Redacción El Coahuilense
Por Gabriela de León Farías
En un momento en que la política debería ser un ejercicio de diálogo y propuestas, las campañas electorales para ministros, jueces y magistrados han caído en un abismo de superficialidad y saturación. Las redes sociales, que podrían ser una herramienta poderosa para la comunicación política, se han convertido en un espacio donde los mensajes electorales se repiten sin cesar, sin ofrecer a los electores nada nuevo ni sustancial. Esto no es de extrañar, ya que por su propia naturaleza, los aspirantes a cargos judiciales están impedidos para hacer promesas de campaña a sus seguidores a cambio del voto. Esto es un despropósito y una pérdida de tiempo y dinero que nos conduce a un callejón sin salida.
Los usuarios de redes sociales estamos bombardeados por publicaciones y anuncios que no generan más que desinterés y desgaste. En lugar de fomentar el diálogo y el entendimiento, las campañas en redes sociales de las y los candidatos a juzgadores son sosas y a menudo se centran en dar a conocer los “brillantes” perfiles de los aspirantes, como si a la población en general le importara. Esto no solo es perjudicial para el clima político, sino que también desvía la atención de los temas que realmente importan a los ciudadanos. A los mexicanos no nos preocupa la elección judicial; nos preocupa la crisis económica en la que ya estamos, las desapariciones masivas de personas, los feminicidios, la presión de Estados Unidos para imponer aranceles, así cómo para obtener los datos biométricos de los ciudadanos y un largo etcétera. Quienes ocupen los cargos de jueces en una elección amañada es intrascendente.
Los candidatos parecen más interesados en la espectacularidad que en la sustancia. Buscan la notoriedad a través de declaraciones impactantes pero vacías, en lugar de presentar propuestas claras y bien fundamentadas. Por ejemplo, Sergio Díaz Rendón, candidato a la Sala Regional Monterrey del TEPJF, ha sido cuestionado por su uso de imágenes de la actriz Angélica Rivera en un video promocional, lo que generó críticas por objetivizar a las mujeres y por la falta de sentido en incluir un fragmento de un tráiler de una serie. Este incidente no solo ha desviado la atención de su candidatura, sino que también ha cuestionado su sensibilidad y juicio al elegir estrategias de campaña. La decisión de retirar el video después de las críticas sugiere una falta de reflexión previa sobre el impacto potencial de sus acciones.
Otra candidata al mismo puesto, Madeleyne Ivette Figueroa Gámez, todavía consejera del Instituto Electoral de Coahuila, en sus mensajes insiste en que la conozcamos. Sin embargo, solo proporciona datos superficiales de su persona y oculta información trascendente para el electorado, como el hecho de que sigue cobrando en el órgano electoral local, pese a la recomendación expresa del Instituto Nacional Electoral de pedir licencia. Tampoco nos informa mucho sobre sus conexiones y amistades con círculos políticos de la región, ni de los señalamientos de que ha sido objeto por sus gastos excesivos en viáticos.
La interacción con los votantes es superficial y no se basa en el diálogo genuino que la ciudadanía anhela. Los debates interactivos, los foros comunitarios y el uso de tecnologías para facilitar la participación ciudadana en el proceso electoral simplemente están ausentes.
La saturación de las campañas electorales no solo desgasta a la audiencia, sino que también pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral. Apenas unas horas después de haber iniciado sus campañas, los candidatos están obligados a replantear sus estrategias y centrarse en lo que realmente importa: ofrecer soluciones tangibles y generar un diálogo constructivo con los ciudadanos. Solo así podrán ganar no solo votos, sino también la confianza y el respeto de la sociedad.
En este contexto, la pregunta que surge es si estamos dispuestos a seguir tolerando un sistema que prioriza la apariencia sobre la sustancia. La respuesta, esperemos, sea un rotundo no.
¿Qué se necesitaría para romper este círculo vicioso? Primero, admitir que las campañas judiciales son una farsa. Segundo, exigir mecanismos reales de evaluación: exámenes públicos, audiencias abiertas, contralorías ciudadanas. Tercero, dejar de fingir que estos concursos de popularidad tienen algo que ver con la impartición de justicia. Pero nada de esto ocurrirá, porque al sistema le conviene mantener la ilusión de que algo funciona.
Así las cosas, la próxima vez que un candidato judicial le pida su voto -o su like- recuerde: no está eligiendo a un servidor público, está siendo cómplice de una simulación. La verdadera justicia no nace de campañas publicitarias, sino de instituciones sólidas y transparentes. Y esas, hoy por hoy, brillan por su ausencia.
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