Redacción El Coahuilense
La creación del nuevo partido, Somos Mx, anunciado el pasado miércoles, efectivamente está descansando la edificación de su estructura en los restos del PRD y, concretamente, entre los antiguos miembros de la Iniciativa Galileo.
Aunque hay algunos actores de la sociedad civil participando activamente, en el caso de Coahuila el primer acercamiento formal no fue con las OSC ni con la sin-partido Mary Telma Guajardo –a quien se ubica más en el lado de los alicaídos “Chuchos”. Fue con Evaristo Lenin Pérez Rivera, dirigente del partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC).
La información que se hizo llegar a esta columna indica que fue en octubre cuando Guadalupe Acosta Naranjo buscó a Lenin, no se sabe si en Coahuila o en Ciudad de México, para exponerle el proyecto, el apoyo (no está claro si económico) de importantes empresarios y la participación del Frente Cívico Nacional como convocante.
Hasta donde se sabe, Lenin no ha dado respuesta pues aquilata la rentabilidad de perder las siglas del partido local más antiguo de México en un contexto que, como se sabe, lo asfixian las condiciones de competitividad con que irrumpen partidos nacionales y que lo han obligado a construir alianza tras alianza y en no pocas ocasiones con mermas y traiciones.
Para ser partido, Somos Mx tiene un primer reto en realizar 100 de las 300 asambleas y se propone conseguirlo en el primer trimestre del año, algo que con pura Iniciativa Galileo se antoja imposible por lo poco representativos que son en territorio. Y es ahí donde las OSC juegan un papel relevante para poder alcanzar las 260 mil firmas a nivel nacional.
Lo anterior significa que para Coahuila requieren unas 7 mil firmas de apoyo distribuidas en sus ocho distritos para un total de aproximadamente 870 firmas como mínimo por distrito, algo que se dice fácil pero… habría que preguntarle a los que intentaron partido local el año pasado cómo les fue con eso.
Ideológicamente, si eso importa en estos tiempos, el sentido plural de Somos Mx empata bien con la idea de la concertación democrática de UDC que ha guiado su narrativa desde que fue fundado por Evaristo Pérez Arreola.
A propósito de los locales
Como se recordará, fueron siete las organizaciones políticas que iniciaron el trámite y manifestaron su interés por convertirse en partido político local, pero precisamente eso de la realización de asambleas y la obtención de un mínimo de firmas de apoyo les fue complicando el escenario y, a estas alturas, sólo quedan dos formaciones en posición de avanzar.
Se trata del Partido Joven, bajo el liderazgo formal de Francisco Botello y, de México Avante, de Fernando Rodríguez. El primero, colaborador estelar de Edgar Puente, un profesional de las organizaciones populares y los partidos chiquitos; el segundo, cercano al neo petista Ricardo Mejía Berdeja aunque en supuesta ruptura con él.
Ambos partidos han realizado sus asambleas y si bien en algunas no alcanzaron un mínimo indispensable, apuestan porque los números en conjunto les den para poder presentar su solicitud formal antes del 31 de enero. De ahí, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que preside Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, tendrá 60 días para resolver si ha lugar o no ha lugar, el registro. Así que, como en la onomatopeya que hasta hace poco solía escribirse en el vecino animal político: tic-tac, tic-tac.
El extraño retén de la 57
En la carretera 57, ahí por el ejido Primero de Mayo, en Escobedo, Coahuila, un grupo de jóvenes tiene un retén. Con conos anaranjados acotan la carretera sin contar con identificación ni documento oficial que les autorice a intervenir el libre tránsito de ida ni de vuelta para practicar una supuesta encuesta.
Al cuestionarles quiénes son, responden que pertenecen a Grupo Cal y Mayor y que realizan una encuesta sobre la carretera. Pero ¿quién les autoriza a intervenir el tránsito ahí? Ellos afirman que la Secretaría de Transportes. Si les explica que esa secretaría así dicha no existe, ellos responden que es lo que les dijeron y el resto de las respuestas son así, esas órdenes les dieron.
Ahí no hay policías federales ni estatales, lo que hay son enormes cráteres en toda la ruta que provocan aparatosos accidentes por la tremenda desatención al tramo al grado de que el alcalde de Escobedo, hace seis meses, al no poder hacer más, colocó un anuncio enorme pidiendo a los usuarios que tengan cuidado con los baches. Pero siendo carreta federal, se la mandaron quitar.
A 500 metros del retén, que presuntamente es de Cal y Mayor, hay un puesto de control militar que ni se inmuta por el flagrante delito federal.
El Grupo Cal y Mayor es principalmente caminero y se especializa en movilidad, entre otras infraestructuras. Se trata pues de un constructor y concesionario de autopistas que, por lo visto, ha posado su mirada sobre la federal 57 en ese tramo letal y quizás esté dando su primer paso a la privatización.
¿Será acaso ese el plan de modernización de la 57 que prometió la presidenta Claudia Sheinbaum? Sería extraño que fuera así por aquello de su repudio al neoliberalismo y todo eso. Pero de lo que ni duda cabe es que ese retén y la supuesta encuesta pinta para ser negocio de alguien.
En Ramos Arizpe, más intereses cruzados
En medio de las protestas por la devastación del Cerro de Guanajuato, en Ramos Arizpe, ayer se instaló la Comisión de Ecología del Ayuntamiento y ahí se presentó como directora del área, Alma Delia Aguirre.
