El fin de semana interrumpió la atención política sobre el quiebre de la relación Ayuntamiento de Torreón – Gobierno del Estado en materia de seguridad, un asunto de la vida pública estatal que plantea algunas dudas en lo inmediato.
Por principio de cuentas, es propicio informar que el fin de semana fue normal en Torreón y la laguna toda, al menos en lo que respecta a delitos relacionados con delincuencia organizada. Esto es que, más allá de los hechos delictivos inherentes a la vida de una ciudad o región, debe decirse que hubo saldo blanco inclusive con los eventos masivos realizados.
Hasta donde esta columna pudo indagar las operaciones policiacas no se relajaron y, por el contrario, el estado de fuerza aumentó bajo la operación directa del secretario de Seguridad, Federico Fernández Montañez, con el despliegue de efectivos estatales en diferentes zonas de Torreón, lo que hace verificable el mensaje del gobierno del estado sobre mantener las condiciones del llamado blindaje.
Las dudas en lo municipal
La primera y persistente duda desde el pasado viernes es sobre el hecho que detonó el quiebre en la relación del ayuntamiento con el estado. Hasta ahora no hay nada oficial como tampoco queda claro si se llegó a un punto de no retorno o se ha dejado un resquicio para el restablecimiento de la relación y, en su caso, quién podría ser un interlocutor confiable.
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Se espera que antes del fin de esta semana, el alcalde Román Alberto Cepeda, vaya a nombrar un mando militar para dirigir el Grupo de Reacción sin mando estatal, que sólo responda a él y a su jefe policiaco, César Perales.
Al respecto, la duda tiene que ver con el origen del eventual mando. Como toda entidad con poder y muy destacadamente una que posee una vida interna tan opaca como el Ejército Mexicano, las relaciones de grupo, facción, generación (antigüedad, dicen los militares), arma y proximidades políticas son relevantes cuando se trata de designar un mando de extracción castrense en una entidad de mando civil.
Con lo anterior, el palomeo del general Alberto Ibarra Flores, comandante de la XI Región Militar se hace indispensable y, sin embargo, supondría una subordinación pues no hay oficial ni mando que aun en retiro o en tareas policiacas, pierda el respeto por el superior militar.
Hay otro aspecto dudoso, que tiene que ver con las capacidades constitucionales del municipio conforme al 115 constitucional, en lo que corresponde a su fracción III inciso h, sobre la función en materia de seguridad. Ya en el juego duro, el propio 115 establece en su fracción II la posibilidad de que el estado asuma tareas que la legislatura considere no puede realizar el municipio.
La medida es radical, pues se trata de un estado de fuerza municipal con 800 efectivos y un presupuesto de 640 millones de pesos.
Hasta dónde llegará el diferendo
Sobretodo, la duda más allá de la materia de seguridad es si hay un cálculo político, una ruta de partida, una preparación para el rompimiento que tronó por el sensible asunto de la seguridad o viceversa.
La estrategia de desinformación
El problema político se encuentra en un área oscura, tanto que desde el mismo viernes existe una operación de desinformación que se distribuye con noticias efectivamente publicadas, o bien, mediante mensajes de redacción precaria pero información delicada en mensajes de WhatsApp.
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Dichas informaciones convierten en objetivo de denuesto señaladamente al alcalde Román Alberto Cepeda, pero de manera similar a algunos mandos estatales que, por la naturaleza de su función, eran poco conocidos.
Así que la siguiente duda se relaciona con el origen de los barridos masivos de desinformación que afectan a un orden de gobierno y otro, como si un tercero interesado estuviera generando condiciones de inestabilidad.
Opacidad legislativa o error comunicacional
Ayer venció el registro para los interesados en la llamada, por economía del lenguaje, Fiscalía Anticorrupción y el Congreso del Estado no tuvo a bien mantener la promesa de transparencia en un proceso que se supondría de primera importancia.
Y es que, hasta ahora, no hubo siquiera un atisbo sobre la cantidad de registros solicitados, una numeralia ni un comunicado mínimo al respecto.
Se trata acaso de una instrucción para la secrecía del proceso o de un relajamiento de la política comunicacional en el legislativo que ha tenido tropiezos recientes en asuntos menos relevantes.
En cualquier caso, el carácter secretista hizo imposible confirmar la presunta inscripción del hoy exfiscal, Jesús Flores Mier, nombre este último que gravita en el imaginario de un círculo rojo que prevé su reelección.
Alito del Bosque
Diego del Bosque quedó mantenido como dirigente estatal de Morena hasta 2027, luego de que ayer se establecieran diferentes directrices en el desarrollo del Congreso Nacional de Morena, lo que ha generado que entre morenistas se le comenazara a llamar “Alito” del Bosque.
El espectáculo de arropamiento a Del Bosque fue penoso, toda vez que la fotografía más difundida de coahuilenses en el Congreso Nacional, fue rodeado de menos de 35 consejeros.
Como se abordó en este espacio desde hace semanas, la confirmación de Diego del Bosque para un período extendido era un hecho muy a pesar de los movimientos que intentaron los consejeros morenistas simpatizantes del hoy diputado federal petista Ricardo Mejía Berdeja, quienes no quedaron satisfechos con la extensión.
Pero la inconformidad también surgió por el lado guadianista, pues nos dicen que inclusive Alberto Hurtado, el diputado local, expresó su rechazo a la actual dirigencia y no porque la quiera para él, y sí por considerarla obsoleta y carente de liderazgo.
No sobra decir que la extensión del período de Diego del Bosque fue celebrada por Antonio Attolini y que, entre los consejeros que lo arropan destacan figuras próximas a Luis Fernando Salazar, como la diputada federal Cintia Cuevas y el primo del dirigente estatal, también diputado federal, Tony Castro.
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