Redacción El Coahuilense
Por Arturo Rodríguez García
En la era de la cuarta revolución industrial, con los primeros destellos de la quinta que se asoma en el horizonte, México parece anclado en una realidad paralela donde las nuevas tecnologías y su regulación son meras sombras en la periferia de la agenda legislativa.
Mientras el mundo avanza a pasos agigantados en la materia de derechos digitales, ciberseguridad y regulación tecnológica, nuestros legisladores parecen sumidos en un letargo que desafía el ritmo vertiginoso de la innovación.
A pesar de la aprobación de un acuerdo por las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación, el pasado 13 de febrero, para establecer la metodología de dictaminación de la Ley Federal de Ciberseguridad, el avance ha sido lento y plagado de burocracia, pues no es secreto que desde el inicio de la administración de López Obrador, la ciberseguridad ha sido relegada a un segundo plano.
Con un total de 19 iniciativas legislativas presentadas y sin avance significativo, el mensaje es claro: las nuevas tecnologías y su regulación no son prioridades. En el tema de ciberseguridad, los ataques a instituciones como la Sedena, Pemex, Secretaría de Economía, la Lotería Nacional, entre otras parecen no haber sido suficientes para encender las alarmas en el ejecutivo.
Pero la falta de acción no sólo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que también frena el crecimiento de industrias emergentes, como la casinera y los juegos de apuesta online, que claman por una regulación actualizada.
Durante la IV Convención Internacional del Juego con Apuesta, organizada por AIEJA bajo la dirección de Miguel Ángel Ochoa Sánchez, y que se celebró esta semana en la Ciudad de México, se destacó esta preocupación.
La ausencia de un marco legal adecuado ha dejado que el 60% de las apuestas digitales operen en la ilegalidad, una estadística alarmante que resalta la urgencia de actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947 y obsoleta ante los avances tecnológicos actuales.
Esta regulación no sólo brindaría certeza jurídica a los inversionistas, sino que también podría aumentar las contribuciones al fisco, pues cabe recordar que la industria regulada y vigilada por la Secretaría de Gobernación de Luisa María Alcalde, aporta más de 12 mil millones de pesos anuales en impuestos y sostiene hasta 200 mil empleos.
Claro está que para algunos, lo ideal sería que casinos y apuestas fueran prohibidos. Sin embargo, no hay viabilidad para una medida de esa naturaleza, tanto que no en la autonombrada “Cuarta Transformación” se plantearon esa posibilidad y si acaso, el presidente López Obrador se propuso no emitir nuevos permisos.
De hecho, el gobierno actual parece reconocer, aunque tardíamente, la importancia de abordar el desafío. Al apoyar la promulgación de una nueva Ley de Juegos y Sorteos, buscaría no sólo regular el 60% del mercado en línea que hoy día se escurre entre los dedos del fisco, sino también abrir las puertas a una industria innovadora, capaz de adaptarse y evolucionar con las demandas de la modernidad.
Se estima que el juego online, tanto legal como ilegal, representa un mercado de 300 millones de dólares, una suma significativa que el gobierno no puede darse el lujo de ignorar. Sin embargo, más allá de la regulación y los ingresos fiscales, la verdadera apuesta está en el potencial de México para transformarse en un destino icónico del turismo de juego, tal como el modelo americano de Las Vegas.
Con 425 casinos generando casi 50 mil empleos directos y una derrama económica de 5 mil 500 millones de pesos solo en 2023, las ciudades mexicanas como Cancún, Acapulco y Los Cabos podrían convertirse en pilares de un nuevo turismo que, regulado de manera integral y eficiente, catalizaría no solo el crecimiento económico sino también el posicionamiento internacional de México como un verdadero contendiente en la industria global del entretenimiento.
Diálogo por Morelos
El posicionamiento de la coalición PRI-PAN-PRD en Morelos, amenaza la sucesión que Morena pretendía hacer pasar como segura. Desde hace semanas, Lucy Meza, quien fue excluida por Morena y ahora se presenta por la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos”, ha estado ganando espacios a la propuesta oficial.
Un ejemplo se dio en días pasados. En Morelos como en muchos lugares del país, el divorcio y la agresión discursiva a la iniciativa privada ha generado animadversiones hacia la oferta morenista cuyos candidatos se obstinan en replicar la narrativa presidencial.
Empero, el rezago social y económico que se vive en Morelos y en ninguna parte, podrá ser resuelto sin la participación de la iniciativa privada. Y una vez más, Lucy Meza logró tender un puente desde hace un mes, cuando se reunió con el Grupo Empresarial Morelos y ahora, ha vuelto a tender diálogo con los generadores de empleo de la entidad en el Foro Enlace Empresarial 2024.
En el encuentro aprovechó para poner sobre la mesa la importancia de mantener en foco las necesidades de cada región para impulsar planes y políticas públicas 360, a fin que el desarrollo no solo sea sostenible, sino también equitativo.
Entre los interlocutores de altura se observó al presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM), Eduardo Aguilar Ochoa, quien junto con otros líderes en negocios aplaudió que entre las proyecciones de Meza Guzmán se incluyan incentivos fiscales e impulso al comercio, turismo y manufactura.
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