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Por Alejandro Páez Varela
Es comprensible que un segmento nada despreciable de la sociedad mexicana celebrara el arresto de Genaro García Luna el 10 de diciembre de 2019, y también se entiende que esperara un juicio severo y una pena ejemplar. El jefe policiaco mexicano es el rostro del fracaso de la guerra contra las drogas del sexenio 2006-2012 (que Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong replicaron de 2012 a 2018) y además representa, en su persona, la única posibilidad de que Felipe Calderón Hinojosa, el verdadero diseñador de la estrategia que trajo miles de muertos hasta nuestros días, pagara alguna de las muchas facturas de impunidad.
Tener a García Luna en el banquillo de los acusados, para muchos, ha sido como tener a Calderón mismo. Aunque sea un holograma. Pero si la corte de Estados Unidos le da cadena perpetua al exfuncionario mexicano, ¿será justicia suficiente? ¿Se compensa el daño? Esas y otras preguntas que nos hacemos los mexicanos son muy válidas y merece revisarlas.
Cuando la guerra empezaba en Ciudad Juárez, me contó entonces un especialista en seguridad –que luego tuvo que exiliarse–, que “Gente Nueva”, un grupo mercenario al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Cártel de Sinaloa, traía “una lista de los líderes de La Línea, de tal forma que los sicarios llegaban a un domicilio, tocaban la puerta, confirmaban el nombre y luego disparaban”. Era un comando de ajusticiamiento que había llegado de lejos –se confirmaría después–, con una lista que sólo pudo salir de un cuerpo de inteligencia.
Alguien le había hecho el trabajo previo a “El Chapo”, me dijo el especialista, exdirector de uno de los penales. Alguien desde el Gobierno de Felipe Calderón, con dinero público, habían utilizado las herramientas con las que cuenta el Estado para satisfacer el apetito de un criminal en guerra contra otro. El hecho de que Guzmán Loera tuviera ayuda hizo la diferencia porque pudo derrotar al hermano de Amado Carrillo en su propio terreno, según esta versión: venció a Vicente Carrillo “El Viceroy”, quien estaba a cargo de las operaciones de la empresa criminal en esa frontera.
La pregunta “¿quién entregó esa lista a ‘El Chapo’?” se puede responder más o menos fácilmente si no requiere dar nombres. Fueron civiles o militares. Pero eso no es lo importante o es apenas un botón de muestra de una lección más amplia.
La guerra de Felipe Calderón fue una “intervención en las lógicas criminales”, decidida desde una cúpula del Gobierno. El discurso público nos dijo que era para acabar con los enemigos de la sociedad, pero esa intervención habría sido para beneficiar a un grupo de narcotraficantes, según la evidencia de los fiscales. Las policías de García Luna no eran reactivas ni iban al lugar de las tragedias a llevar justicia, a resolver crímenes y a garantizar que los asesinos pagaran por lo que hacían. Eran fuerzas que operaban con inteligencia.
“El ingeniero”, como le dice Calderón, se había formado en el Cisen y perfectamente sabía para qué sirven el espionaje, la infiltración, la identificación y clasificación de actores, etcétera. Aquí el punto es que, según los propios líderes criminales, las fuerzas de seguridad intervinieron para beneficiar a ciertos grupos aunque eso provocara, como vimos, una guerra de varios frentes.
Por estos días, en la corte de Estados Unidos escuchamos cómo los jefes del crimen organizado dicen que García Luna supuestamente les ayudó con sus rivales. La tesis de la lista de enemigos entregada a “Gente Nueva” en Ciudad Juárez parece tener sentido. Si es así, la guerra de Calderón se convierte de manera formal en una herramienta para administrar los crímenes entre civiles desde Estado. Así, estamos frente a un caso notorio, incluso a nivel internacional, en donde el Estado utiliza el “monopolio legítimo de la violencia” –planteado por Max Weber en La política como vocación, 1919– para intereses particulares: una serie de sobornos tasados, durante las audiencias en Brooklyn, en millones de dólares.
La guerra entre Vicente Carrillo y Joaquín Guzmán dejó, en un tiempo récord, más de siete mil homicidios dolosos en Ciudad Juarez y los municipios conurbados hasta el Valle de Juárez. Y eso fue sólo en el arranque y sólo los muertos. ¿Se imaginan cuántos homicidios causó García Luna con la administración del caos que vino con la declaración de guerra del Presidente Felipe Calderón? ¿Se imaginan cuántas personas fueron asesinadas cada vez que García Luna, con conocimiento o no de Calderón, se sentaba con un criminal, de acuerdo con los fiscales de Estados Unidos?
Insisto: es comprensible que millones de mexicanos celebraran el arresto de García Luna y una eventual pena ejemplar, pero esto no podría quedar allí. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no se hará las preguntas que son fundamentales para los mexicanos, y el Juez Brian Cogan sólo tomará en cuenta si se prueba o no que el exsecretario es corrupto. Pero no saldrá, al menos en este juicio, que la corrupción de las autoridades federales de México alentó que miles de personas fueran víctimas de homicidio, secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, etcétera.
El Juez Cogan tampoco analizará a fondo la estrategia de seguridad calderonista. No es su papel y además lo metería en un atolladero porque pasa por revisar, primero, el concepto “guerra contra las drogas” acuñado el 18 de junio de 1971 por el Presidente Richard Nixon, y la estrategia “guerra contra las drogas” que impulsa Estados Unidos y que ha generado más corrupción y cientos de miles de muertos en el Continente Americano, incluyendo sus territorio. El Juez tampoco se planteará por qué el Presidente Calderón mantuvo la estrategia después de que (a) tuvo muchas advertencias documentadas (hay oficios, cartas, conversaciones) de que su jefe policiaco era corrupto y (b) conoció el daño que se causaba a la población civil.
