La detención del empresario Alejandro “N” por las lesiones que a la postre causaron la muerte del también empresario Gerardo González Seco, en Gómez Palacio, tuvo un componente grave como lo es la aparente manipulación del caso para asegurar mantenerlo detenido: posesión de estupefacientes.
Como se expuso en este espacio el pasado lunes, en el fondo de ese asunto hay una lucha de poder por las relaciones políticas de victimario y víctima que, en el caso del segundo destaca en la relación personal que tenía con el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y explica la rapidez de la actuación ministerial. El propio mandatario duranguense lo admitió ayer.
Como corresponde a toda zona metropolitana, el impacto de una situación trasciende las mojoneras delimitantes y, en este caso, en la metrópoli formada por municipios de dos estados, lo que ocurre de un lado u otro del Nazas, tiene consecuencias para toda la región.
Esta mención no es ociosa, pues emplear el aparato de seguridad y procuración de justicia va más allá de la lamentable riña y quizás podamos advertir que se trata del episodio más reciente del uso político de la seguridad.
Acoso a empresarios
Y es que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, enfrenta señalamientos por el presunto uso del Mando Especial de la Laguna para intimidar a empresarios de sectores como el agroindustrial.
Entre el 16 y el 17 de diciembre de 2024, agentes de seguridad realizaron operativos en instalaciones de empresas del sector y cuestionaron directamente a los propietarios sobre supuestos vínculos ¡agárrese! no con el hampa y sí con la Cuarta Transformación.
Esas acciones generaron quejas de empresarios con presencia nacional, quienes han elevado el caso a altos niveles del gobierno federal, al considerar que estas medidas son represalia por sus definiciones políticas.
Mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantiene su base operativa en Sinaloa debido a la crisis de inseguridad en ese estado, los empresarios locales acusan al gobierno del priísta Villegas de aprovechar la situación para usar indebidamente recursos federales (los del Mando Especial) con fines ajenos a la seguridad de los duranguenses.
Las acusaciones surgen en un clima de reciente descontento, ya que el mismo gobernador fue señalado anteriormente por operativos similares dirigidos a empresarios influyentes, asunto este que en el círculo rojo lagunero –que trasciende la guardarraya— no pasa desapercibido y, naturalmente, debe ponerse en el radar del lado coahuilense por las implicaciones para la región y para los empresarios con inversiones en la vecina entidad.
Ni desayuna, ni le mandan lonche
La presidenta de la Diputación Permanente, Edna Dávalos, lo volvió a hacer. El entusiasmo y la responsabilidad por la conducción de los trabajos legislativos le duró sólo la primera sesión, cuando desbordaba de emoción por sonar la campanita; a la segunda sesión faltó y, a la tercera llegó tarde.
La sesión estaba convocada para las 11:00 de la mañana de ayer, pero la legisladora dejó a sus pares, personal del Legislativo y ciudadanos, esperando hasta las 11:22 horas, pues siendo ella la Presidenta y estando ausente, no podían comenzar.
Total que la legisladora entró, muy tranquila se fue por su cafecito y ahí el murmullo socarrón bromeaba observando su parsimonia en la voz de una diputada que deslizó “es que no le dieron de desayunar” mientras el de origen más popular secundó, “ni le mandan lonche”.
La sesión arrancó con poca luz, no por la iluminación del recinto sino por alguna situación que mantuvo a la presidenta cubriendo uno de sus ojos con la mano o con el cabello.
Entre sus pares surgió otra vez el comentario que ya el día de ayer consignamos en este espacio: “mejor Felipe” y una de sus compañeras de bancada añadió: “de perdida él sí llega temprano y eso que viene desde Torreón”, comentario éste al que terció uno más, “y con este clima”.
Attolini-Ganem, el origen del encono
Finalmente, después de su cuenta regresiva, el diputado por Morena, Antonio Attolini Murra, hizo las supuestas “revelaciones” para que José Elías Ganem Guerrero renuncie que, en los hechos, quedaron en nada.
