Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
Cada época tiene sus nuevos ricos. Y en el caso de México, con frecuencia, estos van íntimamente ligados al poder político. De ahí que sea de interés público explorar a quien hasta hace poco fue integrante del CEN del PRI, partido que dirige Alejandro Moreno, y busca desde 2023 quedarse con uno de los negocios más lucrativos en el país: un banco.
Se trata de Manuel Herrejón Suárez quien ocupó el cargo de secretario de Vinculación Empresarial del Comité Ejecutivo Nacional priísta y ahora es funcionario en Masari Casa de Bolsa.
El año pasado Herrejón Suárez solicitó ante la Vicepresidencia de Normatividad, de Aurora Cervantes y la Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero, de Aurora Torres, ambas pertenecientes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jesús de la Fuente, una serie de documentos con los que pretende avalar su participación accionaria en Masari Banco.
Tal como se ha difundido, a través de la dirección general de Masari, que encabeza Ernesto López Quezada, en mayo de 2023 la Casa de Bolsa solicitó a la CNBV autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple. Entre los documentos entregados al regulador para su análisis, estarían los de Manuel Herrejón pues pretende inyectar sumas millonarias al capital social de la empresa, una vez que cuente con el visto bueno de la CNBV.
La aportación económica, contabilizada en 130 millones de pesos, se daría a través de una firma propiedad al 99.9% de Herrejón Suárez, cuyo nombre, Canario Montgomery Burns, hace referencia a un capítulo de Los Simpson, y de un Fideicomiso firmado con Masari Casa de Bolsa en febrero de 2023.
Sin embargo, algo que llama la atención es que una buena parte de estos recursos habrían sido donados por su padre, Oscar Manuel Herrejón Caballero, acusado de presunta violación agravada y detenido en Italia por la Interpol el pasado 13 de junio, cuando éste se encontraba en la boda de su hijo, Manuel Herrejón Suárez.
En el sector financiero se preguntan cuál es el origen de los recursos de los Herrejón, cuestionamiento que sin duda amerita una investigación a fondo antes de que se les otorgue la licencia, pues sería inconcebible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que antes de irse le autorice una institución bancaria a un personaje cercanísimo a Alito Moreno. Sería un muy mal mensaje, sobre todo después de conocer los casos de Accendo, de Javier Reyes de la Campa; de Banco Ahorro Famsa, de Luis Gerardo Villarreal Rosales o Ficrea, de Rafael Olvera Amezcua, que defraudaron a miles de ahorradores.
Según fuentes cercanas al caso, esta situación ya la conoce Rogelio Ramírez de la O por lo que se espera que no se le dé luz verde para operar como banco a la Casa de Bolsa y mucho menos se permita la participación de Herrejón.
La lista de la vergüenza
Desde el año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Guadalupe Taddei, enfrenta una paradoja vergonzante.
Por un lado, debe mantenerse ecuánime en la defensa –ciudadana y de la elite intelectual– del sistema electoral construido en las últimas tres décadas ante su desmantelamiento inminente; por el otro lado, debe lidiar con los excesos en los que incurren los actores del propio sistema, pues eso motiva la andanada de críticas y descalificaciones propinadas por el lopezobradorismo para argumentar la insistencia en reformarlo.
Así, por un lado, los consejeros electorales intentan “cuidar la institución” y, aunque para hacerlo deberían erradicar lastres, se obstinan en la omisión para no darle la razón a quienes los cuestionan. Es un círculo vicioso que se refleja, por ejemplo, en los organismos públicos estatales electorales (Oples).
Ya en enero, la discrecionalidad indebida en el Ople de Campeche, derivó en la destitución de Lirio Suárez Améndola como consejera presidenta. El motivo fue que el INE identificó “la notoria negligencia, ineptitud o descuido” en el desempeño del cargo al haber realizado nombramientos indebidos.
En el medio electoral, la lista de presidentes de Oples con irregularidades que se proyectan para remoción es conocida como “la lista de la vergüenza”, y en esta figuran los consejeros presidentes de Coahuila, Colima y Oaxaca.
Sorprende la pasividad toda vez que uno de los expedientes del INE en lo que toca a Coahuila, es similar al de Campeche y peor. El presidente, Rodrigo Germán Paredes, no sólo incurrió en la designación de personal fuera de norma como lo hizo Lirio Suárez, sino que el episodio es un escándalo desde hace más de un año, cuando sus pares lo encararon y reclamaron el papel del director de “Proyectos Especiales”, David Piza. El puesto fue creado fuera de norma, con alto salario fuera de tabulador, en una auténtica usurpación de funciones en el manejo financiero del Instituto Electoral de Coahuila.
Además, hay otro expediente porque hubo despidos anómalos como el de los encargados de informática. Aunque Paredes lo niega, esos despidos –que aun siguen en proceso laboral– coincidieron con las fallas de la urna electrónica en las elecciones de 2023, lo que motivó una compra de emergencia de paquetes electorales a última hora, con el añadido de costos en vuelos privados para poder distribuir boletas ahí donde se confiaría todo al voto digital un día antes de los comicios.
Lo anterior es apenas uno de los muchos señalamientos que los propios consejeros han hecho a Paredes Lozano quien, sin embargo, goza del aletargado INE, donde la única que ha llamado a tomar cartas en el asunto es la consejera Dania Ravel que, en solitario, topa con el silencio cómplice de sus pares.
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