La funcionaria del equipo de Tomás Gutiérrez se dijo a favor de las obras de devastación de cerro y edificación sobre el lecho de un arroyo, con el argumento de que los permisos ya estaban otorgados con anterioridad. Esa fue la respuesta que dio a la regidora Lizbeth Ogazón, quien viene cuestionando el asunto desde el pasado fin de semana. No hubo ni pizca de interés por hacer política, dar largas o dejar en veremos, así a bocajarro, las obras privadas van.
La sinceridad –actitud que por lo general se agradece— resultó poco grata porque el conflicto de intereses se actualizó.
Resulta que las obras fueron autorizadas en 2016, cuando era presidente municipal Ricardo Aguirre y, en su cabildo, era regidor Carlos Valdés del Bosque, el inversionista de las mismas obras autorizadas, como se expuso en este espacio el pasado lunes. Pero ahora, el aval de la directora de Ecología le añade un nuevo detalle al asunto pues la mencionada Alma Delia Aguirre es prima hermana del exalcalde de la autorización, Ricardo Aguirre.
Todo en familia y… ¿qué andas haciendo Richy? -pregunta desde galeras un círculo rojo expectante.
Superando el zipizape lagunero
Los desacuerdos detonados por los mandos de seguridad estatal y municipal, en Torreón alcanzaron ayer la primera formalización pública hacia la normalización de relaciones, al celebrarse la primera sesión de trabajo del Grupo de Coordinación Operativo de Torreón, en la Estación Aérea Militar No. 03.
La anfitrionía corrió a cargo del general de división, Eufemio Alberto Ibarra Flores, quien es comandante de la XI Región Militar y, en el encuentro, estuvieron los demás mandos y destacadamente, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.
El fiscal general abordó el asunto de manera institucional al referir la determinación de reforzar el trabajo coordinado en Torreón. Fue ahí donde el mensaje se podía tomar poco amable pues uno de los puntos es la revisión de portes de armas y licencias de seguridad privada (asunto este de vital importancia para el empresariado lagunero cercano al alcalde Román Alberto Cepeda) y el mapeo de los sectores que presentan mayor incidencia delictiva, lo que supone de por sí que no lo hay y eso atañe directamente a la municipal.
Pero nada. La misma tarde del jueves, el mensaje recibido por esta columna y a consulta expresa a un vocero autorizado del lado lagunero fue que, como lo dijo el fiscal general, son temas que surgieron de las mesas de seguridad, que existe disposición de las partes al trabajo coordinado más allá de las corporaciones y el remate fue: “estuvo muy bien”.
Ciudadanizando políticas
Quien se vio muy de avanzada ayer fue el alcalde de Saltillo Javier Díaz, quien ya mostró los primeros pasos al involucramiento de la sociedad civil en políticas públicas.
Para la Junta de Gobierno de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública entran Emanuele Eugenio Gentiloni Arizpe y Rebeca Boone Villarreal. Mientras que de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública, van María Félix Medrano Soto y Eder Alejandro López González.
De organismos empresariales va con Jorge Enrique Dávila Flores y Alberto Mohamar Servin. Las instituciones educativas con los rectores Jesús Octavio Pimentel González y Giovanni de la Peña Merlos.
En la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura entra Sergio Castillo Lara, José Luis Elizalde González, Julián Herbert Chávez, Luz María Fuentes de la Peña, Martín Madrigal Guzmán, Jesús Fernando Cervantes Flores y Laura Luz Morales Ramírez, que dicho sea de paso, son importanres voces en la cultura de la localidad pues Julián es el escritor coahuilense de mayor presencia dentro y fuera del país, Luz María una voz imprescindible en Saltillo y Martín, acaso quien colocó a Saltillo en el mapa internacional de la música de concierto.
En la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (Implan) van Bernardo Chuck Salazar, Jorge Victoriano del Bosque de la Peña y Héctor Horacio Dávila Rodríguez por organismos empresariales. Rebeca Boone Villarreal y Francisco Miguel Aguirre Rodríguez (Asociaciones y Colegios de Profesionistas). Así como Roberto Esteban Garza Fishburn y Jesús Octavio Pimentel Martínez por Instituciones universitarias.
La única crítica acaso sea que dichos consejos parecen llevar siempre los mismos nombres o grupos políticos y empresariales, excluyendo a nuevos jugadores en un Saltillo que ya no es el de antes.
¿Repetición en el IMC?
Por cierto, se retrasó la decisión sobre la titularidad del Instituto Municipal de Cultura durante tres semanas. De acuerdo al círculo rojo, el alcalde no se convencía con los perfiles que le fueron presentando, las disputas entre gremios e intragremiales y el manoteo por la posición que lejos de procurar consensos buscaba chamba para familiares y amigos.
Finalmente, la decisión que trascendió es que Leticia Rodarte, quien se desempeñó en ese cargo durante la administración de Chema Fraustro, regrese formalmente, de manera que sería la única en repetir.
Las críticas a Rodarte en los gremios son muchas, pero en especial hoy, cuando ya es notoria la necesidad de expandir los derroteros de la política cultural a todos los sectores y no concentrarse en la elite o el negocio que para unos cuantos representa el FINA.
¿Podrá Rodarte con la idea de llevar la cultura a los confines más recónditos de la ciudad? ¿o al menos a sectores populosos y sin oferta como Mirasierra o Saltillo 2000 que son ciudades en sí mismas? Veremos pero, por ahora, es lo que hay.
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