Redacción El Coahuilense
La designación del próximo fiscal general del estado está en marcha. Como lo anticipamos en esta columna, desde el pasado miércoles, cuando quedó resuelta la designación de la fiscal Anticorrupción, Karla Samperio Flores, algunos diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales trabajaban ya la ruta para el relevo de Gerardo Márquez Guevara.
El documento quedó firme ayer, aunque su formalización será el sábado, toda vez que el aún fiscal Márquez Guevara concluye su período el próximo día 19 y, hasta entonces, habrá movimiento formal y, de acuerdo con Guadalupe Oyervides, presidenta de la dicha comisión, es posible que la convocatoria se emita el martes 22 de octubre.
Por ahora, el “Fundamento y Ruta para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila”, incluye –valga la reiteración— el fundamento y motivación jurídica; repasa los requisitos para ser titular de la Fiscalía General que vienen enlistados en el artículo 114 de la Constitución Política del Estado, es decir, ser abogado con 10 años de experiencia, sin antecedentes penales, tener buena reputación y ser residente en los cinco años precedentes.
La ley advierte que el proceso inicia cuando concluye el fiscal, momento que el documento fija como punto de partida para el procedimiento de designación que inicia con la convocatoria de la próxima sesión del congreso, la terna que presente el Ejecutivo, que comparecerá ante el Legislativo donde se designará al fiscal.
Así que, bajo las condiciones de la ruta, se espera que la designación sea por ahí del 27 de noviembre.
¿Litigio estratégico para el IEC?
En la edición impresa de El Coahuilense Noticias, que empezó a circular ayer, se informa sobre el caso de dos conferencistas contratados por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en específico, por el presidente del organismo, Rodrigo Germán Paredes Lozano.
Dicho curso tenía como objetivo traer a dos expertos del Laboratorio Electoral, un think tank que opera entre Querétaro y Aguascalientes, ciudad esta última donde tiene su base el despacho Strategia Electoral, del que forman parte los conferencistas, Luis Fernando Landeros y Víctor Díaz de León, el primero expresidente del Instituto Electoral de Aguascalientes y, el segundo, su asesor.
Ya se sabe que de Aguascalientes es Rodrigo Paredes y, por la edición en comento, también se sabe que los conferencistas enfrentaron procesos en materia electoral y penal, por violencia política en razón de género, perpetrada contra dos funcionarias electorales trans.
¿Para qué complicarse con organizar una conferencia al vapor así?
La clave estaría en la necesidad de Rodrigo de acercarse, con una lanilla de por medio (unos 100 mil pesitos), al despacho más que al think tank, habida cuenta de los litigios de remoción que trata de sortear en el INE y, cosa curiosa, la ofensiva legal que encabeza para revertir la reforma electoral de diciembre pasado que lo dejó sin facultades ni manejo de recursos… y todo con cargo el presupuesto y con el aval voluntario o involuntario, del resto del consejo del IEC, muy solícitos y aplicados para ir al curso sobre la Reforma al Poder Judicial.
El Lambo y una de Pepito
El escándalo del Lambo en el que pasea el diputado del PT, Tony Flores Guerra, tuvo un eco intra 4T, con la desavenencia entre el aludido y el morenista Alberto Hurtado, quien defendió el poder adquisitivo del petista pero deslizó una idea de moderación.
Tony se le dejó ir con todo, hasta reclamando que Hurtado se siente “el diputado del pueblo”, un mote que asegura le copió. Total que Hurtado se subió a tribuna para defender al del PT por el cerrón de micrófono de la semana precedente y ahí acabó el asunto que, sin embargo, en el escenario nacional siguió dando de qué hablar.
Por cierto, ayer al Congreso local acudió en pleno la familia Flores Guerra, con la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, incluida en butacas, para atestiguar la maratónica sesión y quizás dar un espaldarazo a Tony.
No había pasado el escándalo por el Lamborghini de Tony Flores, cuando otro coahuilense atrajo la atención nacional. Se trata del exgobernador Rubén Moreira, coordinador parlamentario, que se aventó literalmente uno de Pepito. El chistorete sólo hizo gracia cuando lo tomó la sardónica sección “La mangas del chaleco”.
Caso Topo. Día 12
El caso del político Aldo Martínez dio más de qué hablar hoy. Durante la audiencia de revisión de la medida cautelar, es decir, de la orden de mantenerlo tres meses en el Reclusorio Varonil de Saltillo, en lo que se realiza la investigación, se confirmó que ahí se queda.
La defensa, según trascendió, intentó desacreditar a la jueza por esa medida, atribuyéndole un supuesto sesgo influenciado por las publicaciones en medios de comunicación, un señalamiento ofensivo que, la juzgadora reviró a las abogadas del imputado conminándolas a revisar todas sus sentencias precedentes y aclarar que, en violencia familiar, siempre ha decidido igual.
Ahora resulta que por los medios…
El Charro en crisis
Las presiones financieras, los adeudos federales y las excentricidades con cargo al erario, han pasado factura al ayuntamiento de Matamoros desde hace semanas.
La situación es dramática pues ahí donde gobierna –y seguirá gobernando– Miguel Ángel Ramírez “El Charro”, no sólo ha faltado dinero para pagar deudas sino que hay un deterioro de los servicios, problemas laborales y el anuncio del munícipe que está a punto de despedir a 300 empleados. El asunto político es complicado porque en los despedidos irán operadores en nómina de Juan Carlos Ayup, Memo del Real, Sergio Félix y Raúl Onofre.
El caos presupuestal tiene su origen en una mala administración pero, para lavarse la cara, convocó ayer a conferencia de prensa para denunciar al exalcalde Horacio Piña por no pagar al SAT 20 millones de pesos y otras anomalías que ascienden a un total de 100 millones de pesos.
Después de tres años de gestión, ahora que trae el agua al cuello (y no en bañera) parece que “la cayó el 20” pero no el 100. Y es que, en el círculo rojo matamorense, se dice que el adeudo de Piña por 100 millones de pesos fue algo de lo que estuvo consciente el Charro pero por alguna extraña razón no denunció en 2022, como correspondía, hasta que el barco hizo agua.
Entre los adeudos del Charro, destaca el del servicio de limpieza. En el círculo rojo lagunero se habla de un adeudo mayúsculo del ayuntamiento con la empresa Pasa que no pasó, mientras el alcalde hizo efímero acto de limpia el 12 de octubre sólo para la foto.
Una de “Don Carlos”
En 2020, la comunidad cultural de Saltillo vivió un cisma: el entonces director del Instituto Municipal de Cultura, Iván Márquez, fue acusado de acoso y violencia sexual cometidos en contra de la directora de teatro y empresaria, Andrea Galindo, así como de Luis Mireles Falcón, también director de teatro y psicólogo.
Márquez llegó a una fiesta privada y, sin invitación según la denuncia, en estado de ebriedad. Entonces tuvo una conducta sexualmente abusiva con él y lanzó una serie de expresiones misóginas contra ella.
Unos 500 artistas pidieron su destitución y, al no recibir una respuesta positiva del entonces alcalde Manolo Jiménez, generaron una campaña en redes sociales que hizo más daño al hoy gobernador que al funcionario cultural.
La relatoría de aquellos hechos expuestos en la denuncia correspondiente cuya copia posee El Coahuilense Noticias reflejan una conducta tan vulgar e inapropiada que le costó el cargo –11 meses después– y tener que enfrentar un juicio penal por acoso sexual.
Lo anterior es relevante porque, el pasado lunes, Carlos Robles Loustaunau, aka “Don Carlos”, presidente del PRI Coahuila, lo designó secretario de Inclusión y Extensión Social, lo que fue compartido por el propio Márquez, agradeciéndole a “Don Carlos” y al gobernador Manolo Jiménez la encomienda.
“Al igual que siempre, seguiré trabajando en proyectos ciudadanos de beneficio social”, escribió en un post de Facebook.
Selección en puerta
Tarda uno más en pronunciar el nombre que lo que duran las funciones, pero quedó integrada la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Con la presencia destacada de intelectuales como Víctor Manuel Sánchez y Carlos Alberto Arredondo Sibaja, empresarios como el riquelmista Memo Murra y de sociedad civil como Rebeca Bonne, entre otros, la dicha comisión seguirá en los próximos días la selección de los tres lugares vacantes del consejo.
Muy encomiable la labor de los participantes en esa comisión pues hay que decir que el desempeño de ésta fenece cuando se eligen las y los consejeros, no tiene retribución económica y a veces hasta genera broncas con los aspirantes al CPC que no quedan.
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