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Por Álvaro Delgado
La reunión clandestina del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, con los dirigentes Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) en el domicilio personal del secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, el 3 de marzo de 2021, no sólo fue una clara violación constitucional de ambos funcionarios, sino que tuvo un objetivo faccioso: Anular decenas de candidaturas de Morena.
En la anterior entrega de “Historias de lo inmediato”, del martes 12 de diciembre, se acreditó la violación del artículo 41 de la Constitución que cometieron Córdova y Jacobo Molina con la reunión secreta con los presidentes de esos tres partidos, pero ahora, conforme a la lógica de los acontecimientos, puede colegirse que ahí se articuló una estrategia facciosa del INE para perjudicar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta reunión clandestina ya fue confirmada por Zambrano, el presidente del PRD que anunció que denunciará a la gobernadora Layda Sansores, quien difundió el chat de WhatsApp entre los dirigentes partidistas que consigna la cita del 3 de marzo de 2021, celebrada en pleno proceso electoral, en el que se estrenó la coalición Va por México.
¿Cuál era en esos días el tema más álgido en la agenda política y de cobertura mediática? Era Félix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura de Morena a gobernador de Guerrero, acusado de violación sexual y bajo una intensa campaña desde inicios de ese año y que se intensificó hacia el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Conforme al chat de WhatsApp entre Moreno Cárdenas, Cortés y Zambrano, avalada por éste, el 19 de febrero se pactó con Córdova la reunión en la casa de Jacobo Molina cuatro días después de que, el 27 de febrero, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resolvió procedente la candidatura de Salgado Macedonio y que generó protestas feministas y políticas.
Avalada la candidatura de Salgado Macedonio por parte del órgano electoral de Guerrero, el 4 de marzo, el INE comenzó a indagar el proceso interno de Morena para designar al candidato a gobernador y, pese a que fue por encuesta, encontró que el político no entregó gastos de precampaña ni declaró un gasto de 19 mil 872 pesos y, por ello, anuló su candidatura.
Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó al INE reconsiderar la sanción por desproporcionada, una mayoría encabezada por Córdova la mantuvo, con lo que consumó la inhabilitación electoral de Salgado Macedonio, equiparable al desafuero de López Obrador, en 2005, por parte del PRIAN.
Pero la de Salgado Macedonio no fue la única candidatura que anuló el INE: En la sesión del 25 de marzo, tres semanas después de la reunión de Córdova con Moreno Cárdenas, Cortés y Zambrano, en el domicilio personal del secretario ejecutivo, también se dejaron sin efecto otros 48 miembros de Morena, con el mismo argumento legal.
Además de Raúl Morón, aspirante a gobernador de Michoacán, el INE inhabilitó a 25 candidatos a diputados federales de varios estados, seis a candidatos a diputados locales y 16 a alcaldes, en una ofensiva que no tiene precedente en México.
La reunión clandestina de Lorenzo Córdova, que revela su talante faccioso, fue confirmada por Zambrano por medio de su cuenta de Twitter, el 10 de diciembre, cuando anunció que demandará a la gobenadora de Morena.
“Desde Oaxaca le digo a la delincuente electoral Layda Sansores que la voy a demandar por espionaje y difundir conversaciones privadas de manera ilegal. Se jacta de cometer el delito y confesarlo públicamente. Quiere restarnos autoridad jurídica y moral. Ahora resulta que no podemos sentarnos a dialogar con algún funcionario electoral, ¿desde cuándo se está legalmente impedido para hacerlo?”
Ojalá que Zambrano presente la denuncia contra la gobernadora, porque el juicio permitiría conocer más detalles de esa reunión clandestina, no por los dirigentes de PRI, PAN y PRD, que tienen el derecho de reunirse cuando les venga en gana con quienes quieran reunirse con ellos y definir cualquier estrategia y tomar las decisiones que deseen, siempre que no violen la Constitución y la ley, sino por Córdova y Jacobo Molina.
Estos últimos como servidores públicos sólo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les indiquen expresamente, como dispone el artículo 41 fracción 5, apartado A de la Constitución a los funcionarios electorales: “En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores”.
Aún cuando esa reunión haya tenido un carácter recreativo —pudo haber sido un convivio con motivo del onomástico de uno de los presidentes partidarios o de los funcionarios electorales—, Córdova y Jacobo Molina debieron abstenerse hasta por razones de forma.
Pero no: Lorenzo Córdova y Jacobo Molina han decidido, desde hace mucho, formar parte de una facción político-electoral, antes en el gobierno y ahora en la oposición. Han sido viles árbitros vendidos.
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