Luego de que la noche del lunes, El Coahuilense Noticias diera a conocer el documento que la Universidad Autónoma de la Laguna emitió, reconociendo que la cédula de José Elías Ganem Guerrero está en trámite, el legislador se quedó con poco parque y sólo pudo hacer una aseveración que, sin datos, es desproporcionada: comparó a Ganem con García Luna y a Román Alberto Cepeda con Felipe Calderón. Humo y salva, como se anticipó aquí.
Attolini aún plantea algunas dudas respecto a la titulación en derecho de Ganem, por lo que según él no debería ser secretario del Ayuntamiento. Pero ante todo, refirió un episodio que dio origen a su encono y que consideró un acoso.
Se trata de un momento incómodo de 2023. En el asadero Vicente, ahí en el bulevar Independencia, estaban Attolini con el entonces tesorero nacional de Morena, Francisco Javier Cabiedes. Desde una mesa vecina comenzaron a importunarlo con comentarios por andar en un lugar “fifí” y le tiraron fotos que al día siguiente Ganem compartió, provocador, en redes sociales. Todo fue desafortunado, por decir lo menos. Al parecer sólo se han visto esa vez en persona.
Hubo un segundo desencuentro ocurrido ya en 2024, en un efímero grupo de WhatsApp, con un intercambio críptico. Attolini criticó al alcalde de Torreón en un comunicado que compartió en ese y otros grupos; Ganem le refirió al “Rojo, Murra y Cova”, en un mensaje que sólo ellos entendieron. Fue Attolini quien puso fin a la discusión.
Por lo visto hay más historia de fondo que hasta ahora es enigmática y da origen a la campaña de Attolini por estos días.
Monclova, los despidos pendientes
Durante los últimos meses de 2024, el entonces alcalde de Monclova, Mario Dávila, dejó prácticamente el cargo; el ayuntamiento sólo funcionó por los mecanismos burocráticos que tiene perfectamente establecidas sus funciones.
No quiso abrir información para la entrega-recepción, dejó planes inconclusos y, por si fuera poco, fue incapaz de resolver la abultada nómina que contrató al inicio de su administración.
Se trataba de cientos de trabajadores que en cierta medida correspondían a compromisos de campaña, estructura electoral y amarres para la gobernabilidad que, casi desde un principio, fueron financieramente inviables. El médico la forzó.
Aunque hubo una serie de despidos escalonados, el plan no le alcanzó y ahora, unos 200 empleados serán dados de baja por al nuevo presidente municipal, Carlos Villarreal, por una necesidad administrativa heredada.
No es el único caso pero sí el del municipio de mayor población y presupuesto con ese problema que, sin embargo, se ve obligado a resolver justo ahora, cuando Carlos Villarreal se ubica en el momento de contar con un ventajoso bono electoral por la manera en que ganó la elección. No por eso, el costo político que debe asumir es injusto toda vez que el responsable ya salió y se fue a su casa tan campante.
Ogazón, ecuánime
Ayer, la regidora ramosarizpense, Lizbeth Ogazón, dio un ejemplo de cómo el quehacer público es una responsabilidad que va más allá de la lucha política e ideológica, en especial cuando se ejerce la representación de los ciudadanos.
Al asumir la presidencia de la Comisión de Educación en el cabildo que preside Tomás Gutiérrez, la morenista, expresó:
“Éste no será un espacio de confrontación ideológica, sino de gestión y trabajo en conjunto, siguiendo el ejemplo que nos ponen nuestras autoridades federales y estatales, desde el cabildo y con el municipio tendremos que hacer lo propio”.
Por lo visto es de las pocas que ha leído bien las señales de lo que ocurre entre el estado y la Federación en los últimos meses, pero también se trata de una definición opositora en días en los que la irresponsabilidad política llega a frivolizar en cierta esfera que apuesta por el conflicto sin más.
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