Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
Hace casi 25 años, el 6 de febrero del 2000, un operativo al mando de un marino con grado de almirante, Wilfrido Robledo Madrid, llegó con el mando de miles de elementos que desalojaron a jóvenes paristas y detuvieron a 436 integrantes del Consejo General de Huelga, en Ciudad Universitaria de la UNAM.
Esa fue la primera incursión de un cuerpo identificado como Policía Federal Preventiva, que, desde 1999, el entonces presidente Ernesto Zedillo autorizó y con el cual continuarían los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En 2011, a través de solicitudes de información, fue posible identificar que los supuestos agentes de la PFP, en realidad eran soldados de la Primera y la Tercera Brigadas de Policía Militar, con derechos laborales en el limbo y en la mayoría de las ocasiones en que se pudo rastrear su presencia, sometidos los soldados a condiciones de trabajo y alimentación precaria.
La participación de esos supuestos agentes de la PFP se pudo acreditar en San Salvador Atenco, una vez más bajo el mando del almirante Robledo Madrid, en las razzias brutales contra los campesinos y contingentes solidarios que resultaron en la muerte de dos personas, la detención de 290 personas que en muchos casos fueron sometidas a tratos crueles inhumanos y degradantes, así como a las horrendas agresiones sexuales y violaciones de 26 mujeres, torturas y allanamientos domiciliarios sin orden judicial.
Ese 2011, con las respuestas a las solicitudes de información en mano fue posible advertir que su participación en tareas de seguridad, hasta entonces opaca, se fundaba en un convenio que solía renovarse a veces cada seis meses y otras cada año, cuyos firmantes eran los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los de la de Seguridad Pública de cada sexenio.
Identificadas las brigadas de Policía Militar, fue sencillo hacer el contraste con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que notaban la participación de militares en los operativos (sólo porque requerían atención médica y fueron llevados a instalaciones militares) contra los trabajadores del sindicato minero en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 2006 y, ese mismo año, en la represión a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca.
En octubre de 2009, el mismo contingente de la PFP, en realidad de soldados con uniforme de policía federal, participaron en el operativo con el que se concretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El propio Felipe Calderón contó en uno de sus libros cómo fue que planearon la fecha por haber un partido de la Selección Mexicana y porque los dirigentes del SME tenían una fiesta familiar en Juandhó, Hidalgo.
Un año después, en junio de 2010, los mismos desalojaron a los huelguistas de Mexicana de Cananea, con un salvajismo que implicó una vez más allanamientos de morada, detenciones arbitrarias y golpizas a trabajadores mineros.
Estuvieron presentes el 1 de diciembre de 2012, así como el 13 de septiembre de 2013, cuando los manifestantes de la CNTE accedieron a desalojar el Zócalo pero fueron golpeados en su retirada pacífica por los soldados que cada vez llegaban en autobuses a diferentes manifestaciones, entre éstas las generadas por la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa y no fue una ni dos veces que se acreditó que algunos encapuchados que participaban en disturbios descendían de los camiones de los supuestos federales.
Bajo ese mismo esquema participaron en operaciones relacionadas con el combate al narco con aquellos envíos de contingentes (cuyo ejemplo más frustrante se dio en Ciudad Juárez, tras aquella masacre de jovencitos en 2010) y, cuando hubo violaciones graves a derechos humanos, la mayoría de los perpetradores y los mandos quedaron impunes.
La Policía Federal tuvo su academia civil y, hay que decir que muchos fueron los agentes con buena formación pero que la decisión política los dejó fuera del sistema cuando el presidente López Obrador anunció la integración de la Guardia Nacional precisamente con las dos brigadas mencionadas, además de la Sedena y un contingente de la Marina Armada de México. La academia creada para este último cuerpo quedó bajo la Escuela Superior de Guerra.
El relato de hoy no es ocioso. Los soldados de la Policía Militar dejaron el disfraz y se integraron a la Guardia Nacional que ahora vuelve a donde siempre perteneció.
La mayoría de las voces que hoy critican el modelo bajo la Sedena, parecen obviar que gobiernos emanados de sus partidos e inclusive en los que participaron activamente y en el discurso defendieron, perpetraron crímenes que quedaron impunes, ejecutaron un proceso represivo bajo condiciones opacas, con derechos laborales de los elementos vulnerados.
En los años que lleva la Guardia Nacional en operación, es decir, desde que esos mismos cuerpos militares operan de manera transparente e institucionalizada, no existen casos tan graves de represión o de operaciones diseñadas para la violación masiva de derechos humanos, hay derechos laborales garantizados para los elementos y la previsión de ser procesados por la justicia de civiles, aspecto este último en el que, si la discusión fuera seria, ahí sí tendría que debatirse y abundarse.
MÁS DEL AUTOR:
Síguenos en