Redacción El Coahuilense
La jornada de memoria y protesta que se realiza cada 8 de marzo, tuvo un efecto político colateral a partir de la exhibición de dos figuras, un diputado local y otro federal, que forman parte de una misma facción política en Morena: Antonio Attolini Murra, en Torreón y, Antonio Castro, en Saltillo.
En resumidas cuentas, al primero de los mencionados, una pancarta pasacalle lo acusaba de misoginia y violencia de género; al segundo, un cartel le aludía por “trata de blancas”. Sin identificar el motivo, los señalamientos son desproporcionados, pues Attolini tiene como antecedente la denuncia en vías de ser desechada que puso la síndica de Torreón, Natalia Fernández, mientras que en el caso de Castro, la asistencia y compañía en un centro nocturno que fue fugazmente videograbado.
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Tufo político innegable, las horas siguientes a las marchas derivaron en búsqueda de culpables y los grupos de Whatsapp del morenismo eran un hervidero.
Finalmente, con una historia en Instagram publicada por la senadora Cecilia Guadiana respecto a Attolini, se leyó como una firma de lo que, ya el domingo y en comunicado oficial, la dirigencia estatal de Morena –encabezada por Diego del Bosque, parte de la misma facción de los aludidos—condenó, pidiendo a la militancia defender a sus representantes populares.
Así que, el uso político del 8M se terminó inscribiendo en el conflicto interno del partido guinda, precisamente el 9M, día de una jornada que convocaba a la unidad nacional en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum.
De protestas y protocolos
Toda protesta, como cualquier concentración masiva, obliga una presencia policiaca para seguridad a los asistentes; todo riesgo de afectación a un inmueble, implica su protección y resguardo. Naturalmente, el 8M no es la excepción. Eso pasa de manera obligada por la aplicación de un protocolo de control de multitudes.
Las condiciones en que se han desenvuelto las marchas por el Día Internacional de la Mujer en los últimos años, derivadas de una justa indignación, colocan a la autoridad frente a una disyuntiva ¿hasta dónde permitir?
Si se sigue el desarrollo de la marcha que fue hacia la Plaza de la Nueva Tlaxcala, la permisividad fue suficiente: pintas, intervenciones, consignas. Sólo se intervino con elementos bajo el mando del comisario Miguel Ángel Garza, para la detención de un grupo de hombres agresores.
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La segunda marcha, sin embargo, tuvo una condición diferente por el bloque negro que venció las protecciones del Palacio del Congreso y motivó el uso de extintores y bombas de humo para la disuasión. Luego, cinco detenciones con cierta resistencia que fueron resueltas con la liberación horas más tarde sin lesiones que sugieran –hasta donde se sabe– algún trato cruel, inhumano o degradante.
Y claro, está la parte política que destaca en la mención de diferentes activistas a Luz Elena Morales, la líder cameral que quizás sea la política más empática con el movimiento y a quien, sin embargo, le recriminan lo ocurrido por lo que la duda es genuina ¿por qué en el Congreso? ¿de parte de quién?
El encargo del comisario
En diciembre llamó la atención que el comisario Gabriel Martínez, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal durante 10 años, dejara el cargo. Se trata de uno de los mandos con los que se fundó el Modelo Coahuila que ha posibilitado las condiciones de seguridad para el estado desde hace una década.
Hábil en la relación interinstitucional, del comisario se sabe que ha tenido el buen tino de ser articulador de una conferencia nacional de Agencias de Investigación, cultivó una buena relación con agencias de seguridad en Estados Unidos y goza de numerosas certificaciones y reconocimientos del FBI.
Se trata pues de un policía operativo que además se fue preparando. Se convirtió en abogado, realizó una maestría y está próximo a concluir su doctorado.
Resulta que en días pasados, el comisario fue designado por el secretario de Seguridad, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, como responsable de la formación y capacitación policial en el estado. El comisario Gabriel anda muy activo desde el primer momento consiguiendo programas de certificación y revisando los planes de estudio.
No se podía perder esa experiencia y preparación. Bien ahí.
El CPC con pleno
Durante cinco meses, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado tuvo acéfalos tres lugares que, finalmente, después de un largo proceso, serán llenados hoy.
Como anticipó esta columna el pasado viernes, la votación de la Comisión de Selección realizada el sábado resultó en la integración de Diana Marisol Flores Rivera, Carlos Antonio Franco Flores y Karla Ivonne Natividad González, quien sesionarán bajo la presidencia de la consejera Yolanda Montes.
Por ahí quedan pendientes las críticas al proceso que se siguió, principalmente, las de PC29, la organización ciudadana lagunera.
Hurtado en el ICAI
Por cierto, Franco Flores se desempeñaba como director general del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), organismo garante de la transparencia que, por designios de la 4T podría estar próximo a su extinción.
El animal político que nunca descansa, anticipa que la posición de Franco Flores será llenada por Néstor Hurtado, quien es ampliamente conocido por su desempeño como politólogo en medios, con experiencia el sector público y en el sistema electoral, consultor privado y comunicador, faceta esta última en la que se ha destacado al asumir la vocería del propio ICAI a la llegada a la presidencia de Dulce María Fuentes Mancillas.
La crisis de Piedras Negras
Con la designación de Daniel Omar Aguilar Muñoz como secretario del Ayuntamiento, el alcalde Jacobo Rodríguez logró superar la crisis que en su gabinete detonó la semana pasada.
Como se recordará, la noche del miércoles, el entonces secretario del Ayuntamiento, Ignacio Armando García Villarreal, acusó un intento de soborno por parte del alcalde para que renunciara al cargo, según dijo, por manifestarse en desacuerdo con graves actos de corrupción; además, anticipó que el alcalde lo intentaría implicar en un esquema de extorsiones relacionadas con el panteón municipal.
Y, en efecto, el presidente municipal hizo las acusaciones, anunció que denunciaría el caso ante el ministerio público y propuso a Aguilar Muñoz al relevo. El cabildo lo recibió y, por ahora, Jacobo Rodríguez parece querer dar el asunto por cerrado, algo que difícilmente ocurrirá pues lo dicho tiene ya condiciones para la vía penal de un lado y de otro.
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