¿Entonces quién lo va a plantear y cuándo? Porque si García Luna es hallado culpable se habrá recorrido una parte del camino pero no todo, o no para los mexicanos.
En su texto “Sobornos, montajes y corrupción: el poder corrosivo del narco en el juicio contra García Luna” publicado en El País este domingo 12 de febrero, Elías Camhaji expone: “Pero el dinero se repartía a todo tipo de funcionarios y servidores públicos. Nava Valencia implicó a Guillermo Galván Galván, Secretario de Defensa de Calderón. Tirso Martínez ‘El Futbolista’ habló de cómo había sobornado a comandantes de la Policía estatal y empleados de peajes. [Édgar] Veytia contó que tenía a jueces y periodistas en nómina para ‘guardar las apariencias’, así como de los fondos que llegaron hasta las campañas electorales. Raúl Arellano, un expolicía federal, dijo que los altos mandos de la Policía Federal en el aeropuerto de Ciudad de México recibían pagos, así como los encargados de las principales terminales aéreas, para mover narcóticos, dinero y armas del crimen. Israel Ávila, que llevó la contabilidad de los Beltrán Leyva, lo corroboró y sumó el nombre de Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad de Morelos, a la lista. Cabeza de Vaca fue absuelto de una investigación por narcotráfico en 2016”.
Es decir, la estrategia de administrar el “monopolio legítimo de la violencia de Estado” a favor de uno o varios grupos criminales generó una ola de podredumbre dentro de la administración pública, y no sólo la violencia. Eso tampoco se resolverá en el juicio porque varios de los mencionados han pasado previamente por tribunales mexicanos –con fama de corruptos– y fueron absueltos; es el caso de Cabeza de Vaca pero no sólo ese: a Humberto Moreira, mencionado en la trama estadounidense, se le absolvió el último día del sexenio 2006-2012.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que no intenta generar nuevas denuncias ni llevar a juicio a ninguno de los exmandatarios de México, y eso incluye a Felipe Calderón. En cambio, ha preferido exhibirlos públicamente con la premisa de que “pierdan su respetabilidad” después de las decisiones que tomaron. Esto obliga a razonar qué otros formatos existen para que exfuncionarios en particular y, en general, una administración pública, sean juzgados por participar en crímenes cometidos desde el Estado. Una fórmula aceptada en el mundo son las comisiones de la verdad, organismos de carácter oficial “encargados de descubrir y revelar irregularidades pasadas por parte de un Gobierno con la esperanza de resolver conflictos dejados por el pasado”, como plantea Onur Bakiner en “Comisiones de la Verdad: Memoria, Poder y Legitimidad”. (“Truth Commissions: Memory, Power, and Legitimacy”, University of Pennsylvania Press, 2016).
Algunos se preguntan por qué parece una “obsesión” que Felipe Calderón se mantenga tan firme en la memoria colectiva y sea mencionado de manera tan insistente en notas de prensa, artículos, debates públicos, foros o por el actual Gobierno, abiertamente antagónico al expresidente y exdirigente nacional del PAN. La respuesta está en la ausencia de un juicio y no sólo por el efecto que produciría en una sociedad que se le lleve ante la justicia, sino porque sanaría una herida abierta en México apenas empezó el siglo XXI. De allí el valor de una comisión de la verdad que “investigue un patrón de eventos que tuvieron lugar durante un periodo de tiempo; se involucre directa y ampliamente con la población afectada, recopilando información sobre sus experiencias; que sea un organismo temporal, con el objetivo de concluir con un informe final; y que oficialmente esté autorizada o apoderada por el Estado” para llevar a conclusiones.
De esa manera no dependerá de un Juez y de un jurado extranjeros que los mexicanos sintamos satisfechos nuestros deseos de justicia y reparación. No dependerá de que le den o no cadena perpetua a García Luna en Estados Unidos. Dependerá de lo que decida un cuerpo colegiado de mujeres y hombres comprometidos con la verdad. Quizás una comisión de esta naturaleza no sea prudente para el actual Gobierno, porque generará inevitablemente una turbulencia política cuando van cuatro años de la administración. Pero puede ser un tema de las elecciones presidenciales de 2024, es decir: se puede plantear desde ahora para que no sea una sorpresa en 2025, como ya nos pasó con el mismo Felipe Calderón, cuando, cuestionado por su legitimidad, inició de la nada una guerra que continúa y que lamentaremos generaciones de mexicanos.
También debo advertir que las comisiones de la verdad no han funcionado en México como sí trajeron justicia, por ejemplo, en Argentina. Ahora mismo está en ejercicio la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990; esperemos que funcione, por el bien de los mexicanos. Pero Vicente Fox creó otra para la “guerra sucia” que se fue al vacío.
Y es prudente decir que una comisión de la verdad es una alternativa, pero no sustituye la labor del Ministerio Público, que es una defensoría de los intereses ciudadanos, al menos en la teoría. Lo ideal es que la Fiscalía General de la República esté persiguiendo a todos los señalados por corrupción y no sólo estar a la espera, como parece evidenciarse, de que la Unidad de Inteligencia Financiera le pida que vaya por los activos de García Luna y sus socios en el extranjero. Lo ideal es que el Fiscal Alejandro Gertz Manero nos sorprenda con una gran investigación sobre la élite de políticos que llevaron a esta Nación a una guerra que no sucedió hace mucho tiempo y que sigue en curso.
Pero, bueno, una comisión de la verdad puede ser una buena idea, también. O una idea para tratar de acceder a la verdad y a la no repetición, como si los eventos de los que hablamos hubieran ocurrido hace un siglo. Algo es algo.
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