Redacción El Coahuilense
El agua es –ahora sí—el tema que tendría que ocupar a las clases políticas de todos los partidos. La sequía se resiente ya en las diferentes regiones del estado y las acciones de los sistemas que manejan el agua son cuando menos polémicas.
Saltillo, con un cabildo que mayoriteó la decisión, autorizó un crédito por 150 millones de pesos para que la paramunicipal invierta en perforación como parte de un plan que costará 519 millones de pesos.
La medida insuficientemente explicada motivó la reacción de los regidores de Morena que votaron en contra, una postura esperable de la oposición que, sin embargo, tiene un punto respecto a la opacidad de la empresa a cargo de Iván José Vicente.
A casi 25 años de distancia y hasta hace poco tiempo, la paramunicipal mantuvo el abasto de agua en la ciudad lo que ha relajado las exigencias que la sociedad debe hacer a quien maneja los recursos naturales.
La decisión, opaca y todo, deja sin embargo un mal mensaje del alcalde Javier Díaz en la decisión política y financiera más importante del arranque de su gobierno.
En Torreón sin pozos
El caso de Torreón es otro cantar. El proyecto Agua Saludable para la Laguna sigue sin concluirse por más inauguración e informes presidenciales que lo incluyan. La sequía tiene al campo lagunero al borde de la crisis pero en cuanto al consumo humano hay una realidad: no hay garantía de que haya abasto suficiente en los meses de calor intenso.
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Y es que, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay manera de hacer más pozos, no se puede perforar y con lo que hay difícilmente se completará.
En tanto, las deficiencias en las obras de Agua Saludable amagan con representar un peligro mayor, inclusive de responsabilidad civil por el avejentamiento de la red de distribución.
El reto de Javier Díaz es infinitamente menor que el de Román Alberto Cepeda, porque si uno puede resolver las cosas haciendo política y privilegiando un poco la transparencia, el otro se enfrenta a un rezago histórico, un sistema deteriorado, una crisis financiera y una prohibición para resolver de la manera en que se proponen hacerlo en Saltillo.
Los tres meses del ICAI
A propósito de transparencia, faltan tres meses para la extinción del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y hasta el momento, no se tiene mucha claridad en el destino del personal y, sobretodo, del derecho.
Apenas si Dulce María Fuentes Mancillas, ha perfilado la posibilidad de que se vaya a crear un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc), donde manda Elma Marisol Martínez González, a quien más allá del acaparamiento político que intenta en todas la institucionalidad del ramo, no ha hecho pública cuál es su idea de reforma local que armonice con la federal.
Así que con menos de 90 días para no caer en desacato, no se sabe si la funcionaria cuenta con un plan, si hay una iniciativa en la Sefirc o alguna otra parte sobre lo que ocurrirá con el ICAI y con la forma en que se operará en el futuro inmediato el acceso a la información de los ciudadanos.
Refriteo legislativo
Del congreso hablando y en ecos de la sesión del martes, el círculo rojo que es acucioso en la revisión del trabajo legislativo no pudo evitar percatarse de que la deleznable práctica del refriteo legislativo, de la que el petista Tony Flores Guerra es campeón, llegó a un nuevo estándar con la priísta Edna Dávalos, quien se refriteó a sí misma.
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Resulta que el martes presentó un mismo exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que prevenga a la ciudadanía de los fraudes con cabañas, que fue lo mismo que presentó el 7 de marzo de 2024.
No hubo siquiera mención de seguimiento al pasado exhorto, como si nada más lo hubiera hecho y no volvió al asunto hasta que se quedó sin material para alimentar la estadística legislativa.
Inicia la incertidumbre
Las medidas arancelarias prometidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, propician que esta semana que concluye regrese la incertidumbre. Aranceles recíprocos, se ha dicho y parece que el impacto para las regiones Sureste y Centro será significativo.
Desde el Bajío reportan los sindicatos que alcanzaron acuerdos con empresas automotrices para evitar horas extra y algunas medidas adicionales con las que se proponen paliar la crisis y una baja en la producción. No parece que sea tan sencillo como eso y habrá que estar pendientes de los organismos empresariales, los sindicatos y los corporativos para ver hacia dónde van las soluciones que se puedan implementar.
Por ahora, la declaración más esperada de estos días es la de Tereso Medina Ramírez, un dirigente sindical que encabeza los sindicatos autoparteros en el país y que, dicho sea de paso, se ha caracterizado más por una política de conciliación que por el conflicto y quien si esta vez lo que se necesite sea pelear.
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