Círculo Rojo: “Don Carlos” atiza el fuego

Las condiciones están puestas para superar las diferencias, pero nunca falta el que a las cenizas sopla para atizar el fuego y, por estos días, el atizador resultó ser el dirigente del PRI, Carlos Robles Loustaunau, a quien la clase política suele referirse como “Don Carlos”.

Como fue público y notorio, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, recibió una serie de gestos de buena voluntad por parte del gobierno del estado pues, en su “toma de protesta ciudadana”, realizada el pasado 3 de enero, contó con la asistencia del gobernador Manolo Jiménez, quien llegó con sus principales funcionarios cargado de una serie de compromisos de obra y programas.

Poco se sabe del trabajo político realizado tras bambalinas, excepto por la reunión que el 30 de diciembre se registró en Palacio de Gobierno, cuando el munícipe fue recibido en audiencia en “el Despacho”. Luego, dio público tratamiento de amigo al gobernador y al secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez.

Los mensajes en lo público surtieron efecto en la clase política priísta, que entendió la superación del soterrado conflicto del que todos hablan aunque oficialmente niegan.

Fue en una convivencia convocada por el PRI estatal con su estructura cupular, donde la palabra de “Don Carlos” fuera escuchada como línea. “Don Carlos” se aventó a decir que el evento tuvo un ambiente tenso, que la relación era inconciliable y que todo tenía qué ver con las formas de Román Alberto.

Por los usos y costumbres propios del priísmo y las condiciones de proximidad “arriba” que se le atribuyen a “Don Carlos”, la sensación que quedó es que, o bien se profundiza el conflicto y todo fue simulación, o bien, que “Don Carlos” atiza el fuego donde ya ni braza había. 

El equipo de Román

Ayer, el alcalde Román Alberto Cepeda por fin soltó los nombramientos del equipo que lo acompañará en el arranque de su segundo período, con confirmación de lo que ya más o menos se esperaba y que, a estas alturas, es ya de dominio público.

Lo que está pendiente es que… Miguel Ángel Zúñiga llegó al relevo de Víctor Navarro, quien dejó la Dirección de Servicios Administrativos y no hubo anuncio sobre nueva posición. 

Sin embargo, en el círculo rojo se perfila a Navarro para asumir la titularidad del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), cuyo titular hasta ahora ha sido Roberto Escalante.

¿Por qué el retraso en el anuncio? Pues resulta que Escalante va propuesto al Simas Torreón, cuya designación no depende formalmente del alcalde sino del consejo que sesionará al parecer el jueves, día en que acepte la renuncia de Eduardo Terrazas, quien no cumplió ni el año en el cargo pero va directo a la contraloría municipal.

Por lo demás, en los anticipos de equipo esta columna acertó en dos y falló una: primero se anunció la designación de Yohan Uribe como titular de Comunicación Social, lo cual ya fue formalizado; luego, la llegada de Pepe Ganem a la Secretaría del Ayuntamiento. Falló la remoción de Juan Adolfo Von Bertrab de Obras Públicas, quien fue confirmado en el cargo muy a pesar de ciertas conductas que han escandalizado al propio equipo lagunero.

Cambio en el Poder Judicial

Hubo un cambio en el Poder Judicial del Estado que capitanea Miguel Felipe Mery Ayup. Y esta vez tocó el turno a la comarca lagunera donde Ulises Hernández Torres fue designado por segunda ocasión presidente de la Sala Regional.

En pleno arranque del proceso que renovará gran parte del Poder Judicial por la vía electoral, la posición de Hernández Torres resulta clave para la operación no sólo judicial sino política, y hasta laboral, pues el nuevo sistema implica una serie de bajas que exigen mucha mano izquierda como la del presidente de la Sala Regional.

El costo de la renovación

El asunto no es menor y tiene a la expectativa a los manejadores de los recursos del estado, habida cuenta de que el cálculo realizado por el equipo del oficial mayor del Poder Judicial, Manuel Gil Navarro, estima en 9 millones de pesos los finiquitos para 19 juzgadores que decidieron no buscar ser electos y conservar su cargo.

Dichos fondos deben ser programados por el Instituto de Pensiones del Estado. Si bien se supone que cuenta con las condiciones para cubrir el gasto, se trata de apenas uno de los factores a considerar sobre el costo que la 4T ha transferido a los estados con el cambio de sistema.

Y es que hasta ahora no es posible calcular cuánto costará el nuevo sistema, es decir, la elección de jueces y magistrados, los finiquitos de los salientes que además de los que no se postulen incluirá a los que pierdan, entre otros costos que asumirá el presupuesto estatal 2025, sin que la Federación esté considerando otra cosa que no sean recortes.

La solemnidad de arranque en el IEC

Hoy habrá sesión solemne en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que, valga la redundancia, es una solemnidad que marcará el inicio del proceso electoral para elegir jueces y magistrados el próximo 1 de junio.

En el IEC, el Consejo General, está a marchas forzadas desde finales de año y prácticamente no hubo período vacacional para consejeros ni directores, inmersos como andan en agarrarle la onda al desbarajuste de dicha elección.

Ayer, el consejero Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, recordaba la numeralia del proceso electoral extraordinario: nueve magistraturas al Tribunal Superior de Justicia; tres magistraturas del Tribunal Disciplinario y cuatro magistraturas de los Tribunales Distritales del Estado.

Además, 20 jueces en materia familiar; 16 jueces en materia civil; ocho juzgadores mercantiles; 32 en materia penal y 14 jueces laborales.

En total: 106 cargos de personas juzgadoras.

San Pedro con un doscientón

Al pésimo cierre de gestión que protagonizó David Ruiz como alcalde de San Pedro de las Colonias, se le suma una mentira burda.

El hoy exalcalde dijo que había dejado 7 millones de pesos en caja. Hasta ese día, el último de diciembre, el equipo de Brenda Güereca, la alcaldesa entrante, no había podido conocer la situación de las finanzas municipales pues Ruiz no le quiso abrir la tesorería al equipo de transición.

Resulta que en el círculo rojo sampetrino trascendió que en realidad lo que Brenda Güereca encontró fueron 200 mil pesos que, para un ciudadano común puede ser mucho dinero, pero para la operación de un municipio de más de 50 mil habitantes es igual a cero.

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