Redacción El Coahuilense
Por Gonzalo Villanueva Ibarra // CEDIL
La situación migratoria irregular supone varias complicaciones para las personas en movilidad. Principalmente se les dificulta acceder a servicios públicos y privados, lo que a menudo deriva en abusos y explotación laboral. Esto puede causar riesgos para la seguridad de las personas, así como crear una brecha ante la posibilidad de alcanzar el desarrollo integral en un país de acogida.
Las personas que emprenden su viaje de migración enfrentan una doble libertad negativa: restricciones impuestas por gobiernos mediante controles fronterizos y leyes migratorias restrictivas, y factores como la persecución política o la violencia que las obligan a huir de sus hogares.
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Ese contexto no sólo condiciona el fenómeno de la movilidad, sino que impulsa a las personas a desplazarse aun sin poseer los recursos o capacidades necesarias para ejercer su libertad de movimiento. Carecen, por ejemplo, de recursos financieros para el transporte o los costos de vida en el destino, así como de redes sociales que brinden apoyo en su nuevo lugar.
Categorías de movilidad humana
La gran cifra de personas que emprende su viaje hacia otro país lo hace como una medida precautoria, debido a que mantienen bajos niveles de libertad. A menudo viven en condiciones precarias y vulnerables, y migran por necesidad más que por deseo. Pueden ser desplazados internos o refugiados que huyen de la violencia o la persecución.
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Según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y agosto de 2024 se registró un aumento de 131.9% en personas en situación migratoria irregular en México respecto del mismo periodo de 2023, pasando de 398 mil 991 a 925 mil 85 casos. De estas, 58.4% ingresó por Tabasco. Las nacionalidades más comunes incluyen Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador y Colombia.
Aunque las categorías de movilidad humana se originan en contextos diversos, en muchos casos tienen raíces en problemas estructurales más amplios. Uno de esos factores clave es el neoliberalismo, que ha exacerbado problemas sociales como la pobreza y la desigualdad (violencia estructural), ha criminalizado la migración (violencia simbólica) y ha impulsado políticas restrictivas y militarizadas en las fronteras (violencia legal).
Aunque México suele proyectarse como un país que protege los derechos de sus migrantes, su trato hacia quienes transitan o buscan refugio en su territorio revela contradicciones profundas. Este contraste se agrava frente a las políticas migratorias de Estados Unidos, cuya dureza repercute directamente en la región.
La retórica de Trump
Durante su campaña presidencial de 2024 Donald Trump endureció su retórica y propuestas migratorias. Prometió deportaciones masivas, el uso del ejército para implementarlas, la eliminación de programas humanitarios y políticas de “tolerancia cero”.
De alguna manera, el voto en favor de Trump puede interpretarse como un referéndum contra la inmigración, una de las principales preocupaciones del electorado estadounidense. Sin embargo, no se puede negar que el vecino país del norte depende en gran medida de la mano de obra barata proporcionada por los trabajadores indocumentados.
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En muchos aspectos, una deportación masiva no es factible. Desde el punto de vista económico representaría un desastre para Estados Unidos, con consecuencias cercanas a una recesión económica.
De acuerdo con estudios de algunos grupos de expertos que investigan y analizan problemas políticos y socioeconómicos, como el American Action Forum, el costo de identificar, detener, trasladar, procesar, retener y finalmente expulsar a cada migrante sería de aproximadamente 24 mil 94 dólares más variaciones por inflación.
Aunque Trump afirma que hay 20 millones de migrantes indocumentados, los datos oficiales del gobierno indican 11 millones. Según este cálculo, el costo total ascendería a 481 mil millones de dólares. En 2024, el ICE (la oficina encargada de las deportaciones) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dispusieron de un presupuesto conjunto de casi 30 mil millones de dólares, lo que representa una diferencia de 451 mil millones respecto de la cifra necesaria para realizar los planes del próximo presidente. El origen de ese dinero adicional sigue siendo incierto.
Pese a lo irrealizable de estas medidas, su retórica deshumanizante sigue resonando en un electorado al que apela desde la emoción y el prejuicio, más que desde datos concretos.
¿Qué dice Claudia Sheinbaum?
Ante las amenazas de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el valor de las contribuciones de los mexicanos en Estados Unidos:
“Vamos a demostrarle con datos muy claros, con fuentes precisas, al gobierno de Estados Unidos (…) todo lo que aportan los mexicanos en Estados Unidos: lo que aportan al consumo, lo que aportan al trabajo, lo que aportan en impuestos; cómo realizan trabajos de primer orden, cómo contribuyen a la economía de Estados Unidos”.
Hasta el momento el cambio discursivo del gobierno mexicano, orientado hacia el reconocimiento de los derechos de las personas sin importar su estatus migratorio, no ha conseguido el impacto simbólico necesario para asegurar el respeto pleno de los derechos humanos de la población migrante.
La migración en México, un fenómeno de enorme complejidad, refleja las tensiones entre las promesas de inclusión y las barreras impuestas por la desigualdad y la violencia. Es urgente que las autoridades y la sociedad trabajen juntos en soluciones que prioricen los derechos humanos, promoviendo un enfoque que reconozca la dignidad de todas las personas en movilidad.
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