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Por Gibrán Ramírez Reyes
Los usuarios frecuentes de las carreteras hemos atestiguado un operativo publicitario que no se veía desde las épocas en que Enrique Peña Nieto pretendía saltar de la gubernatura del Estado de México a la presidencia de la república. Miles de bardas se han pintado –además de en los citados tramos carreteros— en casi todas las ciudades del país con la leyenda #EsClaudia. Otra modalidad publicitaria ha sido la colocación de espectaculares que anuncian revistas donde la gobernante aparece como portada, una simulación para no contratar directamente la publicidad y burlar así las leyes electorales. Al mismo tiempo, se ha desplegado un enorme operativo de propaganda con el pretexto del cuarto informe de gobierno de la mandataria capitalina mediante whatsapp y mensajes de texto. Han aparecido decenas de portadas, entrevistas a modo y publirreportajes en medios de comunicación grandes y medianos. Se trata de inserciones pagadas que se presentan al público como información. El mismo camino ha comenzado a recorrer Adán Augusto con la formación de los comités #QueSigaLópez. Se trata, en todos los casos, de prácticas que en su época fueron denunciadas por AMLO, quien se erigió desde la oposición como la principal voz moral de la democracia, contra el fraude electoral y la parcialidad mediática. Si no hubiera sido por el movimiento que dirigió (un bloque social democrático ya extinto en buena medida), los reclamos democráticos habrían tenido mucho menos eco.
El problema es que quienes desde la oposición apoyaban el reclamo democrático hoy se atascan con el poder mientras hacen como que moralizan la vida pública y como que nadie se da cuenta del atasque. Y, del otro lado, la oposición se ve francamente falsa condenando las prácticas que ellos inventaron. Además, destaca su comodidad en el griterío: prefieren escandalizar con cualquier tontera que registrar ante notario la evidencia del gasto en bardas y espectaculares en cada uno de los distritos electorales federales, además de la estructura territorial, la pauta publicitaria de redes sociales y el uso de aplicaciones de mensajería. Nadie, tampoco, ha registrado la actividad de la asociación civil “Que siga la democracia”, que se ha convertido ahora en una estructura de impulso de la candidatura oficial. ¿Cuántos cientos de millones van?, ¿de dónde salieron? En un país con normalidad democrática (como la que prometió López Obrador), el enorme gasto realizado en campañas anticipadas sería motivo de anulación de las candidaturas, pero las instituciones que antes se prestaron a la simulación para no hacerlo procurarán evitarlo también ahora, pues su incentivo sigue siendo quedar bien con el poder. En México, valen más las reglas informales que las leyes. Hoy, hay un INE con algunos consejeros vociferantes, pero cuya unidad de fiscalización no se ha empleado a fondo ni siquiera en los casos en que la prensa ha comprobado financiamiento ilícito. Ha cambiado la gente antes que las estructuras; algunos viejos luchadores contra el fraude hoy incluso colaboran con gobiernos emergidos del dinero sucio. Quién diría que la máxima estatura institucional que alcanzaríamos sería la sanción de Amigos de Fox y Pemexgate. Qué pequeños se ven esos cientos de millones comparados con la “normalidad democrática” de hoy.
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