Redacción El Coahuilense
Por Álvaro Delgado Gómez
Es muy peculiar la censura que ejerce Andrés Manuel López Obrador contra los periodistas en México: Las víctimas jamás acreditan cómo fueron acalladas en un medio de comunicación por orden él, pero tampoco explican por qué enseguida gozan hasta de más espacios en radio, televisión, prensa y medios digitales para seguir criticándolo.
Podrá decirse que hay medios en resistencia ante los embates del tirano López Obrador, como le llaman personas cuyo odio sepultó su inteligencia, pero no hay un solo caso que pruebe que, por su mandato, se despidió a un periodista, desde Carlos Loret de Mola hasta Azucena Uresti, quien el viernes 19 anunció que dejó de ser conductora de Milenio, con un mensaje de ambigüedad y ocultamiento que animaron la especie de que fue censurada por el Presidente de México.
Sí, López Obrador critica a periodistas y a medios, casi siempre con sus nombres y apellidos, pero esos periodistas y medios le responden sin ningún límite.
Por eso el tema es si lo que hay en México es censura, autocensura o impostura.
Es evidente que la mayoría de los medios y sus opinadores se opone al gobierno de López Obrador, y están en su derecho, pero ninguno ha sido denunciado ni ha ido a la cárcel por informar y/o opinar, como tampoco se ha cerrado ningún medio o se han allanado sus instalaciones.
Sin embargo, ya es una regla en el sexenio que los periodistas y opinadores que han sido removidos o reubicados en los medios culpan a López Obrador de ser el responsable, aunque sólo aporten como prueba su imaginación.
En México y en cualquier parte del mundo, los periodistas que acusan censura sin presentar pruebas son mentirosos o son cobardes, y ambas características anulan el compromiso que deben tener con la verdad.
Cuando un periodista informa con generalizaciones y ambigüedades incumple con el deber primario del profesional de la información, el rigor de los hechos, pero también degrada esta actividad de por sí asociada a la mentira y a la corrupción.
El poder público es por antonomasia intolerante a la crítica y el deber del periodismo es informar a la sociedad a contrapelo de éste. Eso lo sabe cualquier estudiante de periodismo. Pero también se sabe desde la escuela que el poder privado ejerce la autocensura y, a menudo, en los medios la lógica del lucro se impone al interés público.
¿La salida de Uresti de Milenio fue por censura de López Obrador, por determinación del propietario de ese medio, Francisco González, o porque va a cobrar más dinero en Radio Fórmula? Es deber de Uresti esclarecerlo públicamente hasta por su propio beneficio, porque ningún periodista tiene credibilidad si se conduce con ocultamientos y mentiras.
En una de esas, efectivamente Uresti prueba que López Obrador le exigió a González, el padre o el hijo, su despido. Y entonces los periodistas debemos salir a la calle para repudiar ese acto que conculca la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información, dos derechos consagrados en la Constitución.
Si Uresti aporta esas pruebas, el reclamo no debería ser sólo a quien ordenó la censura, López Obrador, sino contra quien se sometió para consumarla, en ese contubernio tan arraigado en México del poder público con el poder mediático.
En todo caso, también es deber de Uresti informar que se va de Milenio a Radio Fórmula porque “las circunstancias” que motivaron su decisión son de pesos y centavos. Y se vale: Toda persona busca siempre mejorar su calidad de vida. Pero no se valen las patrañas.
Lo repito: Ningún periodista y opinador de los que infestan los medios y que son los más famosos ha probado nunca censura de López Obrador, pero tampoco han tenido el valor de decir, abiertamente, que se trata de movimientos corporativos por quedar bien con el gobernante que llega al poder público.
Es hora de que en México discutamos la responsabilidad que tienen los propietarios de los medios de comunicación en la censura a sus periodistas por razones económicas, despedidos porque ponen en riesgo otros negocios que no son la información, sino hoteles, hospitales, vehículos, carreteras, cárceles y hasta las pistas del aeropuerto de Texcoco.
Salvo excepciones, los medios de comunicación en México están en manos de empresarios que subordinan su agenda informativa a sus negocios. Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, es una grotesca prueba de ello.
Es hora también de discutir también sobre la precarización del trabajo periodístico, incluido la falta de seguridad social de los periodistas y sus familias, así como la violación a la ley por los salarios que se pagan con retraso y las prestaciones suspendidas.
En las agresiones y asesinatos de periodistas, sobre todo los que trabajan en los estados de la República, también tienen responsabilidad los patrones, que los dejan a merced de los poderes locales, gubernamentales y criminales.
Sólo a los impostores no les importa este tema, nada que no sean sus propios intereses. Pero hay que impulsar esta discusión.
Sí, el poder público, empezando por el jefe del Estado mexicano, sea López Obrador o el que venga, tiene el deber de respetar y garantizar la libertad de expresión, pero también los empresarios de los medios, que practican algo peor que la censura desde el poder político: La autocensura por razones de dinero.
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