado la concesionaria Móvil QroBús para el sistema de transporte del estado, precisamente por fallas o ausencia de refacciones.
El resultado de estas alianzas es atroz. Además de que han afectado a miles de usuarios, los recursos del pueblo fueron dirigidos nuevamente a firmas asiáticas; así, la inversión pública va a parar a empresas que no generan ni empleo ni derrama en México, mientras a la par se golpea a los estudiantes y profesionales que son motor de la economía.
Y es que, al no tener asentadas en el país sus plantas, centros de asesoría, distribución o servicios cercanos, se sufren prolongados tiempos de espera.
Aún peor. Las pérdidas recaudatorias que representa no recurrir a compañías locales –sin dejar de lado las dificultades en materia logística, administrativa y normativa–, la poca transparencia que suele caracterizar a las compañías chinas, así como los casos en que organismos de control de sobornos han acusado a Pekín, por ejemplo, en su reticencia a procesar a individuos chinos acusados de dicho delito por contrataciones en el extranjero.
Sin duda, se trata de un tema de análisis para el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum y para los gobiernos de la llamada 4T, pues son muchos los casos de actores políticos que en su desenfreno por ofrecer resultados a la ciudadanía, optan por satisfactores claramente efímeros en el transporte público.
Lupa en alimentos
En el sector de despensas y alimentos se sabe que la gobernadora Defina Gómez habría pedido revisar el proceso en el que le fue asignado un contrato por más de 2 mil millones de pesos a la empresa Despensas y Provisiones de Alimentos SA de CV (Dypasa), firma que ha sido señalada en diversas investigaciones por sus vínculos con el pasado priísta en la entidad, pues de manera directa estaría involucrada la ex primera dama Angélica Rivera y el ex gobernador Alfredo del Mazo.
El actual gobierno ha reiterado su compromiso con la austeridad y el buen manejo de los recursos públicos, por lo que se afirma no permitirán que nadie en su equipo deje de seguir los lineamientos de la Cuarta Transformación.
Será la Oficialía Mayor la encargada de revisar y dar certeza jurídica a este proceso, o en su caso, reponerlo. Faltaba más.
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