Por Brenda Macías
La propuesta de Reforma al Poder Judicial en México, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un intenso debate en la sociedad. Si bien la necesidad de reformar el sistema judicial es innegable, esta propuesta en particular parece carecer de una perspectiva de género y se centra principalmente en medidas de austeridad y control político.
Austeridad y control: ¿a costa de la justicia?
La reforma se presenta como un apretón de cinturón a los altos mandos del Poder Judicial, buscando alinearlos con la supuesta “austeridad” y “pobreza franciscana” de la llamada 4T. Sin embargo, esta austeridad podría tener un costo elevado en términos de acceso a la justicia, especialmente para las mujeres y niñas víctimas de violencia, y le abre la puerta a la corrupción.
Justicia electoral: ¿un espectáculo de masas?
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la elección de ministrxs, magistradxs y juecxs por voto popular. Si bien esto podría aumentar la legitimidad del Poder Judicial, también existe el riesgo de que se politice y se convierta en un espectáculo de masas, donde prevalezca el carisma y la persuasión sobre la capacidad jurídica y la imparcialidad.
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¿Justicia para quién?
La reforma busca una impartición de justicia austera, independiente y legítima, que no atienda a poderes privados. Sin embargo, la concentración de poder en el partido Morena y la falta de apertura a puntos de vista contrarios generan preocupación sobre la verdadera independencia del Poder Judicial.
La ausencia de la perspectiva de género
La reforma no aborda de manera integral los problemas de fondo del sistema judicial, como la impunidad en casos de violencia contra mujeres y niñas. La falta de una perspectiva de género en la propuesta es evidente, ya que no se plantean medidas específicas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, ni para combatir la discriminación y el patriarcado en el sistema jurídico.
¿Un verdadero cambio de paradigma?
La reforma parece quedarse en la superficie, sin atacar las raíces profundas de la impunidad y la desigualdad en el acceso a la justicia. La pregunta es si esta reforma, centrada en la austeridad y la elección popular, realmente logrará un cambio de paradigma que garantice la seguridad y la justicia para todas las personas, especialmente para las mujeres y niñas.
El Estado de derecho y la seguridad: ¿una utopía?
El Estado de derecho, basado en la seguridad, la igualdad y el respeto a la dignidad humana, parece cada vez más lejano en un México donde la violencia y la impunidad son moneda corriente. La sensación de inseguridad, especialmente para las mujeres, es constante, y la falta de prevención, sanción y reparación del daño perpetúa un ciclo de violencia e injusticia.
¿La reforma nos acercará a la justicia?
La reforma plantea interrogantes cruciales: ¿La elección popular y la austeridad garantizarán el acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia? ¿Acabará con el clasismo y el patriarcado del sistema jurídico? ¿Combatirá la impunidad y el nepotismo en todos los órganos de gobierno?
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La necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial es innegable, pero esta propuesta en particular parece insuficiente y carente de una visión de género.
Es fundamental que cualquier reforma al sistema judicial tenga en cuenta las necesidades y demandas de las mujeres, y que se enfoque en garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, sin discriminación ni privilegios.
Hasta la próxima entrega.
@brendamargotms
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