Redacción El Coahuilense
El doctor Gerardo Márquez Guevara se inscribió el pasado 24 de noviembre para contender por un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Su nombre aparece ya como aspirante con el expediente 73/2024, por lo que el lagunero quedó debidamente registrado con el folio 91-PSMTRSCJN.
Pieza clave en la consolidación del modelo de seguridad en Coahuila, el doctor Márquez Guevara no pudo conseguir el apoyo suficiente para su reelección y, desde su partida a finales de septiembre, poco se sabía de sus inquietudes excepto por un texto compartido en Facebook, donde anunció se dedicaría a disfrutar a su familia.
Las condiciones políticas de su registro son un misterio, aunque es bien conocido que logró hacer buena relación con funcionarios de peso en lo federal, entre estos, el fiscal especial de Control Regional, Germán Adolfo Castillo Banuet; la extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, hoy directora de Asociaciones Religiosas de Gobernación, y el general subsecretario de Defensa, Enrique Covarrubias López.
La duda es si trae asideros en la cúpula o si se animó a participar confiando en la legalidad de un proceso inédito.
Se apuntan consejeras y un magistrado
Tres personalidades del ámbito electoral coahuilense se animaron a contender por un asiento en la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de las consejeras del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Madeleyne Figueroa y Beatriz Rodríguez, que vuelven a estar juntas… al menos en la lista de aspirantes.
El tercero es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Sergio Díaz Rendón, conocido en el ambiente como “el hombre de la pachorra jurisdiccional”.
La decisión de las consejeras resulta un movimiento audaz, sobre todo en el caso de Beatriz Rodríguez, quien en 2025 concluye su período.
En cuanto a Madelyene Figueroa, es importante destacar que compartió una exposición de motivos donde da cuenta de su trayectoria en la materia electoral, su deseo de ingresar a la justicia electoral y la imposibilidad para conseguirlo, así como las propuestas delineadas por las que busca el cargo.
Las cuestiones que saltan a la vista son obvias: ¿las consejeras y el magistrado estatal pueden contender por un cargo sin apartarse del que ostentan? Legalmente parece ser que sí, pero hay que esperar a saber: ¿qué sucede con la coadyuvancia que el IEC tendrá que tener con el INE? Si hay elección concurrente ¿cómo participarían?
Inclusive está el tema de los gastos pues la propia función electoral y judicial electoral locales les posibilita tener apariciones públicas frecuentes, realizar viajes dentro del estado y fuera con recursos del IEC o el TEE, que facilitaría su participación en aquellas actividades de promoción que la ley permite.
En síntesis, el registro de las consejeras y del magistrado tiene diferentes ángulos que ponen en contradicción, cuando menos ética, la función que ahora tienen con la consecución de un cargo de elección popular.
Revolviendo el agua
En días pasados, la diputada federal priísta Verónica Martínez hizo un cuestionamiento severo a la falta de recursos asignados al estado y municipios para 2025, a fin de dar continuidad al proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, la mega obra inconclusa y disfuncional, hasta ahora, iniciada el sexenio pasado.
Como se sabe, es urgente reparar la red de distribución y las tomas domiciliarias, invertir cantidades enormes de recursos en el drenaje pluvial, entre otros esfuerzos que muchas veces no se ven, cuestan caro y por la baja rentabilidad política muchos gobernantes decidieron dejar de lado.
El caso es que ayer el diputado local morenista Antonio Attolini descalificó a la diputada, la llamó a no engañar y justificó la centralización de fondos en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la corrupción del pasado.
Con ese contexto de dimes y diretes, se dio la participación en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la Conagua que dirige Efraín Morales López.
Al dar a conocer su participación en el acto presidencial, el mandatario coahuilense Manolo Jiménez se refirió a la presidenta y al funcionario federal, como amiga y amigo, respectivamente.
El post del gobernador fue especialmente amable, agradeció a la Presidenta su apoyo y remató con “trabajando en equipo siempre se logran mejores resultados”.
A la vista de esto último, tal parece que hay quien no entendió las señales.
Yáñez, el pequeño tirano
Si algo faltaba en la Facultad de Jurisprudencia es que se exhibiera, ya sin tapujos, a la descarada, el talante represor en el pequeño feudo que es una escuela. Y es que, abandonando sutilezas, el director Alfonso Yáñez Arreola inició el proceso de baja del profesor José Ramón Oceguera, reputado notario público y maestro de la materia de Contratos.
En los meses recientes, Oceguera se ha mostrado crítico a la dirección, poniendo en evidencia los problemas con la auditoría concluida en agosto pasado que acredita la erogación de 17 millones de pesos que no fueron debidamente comprobados.
Hace unas semanas, el abogado abordó a Yáñez Arreola, quien había recorrido las aulas alegando que existía una campaña mediática y política “contra la facultad” pero que nada de lo que se decía era cierto. Oceguera lo encaró en los pasillos y le mostró la auditoría, cuestionándolo por mentirle a los muchachos. No se lo perdonó.
Habrá qué ver la validez del despido pues en eso de hacer chanchullos y sacarle la vuelta a las leyes, poniéndose al filo de la ilegalidad, Yáñez Arreola se pinta solo.
Chema de cacería
Hay que andar muy hambreado para despojar a los pobres y ese parece ser el caso del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. O es que al alcalde Chema Morales le ganó la necesidad o de plano anda en el famoso “año de hidalgo”.
Y no es que los abusos de la policía ramosarizpense sean nuevos, pues apenas en agosto, por ejemplo, se supo del caso de José Alberto, el joven que murió en una patrulla acusado en falso de un robo.
El caso más reciente atañe a dos jóvenes repartidores de aplicación. Gustavo y José Luis acudieron a una entrega el pasado viernes al fraccionamiento Portal de San Mateo, realizaron la entrega y al salir del sector los esperaba una patrulla.
Se sabe que se les quiso implicar en una extorsión pero rápido se comprobó que nada tenían que ver y fueron puestos en libertad previo el pago de una multa de 3 mil pesos; no les entregaron su moto, pues fue enviada a un corralón y luego a otro, dos traslados y pernocta suman unos 10 mil pesos ¡por una detención injustificada!
La voracidad institucional no tiene reparo en que los gastos para esos muchachos representan dos meses del salario mínimo que no ganan y, por si fuera poco, con su herramienta de trabajo secuestrada sin motivo.
Por lo demás, ya va siendo tiempo de ponerle atención a los enjuagues entre comisarías de seguridad y empresas de grúas como San José.
TE RECOMENDAMOS LEER:
Síguenos en