perse
Por Álvaro Delgado Gómez
No es ninguna novedad que la derecha se oponga a los libros de texto gratuitos: Desde que el poeta Jaime Torres Bodet los creó, hace 63 años, ha sido incesante la campaña para eliminarlos o torcerlos, como parte del combate contra la educación pública que han sostenido, por décadas, grupos y personajes como el magnate Claudio X. González, ahora jefe de la oposición.
De la mano del exministro José Ramón Cosío, González Guajardo ataca ahora a los libros de texto gratuitos ante el Poder Judicial, en una estrategia conjunta con la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), creada en 1917, precisamente en reacción a la Constitución de ese año y a su contenido civilizatorio.
Veamos los datos: Una de las abogadas que promovió amparos de la UNPF contra los libros de texto gratuitos es Mariana Calderón Arámburu, integrante del Consejo de Litigio Estratégico que representa a la Senadora Xóchitl Gálvez en el amparo para ingresar a la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo demandó por difundir los millonarios contratos de las empresas de la legisladora. Y otros tres abogados, que también representan a la UNPF, fueron colaboradores de Cosío cuando era Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ): Patricia Rojas Zamudio, Raúl Manuel Mejía Garza y Gabino González Santos.
Así que nadie se sorprenda: Los jefes de la oposición partidaria, mediática e intelectual, que son en realidad la oligarquía, son también los que están detrás de los ataques contra los libros de texto gratuitos mediante la UNPF, que es controlada por la organización secreta El Yunque, que trabaja de la mano de Claudio X. González.
Hoy, después del largo ciclo neoliberal que también infectó a los libros de texto gratuitos, se libra una batalla por la educación entre dos visiones: La individualista y privatizadora para unos cuantos contra la que debe garantizar los derechos de acceso al conocimiento en todos los niveles para el progreso colectivo.
Y el rumbo para recuperar la educación pública de calidad deben ser la infraestructura, las becas, el salario de los maestros y libros de textos, estos últimos vistos por la derecha como la “bestia negra” que ha sido combatida desde su nacimiento mismo.
González Guajardo no había nacido cuando Torres Bodet, secretario de Educación de Adolfo López Mateos, entregó los primeros libros de texto gratuitos, el 16 de enero de 1960, en la localidad de El Saucillo, San Luis Potosí, como parte de un plan para garantizar el acceso de todos los niños a la educación, como ordenaba la Constitución desde 1917.
La reacción de la derecha jefaturada por la Iglesia católica fue de repudio y se generó un conflicto político, como el que ahora trama también la derecha a través de unos de dos de sus brazos, el PAN y la UNPF, porque supuestamente se trataba de “ideologizar” a las futuras generaciones, exactamente lo mismo que ahora alegan.
La derecha salió a las calles para reclamar que esta política educativa era un atentado contra el derecho de los padres a educar a sus hijos, sino contra la libertad de pensamiento y, con ello, se buscaba imponer la intolerancia antidemocrática del régimen, incluyendo el peligro de convertir a México en un país comunista, como acababa de suceder en Cuba con el triunfo de la revolución cuatro años antes, en 1959.
En su libro Jaime Torres Bodet: Realidad y destino, Fernando Zertuche Muñoz —quien fue secretario ejecutivo del IFE encabezado por José Woldenberg— cuenta a detalle el plan de los libros y la oposición a ellos, porque controlando la educación pública a través de ellos también se controlaría la verdad histórica y hasta el cambio de régimen.
Pero esa no era la meta de Torres Bodet, puntualiza el especialista Víctor Hugo Granados Zapata:
“La principal motivación de Torres Bodet, con base en el libro de Fernando Zertuche, era promover la garantía del derecho a la educación que desde la Constitución de 1917 ya se establecía en su artículo 3°, no la imposición de un régimen ideológico o la promoción de una ideología antidemocrática, al contrario, construyó una sociedad más educada y democrática (si no, en la actualidad no hubiésemos tenido tres partidos diferentes en el Ejecutivo).”
También Torres Bodet impulsó, recuerda Granados Zapata, la Campaña Nacional Contra el Analfabetismo sin ningún tinte ideológico más que el de la justicia social. Y se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, en 1959, la cual fue integrada por editores de los periódicos Excelsior, El Universal, Novedades, El Sol de México y La Prensa, “con el propósito de crear un libro de texto de calidad, diseñado para promover la enseñanza básica en todo el país, de forma gratuita y progresiva.”
Como debe ser normal en una democracia, sobre todo al término de una administración, ha comenzado la revisión del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en todos sus aspectos y la educación, sus avances y sus retrocesos, están sujetos a un implacable escrutinio, no desprovisto de motivaciones políticas.
En el caso de los libros de texto gratuitos, asistimos a otro episodio cíclico de oposición a ellos mediante todo tipo de acciones, incluyendo las jurídicas que tratan de ocultar las ideológicas y políticas que enarbolan los que siempre han estado en contra de la educación pública o que pretenden una más amplia privatización de este sector.
El PAN y la UNPF han sido consistentes con su oposición a los libros de texto desde hace décadas y se han unido a los organismos contra la educación pública creados por Claudio X. González, quien ahora —ya de manera formal y orgánica— forma parte del mismo proyecto de nación en el que la supuesta izquierda del PRD es también reaccionaria.
Porque más allá de los litigios y los alegatos sobre si existen o no los planes de estudio —que sí existen—, en la educación se trata también de la confrontación de dos visiones de México que se disputan el poder: Los que ambicionan privatizar todo, con una visión individualista y de lucro, y el fortalecimiento de lo público, de los derechos de todos al conocimiento como instrumento de progreso de toda la sociedad.
La educación es, sí, otro capítulo de la disputa por la nación.
MÁS DEL AUTOR:
